El Gobierno deberá asumir un ajuste del 0,3% en su déficit para mitigar el mayor desvío previsto en el saldo de las CCAA y ayuntamientos en 2024. En concreto, las regiones cerrarán el año con un desequilibrio entre ingresos y gastos del 0,1%, en lugar del superávit del 0,2% pronosticado a finales del año pasado por la AIReF. Buena culpa de ese incremento del déficit autonómico proviene del peor comportamiento estimado para los ingresos por el efecto de las medidas fiscales acometidas por determinadas comunidades, que restaron 5.719 millones a los ingresos tributarios en 2022, según un informe de la Fundación Alternativas.
La pérdida de recaudación es desigual entre los diferentes territorios, el saldo positivo mostrado por Baleares -de 550 millones- contrasta con la merma que los ingresos fiscales sufrieron en la Comunidad de Madrid. Los recortes de impuestos acometidos restaron 6.255 millones de euros en 2022. “Madrid es la comunidad que, con gran diferencia, más ha reducido sus impuestos, perdiendo 928 euros por habitante, el 2,39% de su PIB, o el 26,1% de sus ingresos tributarios”, detalla el análisis. Madrid es una de las cinco CCAA que cerrarán el año en déficit, según el organismo presidido por Cristina Herrero, que prevé que la región registre un saldo negativo cercano al 0,5% en 2024. “Las nuevas medidas de ingresos adoptadas por la comunidad, y la incorporación de los ingresos del sistema de financiación para 2024 comunicados en diciembre, inferiores a los estimados en el informe anterior” harán -según la AIReF- que la comunidad presidida por Díaz Ayuso cierre el año con saldo ha resultado tres décimas peor que el estimado el pasado octubre.
Junto a ella, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Valenciana. Para evitarlo, Fedea y el Consejo General de Economistas proponen una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta para que si las CCAA rebajan los impuestos su impacto se traslade de forma inmediata a sus cuentas. Una medida -que según los expertos- sería especialmente efectiva en el caso del tramo autonómico del IRPF.
En este contexto, y a pesar de la pérdida de ingresos regionales, la Comisión Europea avaló el pasado miércoles la senda fiscal prevista por el Ejecutivo. Los cálculos de Bruselas coinciden con los de Moncloa, que vaticinan que el déficit público caerá al 3% este año. “Los ahorros derivados de la eliminación gradual de las medidas restantes para mitigar los precios de la energía (0,3 puntos porcentuales) contribuirán a la reducción del déficit”, apuntan los de Ursula von der Leyen. La AIReF coincide. La retirada del escudo anticrisis y la inercia de la recaudación, serán suficientes para contrarrestar el desequilibrio autonómico. Las cifras se contradicen -no obstante- con respecto a la estabilidad presupuestaria en 2025. La Comisión Europea estima un déficit al 2,8%, tres décimas superior al previsto por el Gobierno.
Aun así, Moncloa tiene margen de maniobra para corregir el rumbo. Los presupuestos para 2025 podrían incluir una batería de ajustes con las que fortalecer los compromisos fiscales. A ello, se suman posibles modificaciones tributarias que permitan apuntalar la recaudación. Sumar ya ha adelantado que tratará de incluir alzas de impuestos a las rentas altas.
Además, el Ejecutivo cuenta con otra vía: la reforma fiscal que España debe aprobar para disfrutar del quinto desembolso de los fondos europeos. Bruselas exige redirigir el sistema de responsabilidad fiscal dentro del listado de hitos. Sin embargo, Moncloa sigue despejando balones y no acometerá el texto hasta que el calendario comunitario no lo exija. La reforma podría incluir una modificación del mapa tributario para corregir la competencia fiscal que mantienen varias de las autonomías y que ha derivado en una pérdida de ingresos en 2023. “Entre una centralización completa y una competencia fiscal desaforada y malentendida hay un punto intermedio”, apunta Diego Martínez-López.
El catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide e investigador de Fedea apuesta por aprovechar para armonizar determinadas figuras como punto de equilibrio ante una “competencia fiscal sin límites”, afirma. No es el único cambio que podría integrar el futuro texto. Hacienda podría aprovechar para incluir un tipo mínimo a impuestos de recaudación autonómica. Es el caso de Sucesiones, bonificado al 100% en varias CCAA. “Podría tener sentido, para evitar la desaparición del impuesto”, afirma Ángel de la Fuente, director de Fedea. En cuanto a IVA y especiales, de la Fuente afirma que “puesto que la UE no permite tipos distintos dentro de un estado, el tipo autonómico tendría que ser el mismo en todas las comunidades y por tanto habría que establecer un mecanismo multilateral para fijarlo”, asegura.
