EL DEFENSOR DEL PEQUEÑO EMPRESARIO: UNA DEUDA PENDIENTE DEL ESTADO PERUANO
Cuando nadie escucha a las MYPES
En el Perú se habla mucho de los derechos de los consumidores, de los trabajadores y de los inversionistas. Existen organismos, oficinas y procedimientos destinados a protegerlos. Sin embargo, existe un sector que genera millones de empleos y que sostiene gran parte de la economía nacional, pero que carece de una verdadera instancia de defensa: las micro y pequeñas empresas.
Cada día miles de emprendedores enfrentan inspecciones arbitrarias, multas desproporcionadas, pagos demorados por parte del Estado, barreras burocráticas municipales, abusos de posición dominante de grandes empresas y restricciones financieras que ponen en riesgo la supervivencia de sus negocios.
La pregunta es simple: ¿quién defiende al pequeño empresario?
Un problema mundial
La necesidad de contar con defensores especializados para pequeñas empresas no es nueva.
Diversos países han creado figuras similares al Ombudsman Empresarial, Small Business Commissioner o Defensor de la Pequeña Empresa, encargadas de intervenir cuando existen abusos, retrasos en pagos, excesos regulatorios o conflictos entre pequeñas y grandes empresas.
La razón es evidente: una pequeña empresa no posee los recursos económicos ni legales de una gran corporación para enfrentar largos procesos administrativos o judiciales.
Mientras una gran empresa puede sostener litigios durante años, una MYPE puede quebrar en cuestión de meses.
Las formas de abuso
Los pequeños empresarios enfrentan múltiples formas de hostilidad institucional.
El Estado
Municipalidades que crean requisitos innecesarios.
Entidades públicas que pagan con meses de retraso.
Procesos administrativos excesivamente complejos.
Multas que no guardan relación con la capacidad económica del negocio.
Fiscalizaciones orientadas a sancionar antes que a corregir.
Las grandes empresas
Pagos demorados a proveedores pequeños.
Contratos abusivos.
Exigencias desproporcionadas.
Uso de su posición dominante para imponer condiciones comerciales injustas.
El sistema financiero
Altas tasas de interés.
Acceso limitado al crédito.
Garantías difíciles de cumplir.
Escasa comprensión de la realidad operativa de las microempresas.
Una propuesta para el Perú
El Perú necesita crear la figura del Defensor del Pequeño Empresario.
Se trataría de una institución autónoma encargada de recibir denuncias, investigar abusos y emitir recomendaciones frente a actos que perjudiquen injustificadamente a las MYPES.
Entre sus funciones podrían estar:
- Recibir quejas contra entidades públicas.
- Mediar conflictos entre pequeñas y grandes empresas.
- Supervisar el cumplimiento de los plazos de pago.
- Detectar barreras burocráticas.
- Emitir informes públicos.
- Proponer reformas legales.
- Defender el principio de trato justo para las MYPES.
Defender a quienes generan empleo
Cuando una gran empresa cierra, aparece en los titulares.
Cuando una pequeña empresa quiebra, normalmente nadie se entera.
Sin embargo, detrás de cada pequeña empresa existe una familia, trabajadores, proveedores y sueños de progreso.
Defender a las MYPES no significa otorgar privilegios.
Significa garantizar reglas justas.
Un país que protege a sus pequeños empresarios protege también el empleo, la innovación y el crecimiento económico.
La creación del Defensor del Pequeño Empresario no debe verse como un gasto más del Estado, sino como una inversión en el sector que sostiene gran parte de la economía nacional.
Porque el verdadero desarrollo comienza cuando quienes producen, arriesgan e invierten dejan de sentirse solos frente al poder.
