El Gobierno Nacional presentó durante el más reciente Consejo de Ministros la hoja de ruta del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que alcanzará los $534,8 billones en pesos constantes, según cifras del Ministerio de Hacienda; confirmando que efectivamente no habrá un recorte al gasto y por el contrario se disparará una vez más.El monto representa un aumento de $23,8 billones frente al cierre estimado para 2025 y de acuerdo con el ministro Germán Ávila Plazas, el proyecto está en coherencia con el Marco Fiscal y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, y ya fue aprobado por los órganos técnicos de política fiscal, que también dieron luz verde a la suspensión de la regla fiscal.
Dicho funcionario destacó que el plan mantiene el esfuerzo por atender las obligaciones del Estado en materia de salud, educación, pensiones y deuda, pero reconoció que las transferencias obligatorias están dejando poco margen para nuevas prioridades, al tiempo que explicó que “estamos ante un presupuesto crecientemente inflexible, con un peso dominante de transferencias que el Gobierno no puede modificar”.
Funcionamiento se queda con gran parte
El rubro de funcionamiento sumará $353,4 billones en 2026, aunque en la presentación de las cifras habló de $364 billones, lo que representa el 66% del gasto total y un aumento del 13,2% frente al cierre proyectado para 2025. En otras palabras, dos de cada tres pesos estarán comprometidos en mantener el aparato estatal en marcha.Ese crecimiento obedece principalmente al aumento en las transferencias obligatorias, que alcanzarán los $273,9 billones en 2026. Dentro de estas, el Sistema General de Participaciones (SGP) pasará de $81,9 billones a $85,6 billones. Si se tiene en cuenta que para 2018, dicho monto era de $55,4 billones,
“Las transferencias del SGP son de cumplimiento legal obligatorio y no pueden ser modificadas por el Gobierno. Son parte de las restricciones estructurales del presupuesto”, subrayó Ávila.Concretamente, dentro de los gastos de funcionamiento, las transferencias corrientes recibirán $265,6 billones (75,1% del funcionamiento), los gastos de personal subirán a $65,2 billones, la adquisición de bienes y servicios queda en $18,3 billones y los intereses de la deuda interna y externa en $57,4 billones (16,2% del funcionamiento).Cabe recordar que las transferencias son el núcleo inflexible del gasto, ya que incluyen giros a pensiones, salud, educación, Fomag, y otras obligaciones derivadas del Sistema General de Participaciones (SGP). Estas erogaciones, definidas por normas constitucionales o sentencias, no pueden recortarse ni redistribuirse, lo que reduce considerablemente la capacidad de maniobra fiscal del Ejecutivo.
Después de las participaciones, el componente más pesado es el sistema pensional, que demandará $84,7 billones, seguido por el sector salud con $49,7 billones. También sobresale el gasto destinado al Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag), con $4,5 billones, y la categoría denominada como “resto”, que suma casi $27 billones.Después del pico observado en 2025, el servicio de la deuda pública disminuirá a $99,4 billones en 2026, lo que equivale al 18,6% del gasto total. Esta reducción de $13,2 billones se explica por menores vencimientos y cargas de interés, aunque la deuda sigue compitiendo directamente con otros usos del presupuesto.
Del total destinado al servicio de la deuda, $61,2 billones serán para deuda interna y $38,2 billones para deuda externa. Aunque se percibe como un alivio, el monto sigue siendo alto en términos históricos y evidencia los costos crecientes del endeudamiento acumulado en los últimos años.Entre tanto, la inversión pública llegará a $82 billones en 2026, un incremento de $5,4 billones frente al estimado de 2025 ($76,6 billones). En términos reales, esto representa un crecimiento del 7% y si bien la cifra indica una leve recuperación, la inversión se mantiene lejos de los niveles prepandemia, y representa apenas el 15,3% del presupuesto total, muy por debajo del gasto en funcionamiento y en deuda.
Basta con decir que la combinación de transferencias rígidas, intereses de deuda y gasto en funcionamiento deja claro que el PGN 2026 está fuertemente condicionado por obligaciones previas y mandatos legales. De los $534,8 billones proyectados, más del 80% ya está comprometido antes de entrar a discusión política o técnica.
