Lo ocurrido en la institución educativa Liceo Naval Almirante Guise, en Lima es el extremo más aberrante de un problema de violencia escolar antiguo y que viene creciendo, como lo muestra el portal SíseVe del Ministerio de Educación.
¿Qué se sabe del caso hasta el momento?
El 15 de septiembre, en el bus escolar que regresaba de un campeonato deportivo, alumnos de quinto de secundaria de la mencionada institución educativa agredieron sexualmente a un compañero de cuarto año, de 16 años. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro pidió la retención de diez adolescentes en la Comisaría de Familia respectiva; la víctima declaró en cámara Gesell y reveló que sufría bullying desde antes, y la Dirección regional de educación indicó que los agresiones previas no habían sido reportadas por los directivos de la institución. El Tercer Juzgado de Familia ordenó 120 días de internamiento preventivo en el centro juvenil de Maranguita para seis de los diez intervenidos. La Marina de Guerra apartó a la directora, a un docente y al entrenador de fútbol; el Gobierno declaró en reorganización el plantel y dispuso su transferencia de la Marina al Ministerio de Educación, y el titular del sector, José Antonio Chang, anunció una directiva para permitir expulsiones. Si el Ministerio Público acredita la violación sexual agravada por pluralidad de agentes, los adolescentes de 16 y 17 años, serían sancionados con medidas de internación de hasta 6 años (aunque la defensa ha indicado que les correspondería hasta 8 años).
¿Es un caso aislado?
Lo ocurrido en San Borja es un extremo de un mal generalizado: entre enero y agosto de 2026 el portal SíseVe del Ministerio de Educación registró 11.805 reportes de violencia escolar, la cifra más alta desde que existen registros: 13% más que en igual período de 2025, con proyección a superar los 19.700 casos con que cerraron 2024 y 2025. Las agresiones entre estudiantes sumaron 8.156 reportes, 18,5% más que el año pasado; la violencia física llegó a 5.187 casos y la psicológica a 4.559. La violencia sexual llegó a 2.059 reportes en lo que va del año, de los cuales 1.198, casi cinco diarios, se produjeron entre escolares, un incremento de 35,4%. Y si bien, por concentrar la mayor proporción de estudiantes, Lima Metropolitana concentra el 34,4% de las notificaciones, las alzas más fuertes ocurrieron en Junín, con un 39% de crecimiento, y Huánuco, con un aumento de 34%, con 353 reportes acumulados entre enero y agosto.
Es evidente que las instituciones educativas no han tomado medidas adecuadas para la prevención de la violencia. Es más, habría una sensación de impotencia entre docentes, auxiliares y directivos. Esto puede cambiar de las siguientes maneras:
1 Ante todo, ordenar la normativa sobre las obligaciones de estudiantes, docentes y directivos, con sus correspondientes infracciones y sanciones ante su incumplimiento, que hoy están dispersas en reglamentos administrativos y en los reglamentos internos que cada colegio redacta a su criterio. Por ende, el Congreso debe reformar la Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, reglamentada por el Decreto Supremo N° 10-2012-ED y modificada por la Ley N° 31902, que fortaleció la prevención del acoso escolar. De manera que todo el país cuente con:
+ un catálogo uniforme de deberes exigibles a estudiantes, docentes y directivos;
+ la tipificación de las infracciones por incumplirlos, incluida la omisión de denuncia; y
+ un régimen de sanciones proporcionales y graduadas, con debido proceso, que incluya la reubicación de los infractores más peligrosos, sin perjuicio de sanciones penales cuando, como en el actual caso, corresponda. Habrá que evaluar la pertinencia de contar con instituciones educativas con enfoque de tratamiento correccional para los casos más violentos, dotadas de equipos especializados.
2 Inmediatamente, garantizar la sanción efectiva con reparación a las víctimas. Incluyendo las agresiones leves o medias, cuya impunidad abre la ruta hacia casos más graves. La víctima del Liceo Naval era acosada desde antes y nadie lo reportó. Cada agresión física, incluidas las sexuales en las escuelas del Perú, tiene, casi siempre, un antecedente ignorado. Esto además devolverá la confianza a docentes, madres y padres de familia en que la institución educativa es un espacio de formación de ciudadanía basada en la convivencia respetuosa.
3 Junto con las medidas de sanción deben impulsarse las de prevención. Eso pasa por darle un rol rector al área de Tutoría y Orientación Educativa, como responsable de implementar prácticas y metodologías que normalicen el respeto como principio general de la convivencia escolar: mediación entre pares, acuerdos de aula verificables, acompañamiento de los casos reportados, trabajo con las familias. En ese marco, ha de implementarse una educación sexual integral que enseñe a comprender y a respetar la dimensión sexual de la vida humana. En general, se trata de iniciar un camino que lleve a nuestros escolares a aprender a convivir en la paz que nace del respeto al otro, en especial, al más vulnerable.
