El 35% del territorio de Centro Habana podría quedar expuesto a inundaciones costeras recurrentes hacia 2050, con niveles de agua de hasta 80 centímetros durante eventos extremos, según un análisis presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La proyección se concentra en ese municipio de La Habana y no abarca a toda la capital cubana.
El estudio advierte que las inundaciones pueden tener consecuencias más graves para familias que ya viven con ingresos insuficientes, problemas de acceso al agua, viviendas deterioradas y dificultades para recuperar bienes o reparar daños después de un evento climático. La investigación analiza cómo la exposición a huracanes, penetraciones del mar, sequías e inundaciones se cruza con desigualdades sociales que afectan a niñas, niños y adolescentes.
Unicef respaldó dos investigaciones realizadas desde 2024 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba, y otras instituciones. Los trabajos abarcaron comunidades del litoral habanero, como Centro Habana, Guanabo y Santa Fe, además de La Coloma, en Pinar del Río, y Júcaro, en Ciego de Ávila.
El informe utiliza una adaptación local del Índice de Riesgo Climático de la Infancia, elaborado por Unicef. La herramienta evalúa la exposición a amenazas climáticas y las condiciones sociales que pueden limitar la respuesta de las comunidades.
En Centro Habana, las proyecciones recogidas por el estudio señalan que la frecuencia de las inundaciones costeras aumentó un 40% en los últimos cinco años. En Guanabo, el 87.5% de los hogares consultados informó afectaciones por inundaciones fluviales o costeras.
Los investigadores sostienen que una inundación no impacta de igual manera en todos los hogares. Las familias que habitan casas con filtraciones, falta de piso, techos incompletos o hacinamiento enfrentan mayores riesgos sanitarios y menos posibilidades de recuperación. En los asentamientos del sur del país incluidos en el relevamiento, 60 de los 70 hogares consultados, donde vivían 96 niñas, niños y adolescentes, indicaron que sus ingresos no eran suficientes para cubrir necesidades básicas de la infancia.
En La Coloma y Júcaro, todas las familias encuestadas reportaron daños en sus viviendas después de eventos extremos. El 35.1% vivía en casas con techos incompletos y el 25.2% en viviendas con pisos incompletos. Estas condiciones aumentan la exposición a humedad, filtraciones y altas temperaturas.
La publicación de Unicef señala que los menores de seis años forman parte de los grupos con mayor riesgo acumulado. Las interrupciones en el suministro de agua, la contaminación, el moho y la humedad en viviendas afectadas por inundaciones pueden favorecer infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas.
La intrusión salina también complica la disponibilidad de agua dulce en comunidades costeras del sur. Esa situación dificulta la higiene cotidiana y eleva las tareas domésticas, sobre todo en hogares con recursos limitados.
Las emergencias pueden alterar, además, la continuidad de los servicios educativos. Cuando una escuela o un círculo infantil se utiliza como centro de evacuación, se suspenden actividades que son parte del desarrollo cognitivo y socioemocional de niñas y niños. En áreas bajas de La Habana, el informe registra entre ocho y diez inundaciones anuales, una frecuencia que puede interrumpir las clases y afectar el acceso a servicios básicos.
El estudio identificó una situación particular entre adolescentes, especialmente mujeres de hogares monoparentales encabezados por mujeres. Durante y después de una emergencia, muchas asumen tareas de cuidado que pueden afectar su asistencia a la escuela y su participación comunitaria.
También se encuentran entre los grupos más expuestos los adolescentes fuera del sistema educativo, las personas con discapacidad o enfermedades crónicas y las familias con tenencia irregular de sus viviendas. En La Coloma, 22 adolescentes de entre 15 y 18 años estaban desvinculados de la enseñanza.
Unicef plantea que la adaptación al cambio climático requiere reforzar los sistemas de agua y saneamiento, mejorar la capacidad de respuesta de escuelas y servicios de salud, fortalecer la protección social e incluir a los adolescentes en la planificación territorial.
