La Reserva Nacional de Paracas es uno de los principales ecosistemas marinos del Perú por su enorme biodiversidad y por concentrar uno de los bancos de anchovetas juveniles más importantes de la región. Pero, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el gremio que agrupa a las compañías más poderosas del sector, buscó anular una norma que protege esta área natural de la extracción industrial y, al mismo tiempo, eludir sanciones con millonarias multas.
En enero de este año, la SNP presentó una acción popular ante la Corte Superior de Justicia de Lima con el objetivo de eliminar el literal c del artículo 6.2 de la Directiva 006-2021-Sernanp-Dganp, que prohíbe la pesca industrial en Áreas Naturales Protegidas (ANP), como la Reserva Nacional de Paracas.
Pero ayer, el Poder Judicial declaró infundada la demanda que había presentado la SNP. Detrás de esta propuesta, sin embargo, no solo estaba el interés del sector pesquero para extraer grandes cantidades de anchoveta y otras especies de una área marina protegida, sino también la intención de eludir el pago de posibles multas millonarias.
OjoPúblico accedió a información oficial que identifica 99 procedimientos contra 11 compañías pesqueras por infringir el reglamento de pesca; ocho de estas empresas son parte de la SNP. Si el fallo judicial les da la razón, afectaría el pago de S/6,6 millones en multas por las infracciones identificadas.
PRODUCE TIENE —POR LO MENOS— 99 PROCESOS SANCIONADORES EN CURSO CONTRA 11 EMPRESAS, OCHO DE ELLAS INTEGRAN LA SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA.
Estas investigaciones corresponden a infracciones detectadas entre 2020 y 2021 por el Ministerio de la Producción por, precisamente, pescar en zonas protegidas o prohibidas dentro de la Reserva Nacional de Paracas y presentar velocidades de pesca menores a las establecidas.
Si las sanciones se declaran firmes, las empresas tendrán que pagar por lo menos S/ 6,6 millones, según un cálculo preliminar realizado para esta investigación que tomó como universo a 47 expedientes de estos procedimientos a los que se tuvo acceso.
La presencia de anchovetas juveniles en Paracas garantiza la sostenibilidad de la especie, señala un estudio publicado en 2022 por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe). A pesar de esta evidencia, y de que la ley vigente prohíbe la pesca en la reserva de Paracas, los procesos sancionadores a los que OjoPúblico tuvo acceso exponen que un grupo de empresas continuó pescando en esta área.
Ocho de las compañías investigadas por estas infracciones forman parte del gremio pesquero. La que concentra más procesos de esta lista es Pesquera Exalmar, propiedad del empresario Victor Matta Curotto y que tiene entre su directorio a Cecilia Blume Cillóniz, exjefa del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros.
También se encuentran Austral Group, miembro del grupo noruego Austevoll Seafood ASA; Corporación Pesquera Inca (Copeinca), del conglomerado China Fishery y NG de Hong Kong; CFG Investment, vinculada a los mismos capitales chinos y al grupo internacional Pacific Andes.
El grupo de empresas lo completan Pesquera Diamante, vinculado al fondo de inversión privado Enfoca; Pesquera Hayduk, fundada por Eudocio Martínez Torres y cuya familia es cercana a Keiko Fujimori; Tecnológica de Alimentos S.A. (Tasa); propiedad de uno de los grupos económicos más importantes del país: Breca; y Pesquera Centinela, parte del Grupo Romero.
Estas ocho firmas concentran el 97% del valor de las eventuales multas. Las otras empresas son Empresa Extractiva Srltda, Empresa Pesquera Percar y Pesquera Saby, pero no forman parte de la SNP.
De acuerdo al grupo de expedientes del Ministerio de la Producción a los que accedió OjoPúblico, el Sernanp ha pedido que se admita su intervención como “tercero administrado con legítimo interés” y que se le notifique sobre los procedimientos con el fin de ejercer el derecho que le corresponde como máxima autoridad de las áreas naturales en el Perú.
Con la información disponible, este medio también detectó que la empresa que se enfrentaría al monto más elevado por posibles multas es la Pesquera Exalmar. Esta compañía agrupa más de S/1’700.000 en eventuales sanciones, el 26,6% del valor de todas las ocho asociadas a la SNP.
Además, entre 2013 y 2022, Pesquera Exalmar también registró otros 58 procedimientos administrativos de parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por malas prácticas ambientales, que generaron una multa por casi S/250.000. En 22 de los casos se trató de hechos reportados en Ica, donde se ubica la Reserva Nacional de Paracas. A la fecha, la empresa ha pagado estas multas, confirmó la entidad.
PELIGRO. La Reserva Nacional de Paracas (Ica) puede convertirse en un área de extracción de recursos hidrobiológicos si el Poder Judicial le da la razón a la Sociedad Nacional de Pesquería.
Foto: Walter H. Wust.
En la lista de pesqueras con mayores sumas por procesos sancionadores abiertos por el Ministerio de Producción (Produce) se encuentran también Austral Group y Corporación Pesquera Inca con S/ 1’600.000 y S/ 1’047.000 en posibles multas, respectivamente.
El pasado 17 de mayo OjoPúblico solicitó a Produce –a través de un pedido de acceso a la información– el listado de resoluciones de sanción firmes por infracciones cometidas en la Reserva Nacional de Paracas. Sin embargo, este ministerio respondió el 24 de mayo diciendo que estimaban entregar la información “a más tardar el 6 de junio”, la misma fecha en la que vence el plazo del Poder Judicial para emitir su fallo sobre la acción popular del gremio pesquero.
En una respuesta enviada por correo electrónico, la SNP aseguró a este medio que la pretensión sobre los procesos administrativos —considerada en la acción popular— “no tiene relación” con los que “pudiesen existir”. No brindó más detalles sobre el tema, a pesar de que se le mencionó que había expedientes en curso.
Asimismo, el gremio pesquero dijo a OjoPúblico que respetarán la decisión que se dicte en un eventual fallo a favor del Estado en las “vías que nos reconoce la Constitución y el derecho a la tutela jurisdiccional para defender la correcta aplicación del ordenamiento jurídico”.
Este medio contactó a las empresas que enfrentan procesos, pero al cierre de esta publicación no respondieron.
Los intereses de la pesca industrial
Detrás de la demanda promovida por la Sociedad Nacional de Pesquería se encuentra una de las principales firmas del país, el Estudio Hernández & Cía. Esta acción popular fue presentada por los constitucionalistas Samuel Abad Yupanqui, un reconocido abogado que se desempeñó como adjunto de la Defensoría del Pueblo entre 1996 y 2007, y Javier Alonso De Belaunde De Cárdenas.
En la demanda, a la que OjoPúblico tuvo acceso, los gremios pesqueros solicitan la nulidad de todos los actos administrativos, lo que afectaría el pago de las multas que den lugar los procesos sancionadores.
“Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad con efectos retroactivos solicitada como Pretensión Principal, se declare la nulidad de los actos administrativos dictados”, solicita la demanda de la SNP.
Es decir, el pedido del gremio pesquero busca afectar todos los procesos relacionados a la prohibición de pesca de mayor escala desde el 2021 “ya sea marina o continental dentro de las Áreas Naturales Protegidas”.
SOLICITUD. En su demanda, el gremio pesquero también ha requerido la nulidad de actos administrativos relacionados a la pesca prohibida en áreas naturales.
Captura: Acción popular presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería.
La SNP considera que la directiva del Sernanp “vulnera principios y derechos constitucionales al prohibir de forma absoluta la extracción de gran escala” de la pesca industrial dentro de las áreas naturales protegidas. Según la SNP, esta norma “vulnera el derecho fundamental a la libertad de empresa”.
En el mismo documento señalan que los derechos de pesca fueron otorgados previo a la creación de la Reserva Nacional de Paracas, en 1975, y que por eso el plan maestro de dicha área protegida —aprobado en 2016— excluyó “sin sustento” la actividad industrial.
Otro de los estudios que ha dado apoyo legal a la SNP es el Estudio Echecopar. Este medio identificó que han estado involucrados en la elaboración de informes legales entregados al gremio y usados por Pesquera Exalmar y Austral Group como información adicional a —por lo menos— dos de sus apelaciones ante el Produce por los procesos sancionadores abiertos.
EL GREMIO CONSIDERA QUE LA PROHIBICIÓN “DE FORMA ABSOLUTA” DE PESCA EN GRAN ESCALA DENTRO DE LAS ÁREAS NATURALES “VULNERA PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES”.
En octubre pasado, la SNP le pidió al jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), José Nieto Navarrete, reconocer la actividad pesquera industrial preexistente a la creación de la Reserva Nacional de Paracas. Sin embargo, el Sernanp respondió en diciembre último y rechazó la solicitud al argumentar que la pesca de mayor escala es una actividad contrapuesta a los “objetivos y fines” para los que fue creada la reserva.
A pesar de esta opinión técnica de la autoridad gubernamental en el tema, el titular del Ministerio del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, cuestionó esta respuesta y declaró a un medio televisivo que si el gremio pesquero demostraba que la pesca industrial se desarrollaba antes de la formación de la reserva, se le restituirá “el derecho adquirido”. No hubo ninguna mención a la postura del Estado referente a las eventuales sanciones contra las compañías.
En una breve respuesta oficial enviada a este medio, el sector Ambiente indicó que el tema continuaba en el Poder Judicial y que “estaban a la espera de su decisión” y que, desde el sector, tomarán las medidas que “determine” el fallo.
Por su parte, durante la reciente audiencia judicial del 27 de mayo, el procurador público especializado en materia constitucional, a cargo de Luis Alberto Huerta Guerrero, dijo que la demanda pretendía que el Poder Judicial permita a embarcaciones de gran escala estar en la reserva y eludir multas que tiene por resolver el Produce.
“El objetivo de la demanda no es otro que evitar los procedimientos administrativos sancionadores que ya ha iniciado el Ministerio de la Producción contra diferentes empresas, respecto a las cuales se han identificado que han estado realizando pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas”, recalcó en la audiencia virtual.
En la demanda presentada, el gremio considera que la prohibición “de forma absoluta” de pesca en gran escala dentro de las áreas naturales “vulnera principios y derechos constitucionales”. Además, la sociedad indica que la medida va contra la ley de las ANP, donde se especifica que se puede aprovechar recursos naturales. Sin embargo, bajo el presunto incumplimiento de la misma ley, ocho empresas que integran a SNP enfrentan procesos por extraer recursos en zonas vetadas.
En los próximos días la Segunda Sala Constitucional de la Corte de Lima, presidida por el juez Roberto Vilchez Dávila, definirá si acepta o no la demanda de la gran industria pesquera que busca extraer especies de la Reserva Nacional de Paracas, y con ello afectar también 99 procesos sancionadores y el pago de posibles multas.
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a través de un comunicado del último 28 de mayo, se mostró en contra del deseo del gremio empresarial de anular la prohibición de pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas.
“La pretensión de que se autorice la pesca a escala industrial en la Reserva Nacional de Paracas causa indignación y grave preocupación y debe ser rechazada de manera firme y categórica, en todos sus extremos”, finalizó el comunicado, firmado por su presidente, Benjamín Marticorena Castillo.
Para entender las posturas de los diferentes sectores implicados en el caso, OjoPúblico también se contactó con los representantes del ministerio de Producción, pero no respondieron. El Sernanp sostuvo que no se pronunciará hasta que culmine el proceso judicial.
