El 13 de marzo, un huaico golpeó el sector Mollepampa del distrito de San Rafael, en la provincia de Ambos. Tres días antes, el 10 de marzo, el río Huallaga rompió sus márgenes en el distrito de La Morada, provincia de Marañón, inundando los sectores Playa y María Magdalena, donde decenas de familias perdieron sus viviendas y sus medios de vida agrícola. El 8 de marzo, intensas lluvias afectaron el distrito de Aparicio Pomares, en Yarowilca, dejando daños materiales en la infraestructura de transporte que dejó sin acceso vial a poblaciones completas. Y el y tránsito se ha obstruido al menos 5 veces en dos meses en la zona de Huaracaya, al sur de Ambos.
Según reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en lo que va del 2026 las lluvias han cobrado la vida de 54 personas en todo el país, 946 viviendas destruidas, 5241 viviendas inhabitables, 15 183 animales perdidos y 1144 hectáreas de cultivo devastada. En Huánuco se ha declarado estado de emergencia en 33 distritos por riesgo de desastres.
Sin embargo, Perú cuenta con un marco institucional para enfrentarlos: El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), creado mediante la Ley 29664, establece un sistema articulado de entidades responsables por las diferentes fases de la gestión del riesgo: estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. A este marco se suma la Ley 30556, que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), y la Ley 30574, Ley Marco sobre el Cambio Climático, que establece los lineamientos para la adaptación y mitigación de los efectos del calentamiento global.
Y estas normas tienen un respaldo presupuestal para su implementación :El Programa Presupuestal 68: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED), que asigna recursos a los gobiernos regionales y locales para actividades de mitigación, reducción de riesgos y preparación para emergencias. Recursos que se usan tarde y mal: En 2025 se asignaron S/ 594 millones para descolmatación de ríos y quebradas en gobiernos regionales, pero solo se ejecutó el 53 % de esos recursos. Arequipa, una de las regiones más afectadas por desastres en los últimos años, no gastó más de S/ 12 millones en prevención durante todo 2025. Y parte de las trágicas consecuencias se vieron con el gran desborde de uns torrentera qué pasa por en medio de la ciudad.
Ante esto, el proceso electoral es una oportunidad para atender a la agenda legislativa en materia de prevención de desastres, que debería incluir, como mínimo:
1 Supervisión y fiscalización de la ejecución presupuestal. El Congreso debe ejercer su función de control sobre los recursos asignados a la prevención de desastres, con modificaciones legislativas para obligar a congresistas a una evaluación semestral de la ejecución de la inversión pública anual, y citar a funcionarios regionales con bajos niveles de ejecución. La nueva legislación debe incluir mecanismos de incentivo o sanción a la ejecución presupuestal.
2 Actualización de la Ley 30779 sobre el SINAGERD, para precisar competencias, plazos y responsabilidades para cada nivel de gobierno en las fases de estimación, prevención y preparación.
3 Articular la prevención de desastres con la agenda climática, modificando la Ley 30574, Marco sobre Cambio Climático, de modo que los planes de acción climática regional y local incluyan componentes específicos de prevención de desastres, y los recursos del presupuesto climático puedan utilizarse para obras de mitigación. Reconociendo la función de protección que cumplen los ecosistemas naturales —bosques, humedales, glaciares, páramos— como infraestructura de prevención de desastres. Esto tiene implicaciones para la regulación de actividades extractivas y para los incentivos a la conservación, en el marco de un ordenamiento territorial con sus correspondientes zonificaciones económicas ecológicas, que también deben ser obligatorias, así como la planificación concertada como exigencia previa al presupuesto.
Está en manos de las candidaturas —y de las personas electoras que elegirán entre ellas— tomar las medidas anteriores y otras complementarias, para evitar que tragedias evitables se repitan el siguiente año.
