La crisis política que sacude Paraguay y coloca al presidente Santiago Peña al borde de la destitución constituye un nuevo episodio de inestabilidad en América Latina. La caída de Ueno Bank, las denuncias sobre presuntos conflictos de intereses, las investigaciones y la amenaza de un juicio político han terminado por colocar al mandatario en una situación extremadamente delicada. Su renuncia, que el Congreso no logró aceptar, y la decisión de continuar con el proceso político dejan al descubierto la profundidad de la crisis institucional paraguaya.
Pero lo que ocurre en Paraguay merece también una lectura que trascienda sus fronteras. América Latina está atravesando un momento de confrontación entre dos concepciones del poder: una que pretende imponer el autoritarismo, la concentración de decisiones y la subordinación de las instituciones a los intereses de determinados grupos políticos y económicos, y otra que reivindica la democracia, la soberanía nacional y el respeto a las reglas institucionales.
Durante los últimos años, Donald Trump se convirtió en el principal referente internacional de una corriente política que encontró en la confrontación, la intolerancia, el nacionalismo extremo y el desprecio por las instituciones democráticas sus principales instrumentos de movilización. Su influencia no se limitó a Estados Unidos. Por el contrario, estimuló y fortaleció a expresiones políticas similares en distintas regiones del mundo, particularmente en América Latina.
Bajo esa influencia, algunos liderazgos regionales parecieron encontrar una suerte de licencia para actuar sin considerar los límites que impone la democracia. La prepotencia se convirtió en una forma de comunicación política; la descalificación del adversario, en una herramienta cotidiana; y el desconocimiento de la soberanía de otros países, en una expresión de poder que pretendía convertir las relaciones internacionales en relaciones de subordinación.
Trump construyó una narrativa imperial en la que Estados Unidos debía recuperar su hegemonía incluso a costa de los intereses, la dignidad y las decisiones soberanas de otras naciones. Las amenazas, las presiones económicas y la utilización de la fuerza como instrumento de negociación fueron parte de esa concepción.
Sin embargo, ningún proyecto político puede sostenerse indefinidamente sobre la arrogancia, el abuso y la confrontación permanente. Los pueblos pueden expresar frustración, indignación y descontento, pero también terminan reaccionando cuando comprueban que sus instituciones son utilizadas para proteger intereses particulares y que sus gobernantes se consideran por encima de la ley.
Lo que sucede en Paraguay puede ser interpretado como una señal de ese desgaste, aunque sus causas inmediatas respondan a una crisis financiera, política e institucional propia. No sería correcto atribuir directamente al trumpismo la crisis paraguaya, pero sí observar cómo se debilitan algunos de los liderazgos que comparten una misma concepción autoritaria del ejercicio del poder.
El próximo capítulo de esta confrontación tendrá una expresión electoral particularmente importante en Estados Unidos. Las elecciones y el comportamiento del electorado serán una prueba para medir hasta dónde conserva su fuerza el movimiento político de Trump y cuánto ha avanzado el desgaste de su proyecto. Sus resultados tendrán repercusiones que irán mucho más allá de las fronteras estadounidenses.
América Latina debe observar con atención este proceso. En nuestro continente, donde las democracias todavía arrastran profundas debilidades institucionales, la expansión de corrientes autoritarias representa un peligro real. No podemos acostumbrarnos a que la prepotencia sustituya al diálogo, que la amenaza reemplace a la diplomacia o que el poder económico determine el destino de las instituciones.
Tampoco podemos aceptar que la defensa de la democracia dependa de quién ejerce el poder. Los principios democráticos deben ser los mismos para todos: respeto a la Constitución, independencia de poderes, transparencia, rendición de cuentas y soberanía de los pueblos.
La crisis paraguaya nos recuerda que ningún gobernante tiene asegurada su permanencia cuando pierde legitimidad y cuando las instituciones comienzan a exigirle explicaciones. Y también nos recuerda que la democracia no consiste únicamente en ganar elecciones, sino en gobernar respetando los derechos, las libertades y la dignidad de los ciudadanos.
Quizá estemos ingresando en una nueva etapa de la política internacional. Una etapa en la que los excesos del poder, la intolerancia y las pretensiones imperiales comiencen a encontrar mayores resistencias. Si ese proceso se confirma en Estados Unidos, sus consecuencias podrían extenderse a otras regiones y contribuir al debilitamiento de las expresiones extremistas que encontraron en Trump un referente y un padrinazgo político.
Es necesario estar atentos. No estamos frente a un problema exclusivo de Paraguay, ni de Estados Unidos. Estamos frente a una disputa mucho más profunda sobre el futuro de la democracia y el tipo de sociedad que queremos construir.
La prepotencia no puede convertirse en norma de gobierno, el abuso no puede ser una doctrina política y ningún país tiene derecho a decidir por los demás. Es hora de poner límites a quienes creen que el poder les concede el derecho de hacer cualquier cosa.
