El escenario político salvadoreño comenzó a definirse de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2027. Los dos partidos tradicionales del país, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), oficializaron este domingo a sus candidatos para disputar la presidencia frente al actual mandatario, Nayib Bukele, cuya popularidad sigue siendo ampliamente dominante.
Arena eligió como candidata a la exdiputada Mayteé Iraheta, mientras que el FMLN apostó por el dirigente sindical Rafael Aguirre. Ambos inician la contienda con escasas posibilidades de derrotar a Bukele, quien mantiene niveles de aprobación superiores al 80 %, impulsados por su política de seguridad contra las pandillas.
Bukele busca extender su gobierno hasta 2033
Hace dos semanas, el partido oficialista Nuevas Ideas proclamó a Bukele como su candidato presidencial para buscar un tercer mandato consecutivo, que prolongaría su permanencia en el poder hasta el año 2033.
La nueva postulación ha generado fuertes cuestionamientos dentro y fuera de El Salvador, debido a que la Constitución salvadoreña prohibía históricamente la reelección presidencial inmediata. Sin embargo, cambios impulsados durante su administración y decisiones de la Sala de lo Constitucional —integrada por magistrados afines al oficialismo— abrieron el camino para la reelección consecutiva y, posteriormente, para una reforma constitucional que permite la continuidad indefinida en el poder.
Para sus seguidores, estas modificaciones representan el respaldo democrático a un gobierno que ha reducido drásticamente la violencia y recuperado el control territorial frente a las pandillas. Para sus críticos, constituyen un grave retroceso institucional que concentra el poder en una sola figura política.
La oposición intenta reconstruirse
Durante la presentación de su candidatura, Mayteé Iraheta aseguró que buscará preservar los avances alcanzados en materia de seguridad, aunque planteó un modelo de desarrollo económico y social con mayores oportunidades para toda la población.
«Nuestro compromiso es ofrecer una alternativa distinta que garantice seguridad, pero también crecimiento para todos los salvadoreños», señaló la candidata de Arena.
Por su parte, Rafael Aguirre sostuvo que el país necesita recuperar el diálogo democrático y fortalecer las instituciones.
«El Salvador requiere un gran diálogo nacional que permita construir consensos y recuperar el equilibrio entre seguridad, democracia y derechos ciudadanos», afirmó el candidato del FMLN.
Del bipartidismo al dominio absoluto
La irrupción de Bukele transformó por completo el sistema político salvadoreño. En 2019 puso fin a casi tres décadas de alternancia entre Arena y el FMLN, obteniendo la presidencia con un amplio respaldo popular, especialmente entre jóvenes y sectores desencantados de los partidos tradicionales.
Desde entonces, el oficialismo ha consolidado un control prácticamente absoluto sobre la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, la Fiscalía General y otros organismos del Estado, fortaleciendo una estructura de poder que la oposición y diversos organismos internacionales consideran preocupante para la democracia.
Seguridad con respaldo ciudadano, pero bajo fuertes cuestionamientos
El principal activo político de Bukele continúa siendo la lucha contra las pandillas. Bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, el gobierno sostiene haber desarticulado las principales organizaciones criminales y convertido a El Salvador en uno de los países más seguros de América Latina.
No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado detenciones arbitrarias, restricciones a las garantías constitucionales, desapariciones forzadas, torturas y miles de encarcelamientos sin debido proceso. Algunas de estas organizaciones sostienen que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos podrían configurar crímenes de lesa humanidad, acusaciones que el gobierno salvadoreño rechaza.
Hasta la fecha, más de 92.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, muchas de ellas sin orden judicial, según datos oficiales.
Una elección con resultado aparentemente definido
A siete meses de los comicios, todas las encuestas ubican a Nayib Bukele como amplio favorito para mantenerse en la presidencia. Sin embargo, el verdadero debate trasciende el resultado electoral y se centra en el modelo político que está consolidándose en El Salvador: uno que para millones de ciudadanos representa estabilidad, seguridad y eficacia gubernamental, pero que para numerosos analistas y defensores de los derechos humanos evidencia un acelerado proceso de concentración del poder y debilitamiento de los contrapesos democráticos.
Las elecciones de 2027 serán, por ello, no solo una consulta sobre la continuidad de Bukele, sino también un referéndum sobre el rumbo institucional de la democracia salvadoreña.
