Cuando parecía que la incertidumbre provocada por la caótica política comercial de Donald Trump se había calmado, el Tribunal Supremo de EEUU acaba de dispararla de nuevo con una sentencia que declara ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente en este primer año de mandato. La decisión, que ha contado con el apoyo de 6 de los 9 jueces, abre la puerta a que las empresas pidan la devolución de todas las tasas pagadas este año.

En respuesta, Trump ha recurrido a la llamada ‘sección 122’ de la Ley de Comercio de 1974 para reemplazar los aranceles ‘a la carta’. De esta forma, el presidente impondrá un arancel del 10% a las importaciones de todo el planeta durante 150 días, los que permite la ley. En ese tiempo, ha anunciado, iniciará investigaciones a «países y empresas» usando otras dos leyes para imponer más aranceles, aunque de forma más específica y con un listón más alto para soportar un nuevo desafío judicial.

Este recorte supone una victoria para la gran mayoría de países del mundo, sobre los que el magnate había establecido tipos más altos. Así, las exportaciones de la UE pasan de estar gravadas del 15% al 10%, y las de China bajan del 45% al 10%. En total, The Budget Lab calcula que la tasa media que pagan los estadounidenses por las importaciones caerá del 16% al 9%, descontando las exenciones a ciertos productos o las importaciones de México y Canadá protegidas por el tratado comercial USMCA.

En una comparecencia muy furiosa, Trump ha atacado a la empresa que recurrió los aranceles -«unos sinvergüenzas pro-China»- y a los 6 jueces que han firmado la sentencia, acusándoles de ser «antipatriotas y desleales» e «influenciados por intereses extranjeros». «Me da vergüenza que [los tres jueces conservadores que han votado a favor] no hayan tenido la valentía de hacer lo que es correcto. Sus familias deberían estar avergonzadas de ellos», ha dicho, antes de agradecer repetidamente a uno de los que nombró él, Brett Kavanaugh, que votara en contra de la sentencia.

A continuación, el presidente ha repetido cuatro veces que «es ridículo que pueda aprobar un embargo para destruir a un país, pero que no pueda cobrarles una tasa», y se ha preguntado en reiteradas ocasiones por qué puede imponer licencias, pero no «cobrar una comisión por esa licencia. ¿Qué sentido tiene?». Y ha dicho que mantiene «apenas» la invitación a los seis jueces que han votado en contra de los aranceles a su discurso del Estado de la Unión. «Me importa un bledo si vienen», ha dicho.

El ‘Plan B’

Por lo que ha anunciado, ‘su plan B’ para recomponer su ofensiva comercial tendrá dos partes. Por un lado, el artículo 122 de la ley permite imponer aranceles a todo el mundo de hasta el 15% (al final han sido del 10%), similares a los que ha aplicado en sus ‘aranceles a la carta’, pero con un límite: solo se podrán aplicar durante 150 días, es decir, hasta el 20 de julio. Pasada esa fecha, necesitaría que el Congreso aprobara una prórroga, algo extraordinariamente improbable dado el rechazo mayoritario a los aranceles en ambas cámaras.

Pese a que los republicanos tienen mayoría en ambas, tanto la Cámara de Representantes como el Senado han votado a favor de varios proyectos demócratas para cancelar los aranceles, con el voto ‘tránsfuga’ de varios conservadores, que el propio presidente ha tachado de «malos republicanos» en su comparecencia. Y, con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, el coste por apoyar unos aranceles muy impopulares en las encuestas será aún mayor.

Más allá de ese punto, el presidente puede seguir aplicando la llamada ‘Sección 232’ de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esa ley es la que está aplicando para poner los aranceles a los distintos sectores, como los coches o el acero, pero no se puede aplicar a todas las importaciones provenientes de un país de forma indiscriminada, sino solo a productos concretos a nivel global. Una opción que impediría negociar de forma individual con los países, ya que tendría que aplicarse a todos por igual o a ninguno.

Respecto a los países, las investigaciones requieren demostrar que dichos gobiernos aplican leyes discriminatorias a EEUU que no aplican al resto del mundo, o que realizan actividades ilegales como robo de patentes o transmisión forzada de propiedad intelectual, unos listones mucho más altos y que prácticamente solo se podrían aplicar a China. El resultado podría ser una nueva avalancha de recursos judiciales.

Anulación retroactiva

La clave del conflicto estaba en la Ley de Poderes Económicos Internacionales para Emergencias (LPEIE), que permite «regular el comercio» con países extranjeros en caso de emergencia. En la sentencia, la mayoría considera que esa cláusula no incluye poderes para imponer aranceles, ya que la ley no especifica tal cosa.

La sentencia deja claro cuál es el quid de la cuestión: «El presidente afirma tener la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. La concesión de la LPEIE de autoridad para «regular… la importación» es insuficiente. La LPEIE no contiene ninguna referencia a aranceles. El Gobierno no señala ninguna ley en la que el Congreso haya utilizado la palabra «regular» para autorizar la imposición de impuestos. Y hasta ahora ningún Presidente ha interpretado la LPEIE para conferir tal facultad», afirma.

A continuación, los jueces insisten en que ni la lectura política ni las consecuencias les competen, y que la decisión es meramente jurídica: «No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es nuestro deber, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la LPEIE no autoriza al presidente a imponer aranceles».

Como consecuencia, reafirma la sentencia anterior del Tribunal de Apelaciones Federal. En aquella sentencia se afirmaba que «todas las órdenes ejecutivas» que imponían esos aranceles «son inválidas al ser contrarias a la ley». Por lo tanto, quedan todas anuladas con retroactividad.

Esta sentencia solo se aplica a los aranceles impuestos a países de forma general mediante esa ley. Así, no afecta a las tasas sectoriales, como al aluminio o a los coches, aprobados mediante otras leyes. Eso sí, esas tasas deben aplicarse de forma uniforme a todo el mundo, por lo que será imposible levantarlos mediante negociaciones individuales país a país, salvo que haya un acuerdo formal al estilo del USMCA con México y Canadá.

Aunque se venía esperando desde hace meses, ya que otros dos tribunales inferiores habían tumbado los aranceles por esos mismos motivos, la sentencia no deja de ser un duro golpe para Trump. Es su segunda gran derrota en el Alto Tribunal, después de que le prohibiera enviar tropas de la Guardia Nacional a los estados sin el consentimiento de los gobernadores de los mismos, un dictamen que limita su capacidad de inundar de policía militar los estados demócratas.

Avalancha de solicitudes de devolución

El problema al que se enfrenta ahora el Gobierno de EEUU es ver cómo devuelve los más de 150.000 millones de dólares que ha ingresado por este concepto durante el último año. Más de un millar de empresas se habían sumado a la demanda arancelaria para evitar que prescribieran los pagos y poder exigir el repago de los aranceles.

La sentencia no especifica nada sobre el posible proceso de devolución. El juez Kavanaugh, uno de los tres que ha votado en contra, sí que ha destacado que «devolver el dinero a las empresas será muy complejo y confuso», y ha recordado que gran parte de los costes de esos aranceles ya se han trasladado a los consumidores estadounidenses mediante subidas de precios, por lo que el pagador final (es decir, esos ciudadanos) no serán los que reciban la compensación, sino los intermediarios.

De todas formas, el proceso supondrá un doble golpe presupuestario. Por un lado, ampliará el déficit público, al borrar uno de los pocos mecanismos de recaudación adicional que los republicanos habían añadido a su «Gran y Bella Ley» de rebajas fiscales. El desajuste de las cuentas de 2025, así, se acercará a los 2 billones de dólares, aumentando la deuda pública de EEUU, que acaba de tocar el 100% de su PIB, más aún.

Además, esta sentencia también golpea dos de los objetivos de Trump en un año electoral. El magnate quería enviar cheques de 2.000 dólares a las familias de clase media para ‘compensar’ el dinero que han tenido que pagar de más en aranceles. Esos fondos se han evaporado. Y también había planteado disparar el gasto militar un 50%, de 1 billón a 1,5 billones de dólares, «en base al dinero de los aranceles». Más allá de que Trump pretenda usar el mismo dinero para cinco cosas distintas, el golpe presupuestario tendrá consecuencias justo cuando el Congreso sigue aplicando un ‘cierre parcial’ del Departamento de Seguridad Nacional y a una semana del discurso del Estado de la Unión.