Tercea parte | El Perú necesita una revolución en la manera de entender, promover y desarrollar a las micro y pequeñas empresas. Menos persecución, menos burocracia y más crédito, tecnología, mercados y oportunidades para producir.
Por: Manuel Cotillo – Mudo Social
Hay momentos en que un país necesita detenerse y revisar sus propias ideas. No basta con administrar las instituciones, aplicar las normas existentes o repetir las fórmulas económicas que se vienen utilizando desde hace décadas. Cuando la realidad cambia y las respuestas del Estado siguen siendo las mismas, es el momento de revisar el rumbo.
Eso es precisamente lo que necesitamos hacer en el Perú respecto de las micro y pequeñas empresas.
En nuestros dos artículos anteriores hemos planteado una discusión sobre el crédito fiscal, la simplificación tributaria, la automatización de la recaudación y la necesidad de construir un sistema de protección social compatible con la realidad económica de las MYPE.
Ahora debemos ir más lejos.
Lo que está en discusión no es solamente una reforma tributaria o laboral. Es la mentalidad con la que el Estado concibe a millones de peruanos que todos los días abren sus negocios, compran mercadería, fabrican productos, ofrecen servicios, contratan trabajadores, buscan clientes y luchan por mantener sus empresas en funcionamiento.
¿Son estos empresarios una carga para el Estado? ¿Son potenciales evasores a los que hay que vigilar permanentemente? ¿Son unidades económicas de segunda categoría a las que se les puede exigir las mismas estructuras administrativas que a las grandes corporaciones?
Nuestra respuesta es categórica: no.
Las MYPE representan una de las mayores fuerzas económicas y sociales del país. Son protagonistas de la generación de empleo, la producción, el comercio y la circulación de riqueza. Sin embargo, continúan enfrentándose a un Estado que no termina de comprender sus necesidades y que, con demasiada frecuencia, confunde fiscalizar con promover el desarrollo.
El Perú necesita cambiar esa mirada. Y necesita hacerlo ahora.
1. EL ESTADO ESTÁ MIRANDO A LAS MYPE DESDE EL LADO EQUIVOCADO
Hay algo profundamente equivocado en la manera en que se ha construido la relación entre el Estado y los pequeños empresarios.
Mientras el empresario está pensando cómo conseguir capital para comprar mercadería, cómo pagar a sus trabajadores, cómo conseguir nuevos clientes y cómo evitar que su negocio cierre, las instituciones públicas suelen aparecer para exigirle declaraciones, registros, comprobantes, libros, pagos, inspecciones y procedimientos que consumen tiempo y dinero.
No estamos cuestionando la necesidad de que existan obligaciones tributarias, laborales y administrativas. Un país necesita reglas, necesita recaudar y necesita proteger a sus trabajadores.
Lo que cuestionamos es que esas obligaciones se hayan convertido, para miles de pequeños negocios, en una estructura tan compleja que termina compitiendo con el propio capital de trabajo de las empresas.
El empresario de una ferretería industrial debería estar buscando nuevos proveedores, ampliando su inventario y atendiendo a las empresas que necesitan sus productos.
El dueño de un taller metalmecánico debería estar preocupado por conseguir contratos, mejorar sus máquinas y aumentar su capacidad de producción.
El propietario de una pequeña fábrica debería estar pensando en cómo producir más, mejorar la calidad y llegar a nuevos mercados.
Pero muchos terminan dedicando una parte desproporcionada de sus esfuerzos a resolver problemas administrativos, tributarios y laborales.
Esta situación tiene consecuencias económicas concretas: menos inversión, menor productividad, dificultades para contratar y una enorme resistencia a ingresar a la formalidad.
El Estado debe preguntarse si está ayudando a que estas empresas crezcan o si, sin proponérselo, está contribuyendo a que permanezcan pequeñas, vulnerables y expuestas a desaparecer.
2. LA MENTALIDAD PERSECUTORIA ES UNA MALA POLÍTICA ECONÓMICA
Nos preocupa particularmente la manera en que algunos mensajes y decisiones institucionales son recibidos por los pequeños empresarios.
La SUNAT tiene una responsabilidad fundamental: combatir la evasión, recuperar los impuestos que corresponden al país y garantizar que todos contribuyan de acuerdo con la ley.
Nadie discute esa obligación.
Pero una cosa es combatir el fraude tributario y otra muy diferente es instalar una cultura institucional en la que el pequeño contribuyente sienta que cualquier error, omisión o deficiencia administrativa puede convertirse en una amenaza para la continuidad de su negocio.
Cuando el lenguaje de la autoridad tributaria transmite más preocupación por incrementar la presión fiscalizadora que por construir condiciones para el cumplimiento voluntario, se genera desconfianza.
Y cuando esa desconfianza se instala, el empresario comienza a mirar a la SUNAT no como una institución que puede ayudarlo a formalizarse, sino como un riesgo adicional para su supervivencia.
Hay que decirlo con claridad: un pequeño empresario que quiere cumplir no puede vivir bajo la permanente sospecha de ser un evasor.
La evasión organizada, la comercialización de facturas falsas, las empresas sin capacidad operativa y las operaciones simuladas deben ser investigadas y sancionadas. Pero no podemos colocar en el mismo escenario al delincuente tributario y al pequeño comerciante que se equivoca al registrar una operación, desconoce un procedimiento o no dispone de asesoría especializada.
La administración tributaria debe distinguir entre el fraude deliberado, la negligencia y el error subsanable.
Una multa desproporcionada puede destruir una empresa que estaba intentando formalizarse. Y una empresa destruida significa menos producción, menos empleo, menos proveedores y menos recaudación futura.
Hay una imagen que resume dramáticamente esta realidad: cuando un pequeño empresario pide que le hagan un dibujo de cómo va a quedar su negocio después de enfrentar determinadas exigencias y sanciones, muchas veces lo que termina dibujando es el entierro de su propia empresa, con la SUNAT como sepulturera.
No es una imagen que debamos normalizar. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la autoridad pierde de vista la finalidad económica y social de su función.
3. LAS MEDIDAS AISLADAS NO SUSTITUYEN UNA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS MYPE
El Gobierno ha anunciado medidas para atender la situación de las pequeñas empresas. Hay que reconocerlas y examinarlas, pero también debemos evaluar si tienen la dimensión necesaria para resolver los problemas estructurales del sector.
El Ministerio de Economía ha anunciado mecanismos de garantías a través del Fondo CRECER para aliviar las dificultades financieras de las MYPE. Asimismo, se han aprobado medidas extraordinarias para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y proteger la capacidad de pago empresarial.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha impulsado un subsidio extraordinario de S/100 por trabajador, por única vez, para determinadas microempresas que tengan entre dos y diez trabajadores y cumplan las condiciones establecidas.
Son medidas que pueden ofrecer algún alivio. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿es esto suficiente para que una pequeña empresa pueda invertir, ampliar su producción, modernizar sus equipos y competir?
Un subsidio de S/100 por trabajador no resuelve la falta de capital de trabajo. Una garantía crediticia no significa necesariamente que el banco otorgará financiamiento a una empresa que no tiene historial crediticio o que arrastra problemas financieros. Una medida temporal tampoco sustituye una política permanente de productividad.
El problema es que seguimos respondiendo a dificultades estructurales con instrumentos parciales.
El pequeño empresario no necesita solamente que el Estado lo ayude a sobrevivir durante una emergencia. Necesita condiciones para crecer durante los próximos diez, quince o veinte años.
Necesita una política económica que lo acompañe desde el momento en que inicia su actividad hasta que logra convertirse en una empresa competitiva, capaz de contratar más trabajadores, adquirir tecnología y participar en mercados de mayor dimensión.
Eso es lo que todavía nos falta construir.
4. ¿DÓNDE ESTÁ EL CRÉDITO BARATO Y ACCESIBLE PARA LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS?
Este es uno de los problemas más graves.
¿Cómo puede crecer una pequeña empresa si no tiene acceso al financiamiento?
¿Cómo puede comprar maquinaria si los bancos le exigen garantías que no posee?
¿Cómo puede ampliar sus inventarios si sus proveedores le exigen pagos al contado y sus clientes le pagan a treinta, sesenta o noventa días?
¿Cómo puede competir con empresas de mayor tamaño si no tiene capital suficiente para aprovechar una oportunidad comercial?
El crédito es una condición fundamental para el desarrollo empresarial. Sin embargo, miles de pequeños empresarios permanecen excluidos del financiamiento formal o acceden a préstamos con costos que reducen considerablemente sus posibilidades de crecimiento.
Necesitamos una política nacional de crédito productivo para las MYPE.
Proponemos:
- Crear un programa permanente de garantías estatales que permita a los bancos y entidades financieras prestar a las pequeñas empresas con menores exigencias de garantías patrimoniales.
- Establecer líneas de crédito de capital de trabajo con tasas competitivas y plazos compatibles con los ciclos comerciales y productivos.
- Desarrollar mecanismos de financiamiento para la adquisición de maquinaria, equipos y tecnología.
- Fortalecer el factoring para que las MYPE puedan convertir sus facturas por cobrar en liquidez, con reglas transparentes y protección frente a prácticas abusivas.
- Crear instrumentos de financiamiento específicos para pequeñas empresas manufactureras, metalmecánicas, agroindustriales y proveedoras de servicios industriales.
No se trata de regalar dinero ni de crear créditos irresponsables. Se trata de entender que el financiamiento productivo permite generar ingresos, empleo y capacidad de pago.
El Estado debe asumir parte del riesgo de incorporar a miles de empresas que hoy no pueden acceder al sistema financiero en condiciones razonables.
Una política de garantías bien diseñada puede ser mucho más transformadora que una sucesión de subsidios temporales.
5. TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR MÁS, NO SOLAMENTE PARA FISCALIZAR MÁS
La transformación digital del Estado es necesaria. Pero debemos preguntarnos para qué estamos utilizando la tecnología.
Si la digitalización sirve principalmente para multiplicar los mecanismos de control, cruzar información y detectar errores para imponer sanciones, estamos aprovechando solamente una parte de su enorme potencial.
La tecnología también debe estar al servicio de la productividad.
Una pequeña empresa necesita acceder a maquinaria moderna, herramientas digitales, sistemas de gestión, comercio electrónico, automatización de procesos y capacitación técnica.
Necesita saber dónde comprar insumos a mejores precios, cómo mejorar sus inventarios, cómo calcular sus costos, cómo acceder a nuevos clientes y cómo competir con productos importados.
Proponemos crear un Programa Nacional de Transformación Tecnológica de las MYPE, con los siguientes componentes:
Primero: bonos de innovación y modernización. El Estado debe cofinanciar, mediante concursos y criterios verificables, la adquisición de equipos, maquinaria y tecnología para elevar la productividad.
Segundo: asistencia tecnológica descentralizada. Los institutos tecnológicos, universidades y centros de innovación deben trabajar directamente con las pequeñas empresas para resolver problemas concretos de producción.
Tercero: digitalización empresarial accesible. Las MYPE deben disponer de herramientas gratuitas o de bajo costo para gestionar sus compras, ventas, inventarios, facturación y contabilidad.
Cuarto: transferencia tecnológica. Debemos promover convenios con empresas nacionales y extranjeras para facilitar la incorporación de tecnología adaptada a las capacidades y necesidades de las pequeñas unidades productivas.
No podemos aspirar a una economía competitiva manteniendo a millones de pequeños empresarios trabajando con herramientas, máquinas y procedimientos de hace treinta años.
6. LOS MERCADOS: EL GRAN DESAFÍO QUE EL ESTADO TODAVÍA NO RESUELVE
Una empresa puede tener capital, maquinaria y trabajadores capacitados, pero si no tiene compradores, no crece.
El mercado es la condición que permite que la inversión se convierta en producción, ventas y empleo.
Por eso, el Estado debe dejar de considerar que su tarea termina cuando entrega un crédito o dicta una norma de formalización.
Debe ayudar a las MYPE a encontrar mercados.
Necesitamos una política agresiva de articulación comercial que permita a las pequeñas empresas participar en las cadenas de proveedores de la minería, la construcción, la industria, la agroexportación, la infraestructura y los grandes proyectos nacionales.
Las grandes empresas deben encontrar en las MYPE proveedores competitivos, capaces de cumplir estándares de calidad, plazos y especificaciones técnicas.
Para ello se necesita asistencia técnica, certificaciones, financiamiento y mecanismos transparentes de contratación.
También debemos utilizar las compras públicas como instrumento de desarrollo empresarial. El Estado compra alimentos, uniformes, mobiliario, materiales de construcción, servicios de mantenimiento, productos industriales y una enorme variedad de bienes y servicios.
¿Por qué no construir mecanismos que permitan a las pequeñas empresas competir efectivamente por una parte de esa demanda?
No se trata de entregar contratos por favoritismo. Se trata de eliminar barreras innecesarias, facilitar la participación, dividir adecuadamente determinados contratos en lotes y promover la competencia de proveedores nacionales.
Asimismo, debemos fortalecer las plataformas de comercio electrónico, los consorcios empresariales y las asociaciones comerciales que permitan a las MYPE llegar a mercados nacionales e internacionales.
No basta con enseñarles a producir. Hay que ayudarlas a vender.
no pueden diseñarse exclusivamente desde los escritorios de los ministerios, los estudios jurídicos, las consultoras o las oficinas de planificación.
Se necesita conocimiento técnico, por supuesto. Pero también se necesita experiencia concreta.
Quienes conducen la política económica, tributaria y laboral deben conocer cómo funciona una pequeña empresa, cómo se compra, cómo se vende, cómo se financia una operación, cómo se pagan las planillas, cómo se negocia con los proveedores y qué ocurre cuando un cliente no paga.
Hay una diferencia enorme entre analizar una empresa desde un documento y haber tenido que responder personalmente por sus obligaciones, conseguir capital para reponer inventarios, pagar alquileres, negociar con los bancos y mantener abiertos los negocios en los momentos difíciles.
La experiencia empresarial no reemplaza al conocimiento académico, pero lo complementa y, en muchos casos, permite identificar problemas que desde un escritorio resultan invisibles.
Por eso, proponemos crear un Consejo Nacional de Desarrollo de las MYPE, con participación efectiva de empresarios de micro y pequeñas empresas, gremios productivos, especialistas, universidades, institutos tecnológicos y representantes del Estado.
No queremos otro organismo burocrático que se reúna para producir documentos.
Queremos una instancia con capacidad de formular propuestas, evaluar políticas, identificar obstáculos y hacer seguimiento a los compromisos de los ministerios.
Y algo muy importante: sus integrantes deben representar a quienes realmente producen y trabajan en las MYPE, no solamente a quienes hablan en su nombre.
Las pequeñas empresas necesitan voz propia en las decisiones nacionales.
9. LA SUNAT DEBE CONVERTIRSE EN UNA ALIADA DE LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO
Este es uno de los cambios más urgentes.
La SUNAT necesita modernizar su relación con los contribuyentes.
Su función no puede reducirse a fiscalizar, determinar deudas, imponer sanciones y ejecutar cobranzas. Una administración tributaria moderna también debe construir confianza, facilitar el cumplimiento y ayudar a ampliar la base tributaria.
Es importante reconocer que el propio superintendente César Luna Victoria ha hablado de educar antes que sancionar, de acompañar a los emprendedores y de promover el cumplimiento colaborativo.
Son orientaciones positivas. Pero el desafío consiste en convertirlas en prácticas institucionales que el pequeño empresario pueda experimentar en su vida cotidiana.
El empresario necesita encontrar en la SUNAT respuestas oportunas, procedimientos sencillos, criterios uniformes y posibilidades reales de corregir errores sin que cada deficiencia administrativa se convierta en una amenaza para su patrimonio.
Proponemos una reforma de la relación entre la SUNAT y las MYPE basada en cinco principios:
- Prevención antes que sanción: advertir y orientar cuando se trate de errores subsanables, reservando las sanciones severas para las conductas fraudulentas y los incumplimientos deliberados.
- Proporcionalidad: establecer sanciones que consideren la gravedad de la infracción, la conducta del contribuyente y las posibilidades de subsanación, dentro del marco legal.
- Asistencia permanente: crear unidades especializadas de atención y acompañamiento a las MYPE.
- Seguridad jurídica: garantizar criterios tributarios claros y uniformes para evitar que una misma operación reciba interpretaciones contradictorias.
- Fiscalización inteligente: utilizar la tecnología para identificar redes organizadas de evasión y concentrar los recursos de investigación donde existe mayor riesgo tributario.
La SUNAT debe comprender que una empresa que cierra representa una pérdida para todos.
El Estado deja de recaudar, los trabajadores pierden sus empleos, los proveedores pierden compradores y la economía pierde una unidad productiva.
Por eso, la mejor SUNAT no será necesariamente aquella que imponga más multas, sino aquella que consiga que más empresas permanezcan formalizadas, crezcan y cumplan voluntariamente sus obligaciones.
10. UNA NUEVA AGENDA NACIONAL PARA LAS MYPE: PRODUCIR, INNOVAR, VENDER Y CRECER
Necesitamos pasar de las declaraciones generales a una política nacional con objetivos, recursos, responsabilidades e indicadores verificables.
Nuestra propuesta es construir un Programa Nacional de Desarrollo Productivo de las MYPE, articulado entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y la SUNAT.
Este programa debe tener seis grandes componentes:
1. Reforma tributaria y simplificación administrativa.
Retomar y desarrollar nuestra propuesta de automatización del IGV, simplificación del Impuesto a la Renta y eliminación de trámites innecesarios, con estudios de impacto fiscal y un programa piloto que permita comprobar su viabilidad.
2. Crédito productivo y capital de trabajo.
Desarrollar fondos de garantía, líneas de financiamiento accesibles, factoring transparente y créditos para maquinaria, inventarios y expansión empresarial.
3. Tecnología e innovación.
Financiar la modernización de equipos, la transformación digital, la transferencia tecnológica y la incorporación de nuevas técnicas de producción.
4. Mercados y articulación empresarial.
Facilitar la participación de las MYPE en las cadenas de proveedores de grandes empresas, las compras públicas, los mercados regionales y las exportaciones.
5. Formación y capacitación laboral.
Articular universidades, institutos tecnológicos y empresas para desarrollar trabajadores calificados, mejorar la productividad y elevar la calidad de los productos y servicios.
6. Protección social y formalización laboral.
Construir mecanismos sostenibles que permitan incorporar a millones de trabajadores a la salud, las pensiones y los beneficios laborales, sin convertir la contratación formal en una carga imposible para las pequeñas empresas.
Esta agenda debe tener metas anuales.
No basta con anunciar programas. Hay que medir cuántas empresas acceden al crédito, cuántas modernizan sus equipos, cuántas ingresan a nuevos mercados, cuántos trabajadores consiguen empleo formal y cuántas empresas logran mantenerse y crecer.
El éxito de la política pública no debe medirse solamente por cuánto recauda el Estado, sino también por cuánto aumenta la capacidad productiva del país.
11. UN LLAMADO AL MEF, AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A LA SUNAT
Al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, le corresponde comprender que el crecimiento económico no se construye únicamente mediante el equilibrio de las cuentas fiscales. También requiere ampliar la capacidad productiva, facilitar la inversión y crear condiciones para que millones de pequeñas empresas puedan desarrollarse.
Al ministro de Trabajo, Juan Sheput, le corresponde entender que la formalización laboral no se consigue solamente mediante exigencias normativas o inspecciones. Se consigue creando empresas capaces de contratar, pagar salarios y sostener puestos de trabajo.
Y al superintendente de la SUNAT, César Luna Victoria, le corresponde demostrar que una administración tributaria moderna puede recaudar más sin convertirse en una amenaza permanente para los pequeños contribuyentes.
Los tres sectores necesitan abandonar cualquier visión fragmentada de la economía.
No se puede exigir formalización laboral si las empresas no tienen capacidad económica para contratar.
No se puede exigir mayor recaudación si las empresas no tienen condiciones para crecer.
No se puede exigir productividad si no se facilita el acceso al crédito, la tecnología y los mercados.
Y no se puede hablar de desarrollo nacional mientras millones de empresarios permanezcan atrapados entre la falta de capital, la burocracia, la incertidumbre y la ausencia de oportunidades.
El país necesita funcionarios que se atrevan a pensar de otra manera. Que no regresen a fórmulas del pasado simplemente porque son las que conocen. Que tengan la capacidad de escuchar a quienes viven diariamente los problemas de la economía real.
La administración pública necesita conocimiento, innovación y sensibilidad económica. Pero, sobre todo, necesita comprender que detrás de cada pequeño negocio existe una familia, un proyecto de vida, trabajadores y una oportunidad de generar riqueza.
12. LAS MYPE NO PIDEN COMPASIÓN. EXIGEN CONDICIONES PARA DEMOSTRAR LO QUE SON CAPACES DE HACER
Hay algo que debemos dejar absolutamente claro.
Los micro y pequeños empresarios no están pidiendo que el Estado los trate con lástima. No están solicitando privilegios ni quieren vivir permanentemente de subsidios.
Están pidiendo oportunidades.
Son personas que todos los días se levantan para abrir sus negocios, negociar con proveedores, atender a sus clientes, resolver problemas y asumir riesgos. Son empresarios que han aprendido a sobrevivir en condiciones difíciles, muchas veces sin crédito, sin asesoría y sin protección institucional.
Su capacidad de trabajo, creatividad y perseverancia constituye uno de los mayores activos del Perú.
El Estado debe dejar de mirarlos como un problema que necesita controlar y comenzar a reconocerlos como una fuerza económica que necesita potenciar.
Si queremos que miles de informales se conviertan en formales, hagamos que la formalidad sea más sencilla, más rentable y más conveniente.
Si queremos que las pequeñas empresas contraten trabajadores, ayudémoslas a crecer.
Si queremos que produzcan más, facilitemos el crédito y la tecnología.
Si queremos que vendan más, abramos mercados.
Si queremos que paguen impuestos, construyamos un sistema tributario que no castigue el crecimiento.
Y si queremos que el Perú sea una economía más competitiva, dejemos de poner obstáculos a quienes todos los días intentan producir riqueza.
La verdadera reforma no consiste en conseguir que las MYPE aprendan a sobrevivir dentro de un Estado complicado. Consiste en transformar al Estado para que las MYPE puedan desarrollarse.
El Perú necesita ideas poderosas, propuestas reformadoras y dirigentes públicos capaces de mirar más allá de las próximas cifras de recaudación.
Necesitamos una economía que crezca desde abajo, desde los talleres, las pequeñas fábricas, las ferreterías, los negocios familiares, las empresas de servicios, los emprendimientos tecnológicos y las unidades productivas que sostienen el trabajo de millones de peruanos.
No queremos un Estado que viva persiguiendo a quienes producen. Queremos un Estado que sea su socio estratégico.
No queremos una SUNAT que encuentre en cada pequeño empresario un potencial infractor. Queremos una SUNAT que identifique a los verdaderos evasores y facilite el cumplimiento de quienes quieren trabajar formalmente.
No queremos un Ministerio de Trabajo que solamente exija obligaciones. Queremos uno que contribuya a construir empresas capaces de generar empleo digno.
No queremos un Ministerio de Economía que se conforme con administrar restricciones. Queremos uno que piense en cómo multiplicar la capacidad productiva nacional.
Porque el país necesita recaudar, pero también necesita producir. Necesita empleo, pero también empresas que puedan sostenerlo. Necesita inversión, pero también millones de oportunidades para quienes hoy están excluidos del crecimiento.
La economía peruana no se desarrollará persiguiendo a sus pequeños empresarios. Se desarrollará cuando el Estado comprenda que su prosperidad es también la prosperidad del país.
Ese es el cambio que necesitamos. Esa es la reforma que debemos exigir. Y esa es la discusión que los responsables de conducir la economía, el trabajo y la administración tributaria no pueden seguir postergando.
Las MYPE no necesitan sepultureros. Necesitan aliados para crecer.
