PP, Vox y Junts han votado en contra del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha visto como su iniciativa estrella ha sido rechazada por el Congreso de los Diputados al prosperar las enmiendas de la oposición.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha encarado en solitario el debate parlamentario previo a la votación. Los escaños situados a su derecha e izquierda, habitualmente ocupados por el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero estaban vacíos. También todos los aleñados, solo el responsable de Justicia -que tenía que defender otro proyecto- ha ocupado su asiento mientras se sometía a examen este borrador. Al otro lado del hemiciclo, los ministros de Sumar, seguían todas las intervenciones.
Díaz se negó a tomar la palabra antes de que lo hicieran los tres partidos que van a materializar un veto a la reducción de jornada en el Congreso de los Diputados y después, en una réplica que ha durado algo más de cuarenta minutos se ha comprometido a recuperar el texto, sin fijarse nuevos plazos para que la ley sea debatida en el Parlamento o incluso, sea de aplicación para el conjunto de las empresas.
«Vamos a insistir y esta norma va a abrirse camino» ha advertido en clara alusión a Junts, grupo al que ha pedido que regrese al diálogo tras enseñar los papeles que contenían las ayudas a las pequeñas y medianas empresas que les han ofrecido en la negociación llevada a cabo en los últimos meses. La ministra de Trabajo ha acusado a Junts, PP y Vox de alinearse con los intereses empresariales y se ha revindicado como representante de los trabajadores en un debate propio de la lucha de clases.
El Ministerio de Trabajo quiere cambiar el Estatuto de los Trabajadores para establecer en 37,5 horas el límite a la jornada máxima que ahora se encuentra situado en 40 horas, endurecer las obligaciones de las empresas en materia de registro horario y elevar las sanciones que se les pueden poner por su incumplimiento. No obstante, se ha topado con el rechazo de Junts, PP y Vox, que advierten de las consecuencias económicas que tendría implementar una medida de estas características a través de una ley y no mediante la negociación colectiva.
«La precipitación se ha cargado cualquier posibilidad de acuerdo» ha confesado el diputado de Junts Josep María Cervera Pinart al defender la enmienda a la totalidad presentada por su grupo parlamentario contra esta ley. El portavoz ha reconocido que registraron este veto con el objetivo de abrir una nueva fase de negociación con Trabajo, pero que las conversaciones iniciadas en el mes de julio no han sido suficientes para revertir los factores que ponen en riesgo la viabilidad de miles de pequeñas y medianas empresas en Cataluña, ya que la estrategia de PP, VOX y UPN de forzar la votación para este miércoles ha impedido que avanzaran en septiembre.
