El pasado 20 de mayo, el estudio jurídico Castañeda & Menacho se apartó de la defensa de la presidenta Dina Boluarte en las investigaciones que se le siguen por presuntos actos de corrupción. La decisión se anunció luego de que su principal socio, el abogado Mateo Castañeda Segovia, fuera involucrado en Los Waykis en la Sombra, una organización criminal dedicada a designar prefectos y subprefectos.

Antes de conocerse el caso, la elección de la mandataria ya había generado críticas debido al historial de los defendidos de dicho estudio. Entre ellos destacan, por ejemplo, el empresario Antonio Camayo Valverde, investigado en la trama de los Cuellos Blancos, y el congresista José Luna Gálvez, en el caso Odebrecht y OAS.

El reemplazo de Castañeda Segovia —Juan Carlos Portugal Sánchez, del Estudio Portugal Sánchez & Abogados Asociados— también tiene, entre sus clientes, a personajes de la esfera política conocidos por sus antecedentes fiscales y judiciales.

El excongresista Freddy Díaz Monago, investigado por violación, la abogada Giulliana Loza Ávalos, comprendida en el caso Cócteles, y el exministro de Justicia Félix Chero Medina, involucrado en la carpeta La Fiscal y su Cúpula de Poder, son algunos ejemplos.

En este contexto, OjoPúblico revisó documentos fiscales, audiencias y diversa información pública para conocer qué estudios legales representan a exaltos funcionarios, actuales servidores públicos y otros investigados en seis casos emblemáticos: Lava Jato, Cuellos Blancos, La Fiscal y su Cúpula de Poder, Los Waykis en la Sombra, Inteligencia Criminal en la Sombra y la indagación por enriquecimiento ilícito contra la presidenta.

Así, detectó que, cinco de los 14 estudios con clientes involucrados en estas carpetas fiscales, también tienen a abogados de su propio staff investigados por corrupción y lavado de activos.

CINCO FIRMAS QUE EJERCEN DEFENSAS EN LOS PRINCIPALES CASOS DE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS TIENEN ABOGADOS CON INVESTIGACIONES FISCALES”.

Se trata de Humberto Abanto Verástegui, del estudio Abanto Abogados, investigado por favorecer a Odebrecht con laudos arbitrales, entre 2012 y 2013, y por lavado de activos.

A este se suman el Estudio Loza Avalos, con Giulliana Loza Ávalos implicada en el caso Cócteles; y el Estudio Castañeda & Menacho, con uno de sus fundadores —el exabogado de la presidenta, Mateo Castañeda Segovia— investigado en la organización criminal presuntamente liderada por el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte Zegarra.

Otro de estos estudios es Hauyón & Huayón. En este caso, uno de sus fundadores —José Luis Huayón Dall’Orto— fue incluido en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. La lista se completa con JMN Abogados, que tiene como socio principal al abogado Jefferson Moreno Nieves, también involucrado en la estructura criminal al interior del Ministerio Público.

Los otros nueve estudios que tienen defendidos en grandes casos de corrupción y lavado de activos, pero no personal implicado son: Portugal Sánchez & Abogados Asociados, Peña & Abogados, Salas Beteta Abogados, Vilcatoma & Asociados, Sousa & Nakazaki, Candela Jara & Abogados Asociados, Estudio Bramont – Arias Torres, AQL Asesoría Legal y Defensa Procesal y Servigón & Ganoza Abogados.

El exfiscal supremo provisional Víctor Cuba Villanueva señala que este tipo de investigados suele recurrir a abogados con posiciones influyentes en el sistema de justicia y otras esferas del poder. “Para salir bien librados de las imputaciones que se les formula, buscan el asesoramiento de abogados que tengan influencia de todo tipo: político, institucional, y que conozcan a los operadores del sistema de administración de justicia”, dice.

INVESTIGADO. Mateo Castañeda Segovia, exabogado de la presidenta, ha sido implicado en la organización criminal Los Waykis en la Sombra, presuntamente liderada por Nicanor Boluarte.

Castañeda & Menacho y Abanto Abogados

Entre los 14 estudios jurídicos que patrocinan a implicados en los casos Lava Jato, Cuellos Blancos, La Fiscal y su Cúpula de Poder, Los Waykis en la Sombra, Inteligencia Criminal en la Sombra y en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la presidenta, destacan Castañeda & Menacho y Abanto Abogados.

Estas firmas, además de contar con la mayor cantidad de clientes en dichos procesos, tienen a integrantes de su staff implicados en investigaciones fiscales.

Por ejemplo, el estudio Abanto Abogados tiene como socio fundador al abogado Humberto Abanto Verástegui. Este es investigado por favorecer a la empresa Odebrecht en tres laudos arbitrales, así como por el presunto delito de lavado de activos.

El mismo abogado ejerce la defensa del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Nuñez, en el caso por cohecho activo genérico, debido a la entrega de relojes y joyas a la presidenta Dina Boluarte.

HUMBERTO ABANTO ES INVESTIGADO POR FAVORECER CON TRES ARBITRAJES A LA EMPRESA ODEBRECHT, ENTRE 2012 Y 2013″.

Su estudio también representa a Jorge Yoshiyama Tanaka, Pier Figari Mendoza y Ana Herz Garfias. Los tres han sido señalados por la Fiscalía como integrantes de la cúpula de Fuerza Popular, en el caso Cócteles.

Además, Humberto Abanto Verástegui es defensor de la congresista Patricia Chirinos Venegas en la investigación que se le sigue por sus vínculos con la organización criminal La Fiscal y su Cúpula de Poder.

También representa a Martín Gonzáles Sánchez, alias Conejo. Este coronel PNP, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, es el líder de una presunta red ilícita analizada en el caso La Inteligencia Criminal en la Sombra.

El historial del Estudio Abanto Abogados incluye, por último, a tres clientes emblemáticos del caso Cuellos Blancos: Guido Aguila Grados y Julio Gutiérrez Pebe, exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y Antonio Camayo, uno de los empresarios cercanos al exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

DESTITUIDOS. Humberto Abanto ha sido abogado de los exconsejeros del CNM Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila Grados. Ambos fueron destituidos por el caso Cuellos Blancos.

El Estudio Castañeda & Menacho —la otra firma legal con gran presencia en indagaciones por corrupción y lavado de activos— tiene como socio principal al exfiscal de crimen organizado Mateo Castañeda Segovia. Este fue implicado en el caso Los Waykis en la Sombra. De acuerdo a la investigación fiscal, buscaba neutralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte y la presidenta.

Desde fines de marzo hasta el pasado 20 de mayo, el estudio patrocinó a la mandataria Dina Boluarte en las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, por la desactivación del equipo policial que apoya al Eficoop y por los muertos y heridos en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.

Esta firma también ejerce la defensa de José Luna Gálvez. El congresista y fundador de Podemos Perú es investigado por recibir dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña electoral de Luis Castañeda Lossio, de 2014.

En el caso Cuellos Blancos, el estudio representó al empresario Antonio Camayo, por medio de los abogados Mateo Castañeda Segovia y Eduardo Barriga Bernal. Actualmente, patrocina al abogado José Luis Hauyón Dall’Orto, investigado en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.

HISTORIAL. El estudio Castañeda & Menacho ejerce la defensa del congresista José Luna Gálvez y del abogado José Luis Hauyón.

Estudio Loza Ávalos, Huayón & Hauyón y JMN Abogados

Los otros tres estudios que representan a implicados en casos de corrupción y lavado de activos y, además, tienen a sus propios abogados investigados son Loza Ávalos, Hauyón & Hauyón y JMN Abogados.

El estudio Loza Ávalos patrocina a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, en el caso Cócteles, por medio de la abogada Giulliana Loza Ávalos. El inicio del juicio oral por este tema está previsto para julio.

Loza Ávalos es investigada por obstrucción a la justicia. La Fiscalía sostiene que ella, junto a otros abogados, manipularon la versión de testigos que habían afirmado ser falsos aportantes en las campañas políticas de Fuerza Popular. Su abogado en este proceso es Juan Carlos Portugal. Es decir, el actual defensor de la presidenta.

En los últimos meses, el estudio también asumió la defensa del congresista fujimorista César Revilla Villanueva. La Fiscalía investiga al parlamentario por la negociación de presuntos favores con los exasesores de Patricia Benavides Vargas, a cambio del archivo de una investigación en su contra.

GIULLIANA LOZA ES ABOGADA DE KEIKO FUJIMORI EN EL CASO CÓCTELES Y DEL CONGRESISTA CÉSAR REVILLA EN LA TRAMA LA FISCAL Y SU CÚPULA DE PODER”.

El estudio Hauyón & Hauyón, mientras tanto, fue fundado por José Luis Hauyón Dall’Orto. Este es investigado como presunto miembro de la organización criminal que lideraba Patricia Benavides Vargas. Se le imputa, entre otros hechos, haber coordinado con un exintegrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el nombramiento de Benavides Vargas.

La firma patrocina a la exjueza Enma Benavides Vargas, es decir la hermana de la destituida fiscal de la nación, en el caso que se le sigue por recibir presuntas coimas de narcotraficantes. Los abogados a cargo de su defensa son Bryan Werner Kabsther Berríos y Marcos Fred Borbor Ríos.

En el historial de defendidos del estudio Hauyón & Hauyón también sobresalen la excongresista Luciana León, el exalcalde Luis Castañeda Lossio, y Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana.

Por último, JMN Abogados tiene como socio principal a Jefferson Moreno Nieves. Este es investigado en la carpeta La Fiscal y su Cúpula de Poder. En conversación con OjoPúblico, su abogado, César Nakasaki Servigón, confirmó la información, pero se negó a dar detalles sobre los presuntos delitos comprendidos.

VÍNCULOS. El exabogado de Patricia Benavides, Jefferson Moreno, junto al fiscal Uriel Terán en un evento de la Escuela del Ministerio Público, en noviembre de 2023.

Foto: Facebook de Jefferson Moreno

Entre los exfuncionarios que defendió Moreno Nieves destacan la exprimera dama Nadine Heredia, en el caso Lava Jato, y la exfiscal de la nación Patricia Benavides Vargas, en sus primeras investigaciones en la JNJ.

Otro de los integrantes del estudio, Emerson Campos Maldonado, fue abogado de la presidenta Dina Boluarte por el caso de las protestas, según la declaración de un testigo protegido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop).

“En el Perú, el abogado puede hacer lo que le da la gana; sobre todo, el abogado penalista. En su trabajo diario, el abogado penalista practica la corrupción en su relación con la Policía. Todo se compra, todo se vende. Es un problema complejo”, dice el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado Paredes, sobre casos en los que el abogado termina involucrado en actos delictivos.

Las otras firmas detrás de casos emblemáticos

Otros nueve estudios legales ejercen la defensa de altos funcionarios y exfuncionarios en seis casos de corrupción y lavado de activos emblemáticos. A diferencia de los cinco primeros, no se conocen procesos contra su staff.

Se trata de las firmas Portugal Sánchez & Abogados Asociados, Peña & Abogados, Salas Beteta Abogados, Vilcatoma & Asociados, Sousa & Nakazaki, Candela Jara & Abogados Asociados, Estudio Bramont – Arias Torres, AQL Asesoría Legal y Defensa Procesal y Servigón & Ganoza Abogados.

El primero acaba de asumir la defensa de la presidenta Dina Boluarte en las investigaciones por enriquecimiento ilícito y por la desactivación del equipo policial que apoyaba al Eficoop.

El fundador y gerente general de este estudio, Juan Carlos Portugal Sánchez, cuenta, en su listado de defendidos, al sentenciado por feminicidio Adriano Pozo Arias. También fue abogado de Nadine Heredia en el caso Lava Jato.

Actualmente, tiene entre sus clientes al excongresista Freddy Díaz Monago, investigado por presunta violación a una de sus trabajadoras, y a la abogada Giulliana Loza Ávalos, incluida en el caso Cócteles.

CERCANOS. Juan Carlos Portugal, nuevo abogado de la presidenta, también ejerce la defensa de su colega Giulliana Loza.

Foto: Facebook de Juan Carlos Portugal

Su estudio jurídico también patrocina a Félix Chero Medina, exministro de Justicia durante el gobierno de Petro Castillo. La Fiscalía investiga a este último por sus presuntas negociaciones con Henry Ávila Herrera, exmagistrado de la JNJ, para favorecer a Patricia Benavides Vargas en su nombramiento como fiscal de la nación.

Entre los estudios con clientes en casos emblemáticos de corrupción y lavado de activos también destaca el estudio Peña & Abogados. La firma ha asumido la defensa de Patricia Benavides Vargas en sus procesos penales, por medio de los abogados Juan Peña Flores y Juan Peña Aguilar.

En 2019, este estudio defendió al exfiscal de la nación Pedro Chávarry, en una denuncia que interpuso por el presunto delito de abuso de autoridad contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Domingo Pérez. Asimismo, Peña Flores fue abogado de la excanciller Elizabeth Astete en el caso Vacunagate.

AMIGOS. En esta foto se aprecia a Jefferson Moreno, exabogado de Patricia Benavides; Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta; y Julio Eucástegui, exabogado de Jaime Villanueva.

Foto: Facebook Juan Carlos Portugal

Otra firma presente en los grandes casos de corrupción es Salas Beteta Abogados. Esta asumió la defensa del partido político Fuerza Popular en el marco de la investigación por el caso Cócteles.

Actualmente, es parte del equipo de abogados de la exfiscal de la nación Patricia Benavides Vargas. Dicha tarea está a cargo de Christian Salas Beteta, exprocurador anticorrupción que forma parte del estudio, y del abogado Felipe Salas Zegarra.

En la lista también se encuentra el estudio Vilcatoma & Asociados, de la excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma de la Cruz. La abogada ha asumido la defensa de los congresistas Luis y María Cordero Jon Tay en el marco del caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. También ha sido defensora de Antauro Humala.

Otra firma emblemática es Sousa & Nakazaki, que tiene como socio fundador a César Nakasaki Servigón. El abogado ha defendido a diversos expresidentes, entre ellos Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

JUAN PEÑA, ABOGADO DE LA EXFISCAL DE LA NACIÓN PATRICIA BENAVIDES, HA EJERCIDO LA DEFENSA DEL EXFISCAL SUPREMO PEDRO CHÁVARRY”.

En la actualidad, Nakasaki Servigón representa a Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht. Y es el abogado de Edwin Oviedo, involucrado en presuntas negociaciones ilícitas con jueces y fiscales del caso Cuellos Blancos. Entre sus defendidos están, además, el abogado Jefferson Moreno Nieves y el empresario Camilo Peirano Blondet, implicados en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.

El estudio Candela Jara & Abogados Asociados, en tanto, tiene como director a César Ángel Candela Jara. Dicho abogado fue militante aprista entre 2008 y 2021, según el portal Infogob. En su staff sobresalen el exministro del Interior José Élice Navarro, y la exprocuradora del caso Lava Jato, Katherine Ampuero Meza.

Esta última ejerce la defensa del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, en la investigación que se le sigue por la suspensión del fiscal Rafael Vela Barba, comprendido en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.

EXPROCURADOR. El abogado Christian Salas Beteta, exprocurador anticorrupción, es abogado del partido Fuerza Popular en el caso Cócteles.

Foto: Facebook de Christian Salas Beteta

En paralelo, el Estudio Bramont – Arias Torres, dirigido por Luis Bramont Arias Torres, representa al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, en la investigación La Fiscal y su Cúpula de Poder. El 15 de abril pasado, el Congreso autorizó el pago de S/70.000 para financiar sus honorarios, de acuerdo al portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Bramont Arias Torres tiene en su historial la defensa de Jorge Barata. En 2017, el diario Correo informó que su estudio se encontraba en el listado de firmas que habían asesorado a Odebrecht.

Entre los estudios también destaca AQL Asesoría Legal y Defensa Procesal, fundado por el abogado Aníbal Quiroga León. La firma ejerció la defensa de Patricia Benavides Vargas en su demanda competencial contra la JNJ. Ahora, Quiroga León es abogado del congresista José William Zapata, en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.

LA EXPROCURADORA KATHERINE AMPUERO ES ACTUALMENTE ABOGADA DEL JEFE DE LA ANC DEL MINISTERIO PÚBLICO, JUAN FERNÁNDEZ JERÍ”.

Por último, la firma Servigón & Ganoza Abogados tiene, como uno de sus clientes, al coronel PNP José Luis Alarcón Camacho, investigado en el caso La Inteligencia Criminal en la Sombra.

El socio principal de la firma, Juan Miguel Servigón Nakano, fue abogado de Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y líder de Los Cuellos Blancos del Puerto.

OjoPúblico se comunicó con los estudios jurídicos mencionados. Los abogados Juan Carlos Portugal Sánchez (Estudio Portugal Sánchez & Abogados Asociados), César Nakasaki Servigón (Sousa & Nakazaki), Katherine Ampuero Meza (Candela Jara & Abogados Asociados), Juan Peña Flores (Peña & Abogados) y Juan Servigón Nakano (Servigón & Ganoza Abogados) confirmaron la información detallada sobre sus clientes.

Otras seis firmas (Estudio Loza Ávalos, Hauyón & Hauyón, Castañeda & Menacho, Bramont – Arias Torres, Abanto Abogados y Salas Beteta Abogados) indicaron que devolverían la llamada. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no volvieron a atender. Las tres restantes no respondieron.