El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
El canciller de Cuba denunció que la larga ocupación de la base naval de EE.UU. en Guantánamo constituye una violación flagrante de la soberanía de la isla.
“Se cumplen 123 años de la formalización del tratado impuesto por el gobierno de EEUU, por el cual ese país usurpa 117.6 km² de la Bahía de Guantánamo, con una ilegal base naval”, declaró el lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.
Además, condenó el uso de la base naval estadounidense como “centro de torturas de cientos de prisioneros” y como lugar de “detención ilegal de migrantes bajo terribles condiciones de vida y fuera de la jurisdicción de las cortes de justicia”.
La base de Guantánamo volvió a la palestra a mediados de diciembre de 2025, cuando Washington envió el primer grupo de 22 migrantes cubanos a esa instalación militar, en cumplimiento de una orden emitida en enero de ese año por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para la creación de un centro de detención migratoria en dicha base con capacidad para unas 30 000 personas.
“Su presencia, en contra de la voluntad del pueblo y Gobierno de Cuba, y la no existencia de una cláusula de recisión, violan la soberanía e integridad territorial de nuestro país y el Derecho Internacional”, destacó Rodríguez.
Miles de cubanos en Guantánamo exigieron este miércoles la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de EE.UU. en esta provincia oriental.
Ubicada en el sureste de la isla caribeña, la base naval de Guantánamo constituye un territorio de la República de Cuba bajo ocupación del Gobierno de Estados Unidos. El origen de este enclave se remonta a la intervención militar estadounidense de 1898.
El tratado original, suscrito el 23 de febrero de 1903, derivó de la Enmienda Platt (aprobada previamente en 1901), en una época donde Cuba carecía de independencia. El establecimiento de la estación naval se formalizó mediante la firma de un tratado entre el primer presidente cubano, Tomás Estrada Palma, y la Administración estadounidense, bajo la figura de un arrendamiento por tiempo indefinido.
A pesar de que las interpretaciones legales sugieren que los contratos de naturaleza indefinida deberían concluir tras un periodo de 100 años, la ocupación estadounidense ha superado ese margen sin que se haya procedido al cierre de la instalación ni a la devolución del territorio.
