Dos operaciones policiales internacionales ejecutadas entre mayo y octubre de 2025 expusieron el saqueo ambiental en Centroamérica y confirmaron lo que las autoridades venían advirtiendo: las redes criminales transnacionales ya no tratan la fauna y la madera como un negocio secundario.
La Operación Madre Tierra VII, coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2025 en nueve países latinoamericanos —seis de ellos centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá—, dejó 225 arrestos inmediatos y la identificación de cientos de sospechosos adicionales para seguimiento judicial.
Le siguieron el tráfico de fauna silvestre, con 138 incidentes; la pesca ilegal, con 26; la minería ilegal, con 23; y los delitos de contaminación, con 16.
La operación no solo cuantificó los crímenes: trazó su geografía. Las autoridades identificaron 15 casos transnacionales con rutas de distribución establecidas hacia Europa y Asia, lo que confirma que el istmo centroamericano opera como un corredor logístico integrado a mercados de consumo en otros continentes.
Entre los decomisos figuraron primates, aves, tortugas y grandes felinos vivos, junto con 2.4 toneladas de aletas de tiburón y raya, 875 kilogramos de totoaba —un pez en peligro crítico de extinción— y siete kilogramos de pepino de mar seco.
En Panamá, las autoridades rescataron crías de capibara que eran trasladadas de contrabando. En Costa Rica, interceptaron un ajolote (Ambystoma mexicanum), anfibio en peligro crítico.
La operación también expuso la sinergia entre distintas modalidades de crimen. En Panamá, la minería ilegal de oro no solo destruye cobertura forestal para acceder a los yacimientos, sino que contamina cuerpos de agua con mercurio y cianuro y sostiene su mano de obra mediante redes de trata de personas y explotación infantil.
Apenas tres meses después, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2025, Interpol y la Organización Mundial de Aduanas ejecutaron la Operación Thunder 2025 en 134 países.
El resultado fue el mayor volumen de decomisos registrado en la historia de estas operaciones conjuntas: casi 30,000 animales vivos incautados, 4,640 intervenciones en total y la identificación de aproximadamente 1,100 sospechosos.
El tráfico de vida silvestre afecta actualmente a más de 4,000 especies de plantas y animales en 162 países, según el Informe Mundial sobre Delitos contra la Vida Silvestre 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El organismo advirtió que, pese a dos décadas de acción coordinada, el comercio ilícito no se redujo de forma sustancial. Su valor global se estima en hasta USD 20,000 millones anuales, lo que lo posiciona como el cuarto mercado criminal más lucrativo del planeta, detrás únicamente del tráfico de estupefacientes, armas y personas.
Uno de los hallazgos de la Operación Thunder 2025 fue el aumento del tráfico de artrópodos. Casi 10,500 mariposas, arañas e insectos protegidos bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) fueron decomisados, lo que muestra que las organizaciones criminales están diversificando sus catálogos hacia especies de menor tamaño pero de alto valor en el mercado de coleccionistas internacionales.
La Operación Thunder 2025 también registró cifras récord en otras categorías: 5.8 toneladas de carne de animales silvestres incautadas a nivel global, más de 245 toneladas de especies marinas protegidas —incluidas miles de aletas de tiburón— y más de 32,000 metros cúbicos de madera talada ilegalmente.
El atractivo del negocio para las organizaciones criminales es estructural. En Costa Rica, el fiscal ambiental adjunto José Pablo González advirtió en junio de 2026 que el tráfico de vida silvestre dejó de ser un fenómeno de coleccionismo aislado para adoptar estructuras propias del crimen organizado: cazadores, transportistas y comerciantes operan con roles diferenciados, replicando la cadena del narcotráfico.
El fiscal coordinador costarricense Luis Diego Hernández señaló ante Teletica, canal costarricense, que los grupos criminales encontraron en los recursos naturales una nueva fuente de ingresos y que el uso de tecnologías digitales y criptomonedas dificulta la trazabilidad de las operaciones.
La asimetría del riesgo es el motor del fenómeno: el tráfico ambiental genera ganancias comparables al trasiego de estupefacientes, pero conlleva penas de cárcel menores.
En Costa Rica, los delitos contra la vida silvestre no superan los cuatro años de prisión, lo que impide catalogarlos como crimen organizado y aplicar medidas cautelares graves.
El Ministerio Público impulsa una propuesta para consolidar 205 infracciones ambientales dispersas en múltiples leyes, elevar las penas y crear nuevos tipos penales que permitan usar las herramientas de persecución del crimen organizado.
Comercializan especies amenazadas en los mercados de Rivas, León y Granada con absoluta impunidad. La legislación nicaragüense prohíbe la recolección de huevos de tortuga desde 2005, pero la norma no se aplica en zonas urbanas.
Ante este panorama, la respuesta tecnológica más innovadora proviene de la organización Paso Pacífico y su proyecto InvestEGGators: huevos falsos de tortuga marina impresos en 3D, con peso y textura idénticos a los reales, que ocultan transmisores GPS-GSM en su interior.
Al introducirlos en nidos reales en las costas de Nicaragua y Costa Rica, científicos y autoridades rastrean digitalmente el recorrido de los contrabandistas desde la playa hasta los puntos de venta en cantinas y restaurantes urbanos.
