La impostura, el engaño de occidente tiene su expresión más palpable en los crímenes que comete el régimen nacionalsionista contra el pueblo palestino, como también en el proceso de desestabilización contra El Líbano, Irak, la guerra contra Siria desde el año 2011, la agresión contra Yemen desde el año 2015 y la política de máxima presión contra la República Islámica de Irán, desde el momento mismo de su triunfo el año 1979.
Esto, ya sea en forma directa o con el apoyo de grupos extremistas nacidos al amparo del sostén económico, político, militar, logístico y de inteligencia de Estados Unidos, sus socios de la OTAN, la entidad nacionalsionista israelí y regímenes monárquicos como el de Arabia saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU)
En escritos que he publicado hace más de tres lustros (coincidente con el despertar islámico que signo el año 2011) esta hipocresía occidental y la utilización de entidades actuando como testaferros, punta de lanza de ese poder hegemónico, han sido parte de las ideas expresadas permanentemente en mis escritos referidos a Asia Occidental. En esa región, en medio de guerras, invasiones, agresiones militares, económicas, bloqueos, operaciones de falsa bandera, entre otras acciones se ha generado la mayor comedia en política exterior que conozca el mundo, con actores principales claramente distinguibles en Washington, Europa y con ella la OTAN, Japón, Australia, Corea del Sur, incluso países africanos como la monarquía marroquí, entre otros (1)
Efectivamente, en un marco de inestabilidad con millones de migrantes – sean estos legales o ilegales – y refugiados que gozan de un estatuto especial – enmarcado en la Convención Sobre el Estatuto de los refugiados – la situación en Asia occidental también suma a aquellos seres humanos que entran en la definición de desplazados internos y donde es fundamental no confundir migrantes con refugiados pues esto puede acarrear serias consecuencias para las personas que entran en la categoría de refugiados. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) en su informe sobre las migraciones del año 2024 señala que “existen aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, la cantidad de personas desplazadas ya sea por los conflictos, la violencia u otros motivos, ha aumentado alcanzando los niveles más elevados registrados en épocas recientes, con una cifra de 117 millones” (2)
Para la ACNUR “Mezclar los dos términos desvía la atención de las salvaguardas legales específicas que los refugiados requieren. Puede perjudicar el apoyo público hacia los refugiados y la institución del asilo en un momento en que más refugiados que nunca necesitan dicha protección” (3) La hipocresía también pasa por no dar a los términos su justa definición. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Refugiados – ACNUR – ha llamado a usar bien la terminología respecto al tema migrantes y refugiados Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución. Con frecuencia, su situación es tan peligrosa e intolerable que deben cruzar fronteras internacionales, para buscar seguridad en los países cercanos. Son reconocidos como tal, precisamente porque es muy peligroso para ellos volver su país y necesitan asilo en algún otro lugar. Para estas personas, la denegación del asilo tiene potencialmente consecuencias mortales.
El derecho internacional define y protege a los refugiados. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como otros instrumentos legales, tales como la Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África de 1969, o la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, continúan siendo la piedra angular de la moderna protección de los refugiados. Los principios legales que engloban han permeado innumerables leyes y costumbres internacionales, regionales y nacionales. La Convención de 1951 define quién es un refugiado y delimita los derechos básicos que los Estados deben garantizar a los refugiados. Uno de los principios fundamentales establecidos en el derecho internacional es que los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a situaciones en las que su vida y libertad están en peligro. Tal determinación no elimina los actos violatorios de millones de refugiados palestinos, por ejemplo, pero también aquellos sirios, afganos, yemeníes, iraquíes, que han debido abandonar su tierra ante el peligro vital.
A esos millones de refugiados producto de las guerras, hay que sumar muertos, heridos y destrucción de la infraestructura industrial, económica, sanitaria, educacional, vial de los países agredidos. Es en ese escenario, donde la violación del derecho internacional, la mudez, sordera y ceguera de los organismos que la humanidad se ha dotado, para llevar adelante procesos de un supuesto entendimiento en sus relaciones, expresa con mayor certeza la hipocresía de Washington y sus aliados contra aquellos países que han visto desangrar sus sociedades a manos de esas “democracias occidentales”.
Palestina hoy, tal como hace 76 años es un referente de la necesidad de generar acciones que termine con aquellas políticas genocidas por una parte y de generar el desplazamiento de millones de seres humanos como ha sido la práctica del régimen nacionalsionista israelí. La al Nakba del año 1948 que generó la expulsión de 800 mil palestinos de sus tierras ancestrales tras el nacimiento de la entidad israelí el 14 de mayo de ese 1948 no ha cesado en su práctica de desplazamiento, expulsión, impedir el retorno de los refugiados a sus hogares originales, como también generar una política de solución final al estilo de aquella política establecida por el régimen nacionalsocialista del Tercer Reich alemán.
Desde el 7 de octubre del 2023 cuando la resistencia palestina concretó la llamada Operación política militar Tormenta de Al-Aqsa, el régimen sionista invadió la Franja de Gaza desde el norte de este enclave comenzando una planificada operación de expulsión de la población gazatí hacia el sur de la Franja. Esta política militar, claramente violatoria del derecho internacional, de las leyes de la guerra y cuanta convención, acuerdos, tratados se hayan firmado para proteger a la población civil ha sido violado por el ente infanticida israelí. Sólo en la Franja de Gaza el desplazamiento de la población ha significado que desde el norte y centro del enclave hayan huido hasta la ciudad de Rafah –situada en el límite entre gaza y Egipto– 1.5 millones de palestinos. Generando una crisis humanitaria de proporciones considerada una de las más graves de las últimas décadas.
