La crisis política en Francia, donde el primer ministro, François Bayrou, se somete este lunes a una moción de confianza, mantiene en vilo a las autoridades comunitarias y al Banco Central Europeo (BCE) por su posible impacto en la economía de la región. Los analistas dan por hecho que el gobierno galo caerá, al no lograr el respaldo ni de la Agrupación Nacional (de extrema derecha) ni de los Socialistas.
Esto obligaría al presidente Macron a tener que buscar un nuevo primer ministro que cuente con el apoyo del centro y sea capaz de pactar a la vez con los socialistas para saca adelante los Presupuestos de 2026. Las nuevas cuentas son esenciales para que el país pueda empezar a reconducir un déficit que se mantiene en el 5,8% y una deuda que se sitúa en el entorno del 114%, muy por encima en ambos casos de lo exigido por Bruselas.
Los expertos temen las consecuencias que un escenario tan incierto pueda tener desde el punto de vista crediticio, esto es, sobre la percepción que los mercados tienen de que Francia vaya a ser capaz de cumplir con sus obligaciones financieras, con el pago de su deuda. Si cae el Gobierno, a Emmanuel Macron le quedan pocas opciones. O bien nombra a un nuevo primer ministro —el quinto en cuatro años— encargado de formar otro ejecutivo, o convoca elecciones legislativas anticipadas, que serían las segundas en dos años.
Hasta ahora, el nombramiento de un nuevo primer ministro que se vea obligado a hacer concesiones sobre el presupuesto de 2026 «parece más probable que otra disolución del Parlamento, dada la posibilidad de otro bloqueo político provocado por la fuerte división entre partidos de extrema izquierda o de extrema derecha», sostienen desde la agencia de calificación europea Scope Ratings.
«Me preocupa que haya un reposicionamiento por parte del mercado financiero», reconoce a este diario Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano. La economista recuerda que durante la crisis de deuda de 2011-2012 hubo una distinción clara entre los países periféricos y los centrales, entre la denominación «desafortunada» de PIIGS (sigla formada con las iniciales en inglés de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España); y los estados centrales, con Alemania, Francia y los Países Bajos a la cabeza. Eso podría cambiar ahora.
Arnal incide en que Francia ha venido registrando de forma consistente déficit públicos primarios, es un caso de indisciplina presupuestaria clásico, mientras que en Italia ha ido logrando superávits primarios sólo interrumpidos durante la crisis de la Covid. Desde su punto de vista, el problema está en la capacidad limitada de las redes de seguridad fiscales que existen hoy día en la zona euro, sobre todo si se agrava la crisis fiscal en Francia. El Mecanismo de Estabilidad (MEDE) cuenta con 422.000 millones de euros de capacidad financiera disponible, «claramente insuficiente para cubrir las necesidades de financiación de Francia», señala.
Tampoco cabe plantearse escapar a la necesaria consolidación fiscal bajo la expectativa de que el BCE activará el Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI, por sus siglas en inglés), un instrumento que no fue concebido para suplir los esfuerzos en este ámbito de los Estados miembros. «Francia debe adoptar medidas fiscales no sólo por su futuro, sino también por el de la zona euro. Los mercados financieros distinguen claramente entre el riesgo soberano dentro y fuera de la eurozona, percibiendo la deuda francesa, italiana y española como activos con vulnerabilidades institucionales y macroeconómicas compartidas derivadas de la unión monetaria», añade Arnal.
«No creo que vaya a llegar la sangre al río aunque podamos tener momentos de tensión», sostiene a ‘La Información Económica’ Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia e investigador de Funcas. Al final, Francia es un país y una economía grande que, según Carbó, puede encontrar soluciones que otros estados no pudieron encontrar hace dos o 15 años, como Grecia. «Puede caer el gobierno de Bayrou, puede que haga alguna versión descafeinada de la propuesta de presupuesto, pueden encarecerse las primas de riesgo e, incluso, contagiar a España, pero no lo veo aún como un tema que vaya a hacer descarrilar el euro», asevera.
Para Francia es vital sacar adelante las cuentas del año que viene, algo complicado con la actual composición parlamentaria. Bayrou tendría que renunciar a parte de su plan de ajuste de 44.000 millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB. Este se ha acompañado de medidas severas como la congelación de las pensiones y de los salarios públicos, la reducción del empleo público, los recortes en gasto social y sanitario, la supresión de dos días festivos nacionales y una “contribución de solidaridad” sobre las rentas más altas.
El estancamiento político supone una traba para poder cumplir los compromisos de reducción del déficit. París pretende situarlo en el 5,4% este ejercicio y rebajarlo hasta el 4,6% en 2026, desde el 5,8% al que se disparó en 2024. El problema de ese ajuste es que Francia va a tener que hacerlo con un crecimiento económico muy débil. Pese a ello, François Rimeu, de la gestora Crédit Mutuel, no cree que el riesgo de recesión sea «especialmente alto».
Los indicadores adelantados han mejorado en los últimos tres meses y Francia también se está beneficiando de la caída de los precios de la energía. «La incertidumbre política probablemente tendrá un impacto negativo en la inversión y el consumo. Sin embargo, salvo que se den escenarios extremadamente negativos, como la dimisión del presidente, Francia debería ser capaz de evitar una recesión», añade el experto.
