Durante los años noventa y comienzos de los 2000, la aviación comercial peruana vivía un momento complejo. La desaparición de empresas históricas como AeroPerú y Faucett Perú había dejado un vacío importante en el mercado aéreo nacional. En ese escenario emergió con fuerza Aero Continente, una empresa que en poco tiempo logró posicionarse como una de las aerolíneas más visibles del país.
La compañía ofrecía rutas nacionales e internacionales, contaba con una flota considerable y brindaba un servicio que muchos pasajeros recuerdan como eficiente y competitivo. Era, además, una empresa con identidad peruana en un sector estratégico como el transporte aéreo.
Sin embargo, la historia de la aerolínea quedó marcada por el destino judicial de su fundador, Fernando Zevallos Gonzáles, conocido como “Lunarejo”. Investigaciones del Ministerio Público y de agencias internacionales lo vincularon con actividades de narcotráfico. Finalmente, en 2005 fue condenado por delitos relacionados con ese delito, lo que precipitó la caída de la compañía.
Hasta ahí, la historia parecía seguir un curso judicial relativamente claro: si los propietarios estaban involucrados en actividades ilícitas, el Estado debía incautar los bienes y utilizarlos para garantizar reparaciones o proteger el patrimonio asociado al proceso.
Pero fue precisamente en ese punto donde comenzó otro problema, quizás más grave desde el punto de vista institucional.
Aero Continente llegó a tener una flota de 13 aviones, entre Boeing 737, Boeing 727 y Fokker F-28, aeronaves que en su momento representaban activos de enorme valor económico. Sin embargo, cuando las autoridades procedieron a incautarlas, descubrieron que muchas ya habían sido desmanteladas: motores, instrumentos y piezas clave habían desaparecido, dejando solo estructuras vacías.
Con el paso del tiempo, las aeronaves terminaron abandonadas en instalaciones vinculadas a la Fuerza Aérea en el Callao, deteriorándose lentamente hasta convertirse prácticamente en chatarra.
Aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo pudo ocurrir algo así?
Incluso si los directivos de la empresa estaban implicados en delitos graves, los activos de la compañía seguían siendo bienes valiosos. El Estado tenía la obligación de preservarlos, administrarlos o venderlos. Lo que no debía ocurrir —y sin embargo ocurrió— fue permitir su deterioro y desmantelamiento progresivo.
Este tipo de situaciones revela un problema recurrente en muchos países: la incapacidad del aparato público para gestionar adecuadamente bienes incautados. En teoría, instituciones como el programa de bienes incautados debían hacerse cargo de estos activos, protegerlos y darles un destino útil. En la práctica, la falta de decisiones, la burocracia y la desidia institucional terminaron destruyendo lo que en algún momento fue un patrimonio económico importante.
El caso también ha alimentado sospechas y debates en el país. Durante aquellos años, diversas voces señalaron que la desaparición de aerolíneas peruanas coincidió con la expansión regional de empresas extranjeras como LATAM Airlines (entonces conocida como LAN Chile). Aunque probar una relación directa es complejo, el resultado final fue evidente: el Perú perdió varias aerolíneas propias y el mercado quedó cada vez más dominado por compañías extranjeras.
Más allá de las teorías o interpretaciones, lo que sí está claro es que el Estado peruano dejó perder activos que pudieron tener otro destino. Los aviones pudieron venderse, utilizarse como parte de una nueva empresa pública o mixta, o incluso servir como base para reconstruir una aerolínea nacional.
Nada de eso ocurrió.
Hoy, lo que alguna vez fue una flota moderna termina simbolizando algo mucho más profundo: la incapacidad del Estado para proteger el patrimonio económico del país cuando este queda atrapado entre procesos judiciales, intereses políticos y negligencia administrativa.
El caso de Aero Continente deja una lección incómoda pero necesaria: combatir el delito es imprescindible, pero hacerlo no debería significar destruir o abandonar activos que pertenecen, en última instancia, al país.
Porque cuando la justicia llega tarde, o la administración pública falla, no solo se castiga a los culpables. También se pierde una oportunidad de desarrollo.
