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Política

“CHANCHADAS” HILDEBRANDT EN SUS TRECE .- Porky se las traía y está convencido de que la ciudadela es también su heredad

Beatriz Mejía iba a ser la vicepresidenta en la fórmula de Rafael López-Aliaga. Hoy “advierte a la
cristiandad” para que “no vote por una persona que miente, que calumnia y que apela a la perfidia
para dañar a sus contendores”. Empresarios de “Compupalace” también lo denuncian

“Yo hubiera votado por el señor Rafael López-Aliaga porque es pro vida y pro familia, pero gracias a Dios viví una experiencia con la que puedo advertir a toda la cristiandad que no vote por una persona que miente, que
calumnia y que apela a la perfidia para dañar a sus contendores o a aquella gente de la que se quiere deshacer”, dice a este semanario Beatriz Mejía Mori. Mejía, abogada penalista, columnista de “Expreso” y una conocida dirigente del movimiento “Con mis hijos no te metas”, ha irrumpido en la esfera pública en los últimos años con un discurso donde proclama que el Perú se encuentra bajo las garras de un grupo de multimillonarios que pretenden imponer un “nuevo orden mundial”.

Ahora Mejía incluye al candidato a presidente en ese club. “El señor López-Aliaga ha estado muy cerca del movimiento pro vida desde el principio. La primera vez que yo lo vi fue en una presentación durante la
campaña pasada para el Congreso. El grupo del Opus Dei, cercano a nuestro movimiento, hablaba muy bien de él”, cuenta la abogada.

En agosto pasado el ahora  candidato al Congreso Yorry Warthon la contactó y le dijo que López-Aliaga quería reunirse con ella. “Nos juntamos y me dijo que me conocía desde hace 30 años, que me admiraba, que
compartía todas mis publicaciones en sus redes sociales. Luego me dijo que yo debía ser la candidata presidencial pero que lamentablemente él ya se había lanzado meses atrás e iba a ser feo que retroceda, así que me ofreció la candidatura a la vicepresidencia y el número 1 para el Congreso”, cuenta Mejía. La activista conservadora señala que durante esa conversación López-Aliaga le explicó que su plan era ocupar el sillón
presidencial la mitad del mandato y luego renunciar al cargo. “Me dijo que no necesitaba estar los cinco años en la presidencia, que no necesitaba ser presidente. Su plan era estar dos años para poder hacer los cambios
que necesitaba la economía del país y que luego me delegaría el poder”, agrega Mejía.

La abogada señala que López-Aliaga no le dio detalles de estos planes económicos, pero sí algunas pistas sobre la financiación de la campaña. “En el mismo almuerzo me dijo que nunca me iba a pedir un sol para la campaña porque el Banco de Londres le había dado en préstamo 10 millones de dólares y que había separado tres para la
campaña”, recuerda. Según la versión de Mejía, las reuniones para planificar la campaña continuaron por un
tiempo. Pero en algunas de las citas empezaron a surgir roces. “En una reunión que tuve con él y con el candidato a la segunda vicepresidencia, Jorge Montoya, les comencé a decir que las imposiciones del ‘nuevo orden mundial’ habían comenzado con Fujimori, que nos habíamos sujetado a una agenda económica dada por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, y eso incluía políticas como las esterilizaciones
forzadas y el remate de las empresas públicas. Entonces él me respondió que no debía criticar eso porque él había asesorado a Fujimori en los 90 con el tema de la reinserción del Perú. Ahora veo que critica a ese régimen,
pero eso es para la tribuna, él cree en lo que hizo el fujimorismo en los 90 porque fue parte de eso”, dice Mejía.

En otra reunión en la casa de López-Aliaga Mejía se enteró, de casualidad, de las inquietudes ferroviarias del candidato a presidente. “Estábamos en la sala. En un momento, López-Aliaga se distrae con una llamada telefónica y yo me pongo a ver un broschure que había cerca al sillón. Lo reviso y veo que es un tema sobre trenes que había elaborado Goldman Sachs. Él ya me había comentado de un proyecto que tenía sobre
trenes de pasajeros y de carga que quería sacar adelante, pero lo que yo no sabía es que ya lo tenía conversado con ese banco. Tanto Goldman Sachs como el Banco de Londres pertenecen a la élite globalista. Y la familiaridad que tiene este señor con ellos me hicieron pensar que su mensaje de odio al ‘nuevo orden mundial’ era una declaración para quedar bien con la tribuna”, dice. A inicios de octubre el equipo del partido le hizo saber a Mejía que López-Aliaga tenía todo listo para presentar a todos los candidatos del partido. “El señor eligió el 7 de octubre para la presentación. Me dijeron que ese día él daría unas palabras y nosotros como candidatos a vicepresidentes lo acompañaríamos. Luego me llamó y me dijo que iría solo a la presentación.

En ese momento noté un arrebato emocional bien extraño y horas después sacó a los 20 candidatos cristianos que yo le había presentado y se salió del chat grupal que teníamos como plancha presidencial, sin ninguna explicación”, dice Mejía. “Por algunos contactos me enteré que el señor López-Aliaga decía que yo le había pedido plata para mi candidatura, lo cual es falso. Lo único que yo le presenté fue un plan de campaña y a un equipo de doce personas que podían trabajar en eso durante seis meses por 82 mil dólares”, dice.

La abogada señala que ya no le cree ni una palabra a López-Aliaga y que no votará por él. “Definitivamente tiene
compromisos empresariales con transnacionales y bancos de la élite globalista. Ya no le creo ni su mensaje pro vida y pro familia. Es un gestor de negocios que está embaucando al Perú, y que no sólo me maltrató a mí,
sino también a otras candidatas cristianas de la manera más vergonzante”, concluye. Beatriz Mejía no es la única
que acusa al actual candidato de vender “sebo de culebra”.

Tres microempresarios del centro comercial Compupalace, uno de las aventuras empresariales de Rafael López-Aliaga, denuncian que se sienten estafados.

“En una entrevista que le hicieron el domingo pasado escuché que el señor López-Aliaga decía que él iba a apoyar al micro empresario, que lo iba a ayudar a salir adelante, cuando lo que ha hecho en ‘Compupalace’ es empujar a la quiebra a varios de ellos con los cobros abusivos que exigía y los servicios deplorables que brindaba”, dice Álex Mendoza Arévalo.

Mendoza llegó a “Compupalace” hace ocho años y desde entonces alquila un local para brindar servicios de reparación a laptops. “Nosotros formamos una asociación y comenzamos a reclamar por las malas condiciones de los servicios higiénicos y los altos costos del estacionamiento, pero no sirvió de nada”, cuenta.

El empresario indica que con el paso de los años los problemas aumentaron. “La administración reemplazó el ducto de ventilación para dar acceso a un gimnasio que se construyó en el cuarto piso y que se supone
que atraería más clientela, pero eso no ocurrió. También instalaron módulos de venta para alquilarlos en zonas restringidas para la evacuación en caso de desastres. El sistema contra incendios no funciona la mayor
parte del tiempo porque el costo de la electricidad que genera es altísimo y los baños siguen en malas condiciones. Este lugares una bomba de tiempo. Ya hemos hecho dos plantones desde el 2019, pero la administración de López-Aliaga nos ha ignorado”, cuenta Mendoza.

Este inquilino de Compupalace señala que a esto se suma el alto costo de los alquileres y mantenimientos de los locales. “El que no paga es multado y eso obliga a que tengan que abandonar sus tiendas. Por eso mucha gente ya se ha ido asfixiada por las cuentas y esto se ha llenado de venezolanos. Cuando escuché al señor López-Aliaga
hablar en la televisión sobre el apoyo al pequeño empresario me quedé sorprendido. Eran puras sandeces y mentiras”, agrega. “Te cobran montos altísimos por servicios pobres. Los baños, por ejemplo, son letrinas y al
final terminas debiendo mucho dinero. Cuando no puedes pagar y quieres conciliar, no te atienden. Esperan para hacerte juicio porque su pretensión es quedarse con la tienda. Yo logré pagarles una primera deuda de 20 mil soles, pero ahora nuevamente debo 6 mil”, cuenta Ángel Quiñones Páucar, propietario de dos locales donde tenía montados sus negocios y que ahora alquila.

José Segura Rivera, otro pequeño empresario, asegura haber vivido una pesadillaBen Compupalace. Segura, de
37 años, llegó a tener 16 locales donde se brindaba soporte técnico para dispositivos electrónicos. “Yo llegué al centro comercial en el 2008 y alquilé un primer local ese año por 500 dólares mensuales y 225 soles de mantenimiento. Para el 2010 ya había alquilado 16 locales. Sin embargo, comencé a notar que la administración no estaba cumpliendo con su parte del trato que era mantener la limpieza del recinto, poner seguridad y hacer la publicidad para atraer clientes. Los que alquilábamos comenzamos a protestar y exigirles que rindieran cuentas del dinero que les pagábamos todos los meses”, dice Segura. Entonces empezó la pesadilla para este microempresario. “No les gustó que alce mi voz de protesta. Me pusieron denuncias en el Poder Judicial, en la comisaría, en la municipalidad. A los dueños de los locales les decían que no me rentaran más sus locales.

También me mandaron matones para decirme que no esté reclamando por los módulos que instalaron en los pasillos. Me han mandado a la quiebra y ahora solo puedo alquilar un par de locales. Encima ha puesto carteles afuera del centro comercial con promesas de hacer grandes a los microempresarios cuando nunca nos ha tendido la mano. Nosotros hemos tenido que subsistir haciendo nuestra propia publicidad mientras vemos cómo todo el dinero se va para pagar espacios publicitarios en Willax, donde lo entrevistan a cada rato”, dice. Enviamos un mensaje al teléfono personal del candidato López-Aliaga solicitándole un comentario sobre todas estas
afirmaciones la mañana del miércoles pasado, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. ■

Beatriz Mejía: “Me dijo que el Banco de Londres le había prestado 10 millones de dólares y que con 3 de ellos haría la campaña”.

Rafael López-Aliaga Cazorla, el candidato presidencial de Renovación Popular, es el amo y señor de Machu Picchu. Tiene el control casi absoluto de los servicios ferroviarios, el 50 % de las acciones del único hotel que hay en la ciudadela y hasta el usufructo de lo que genera el uso de los retretes que utilizan los visitantes. El empresario edificó su particular imperio en Cusco durante la dictadura de Fujimori y lo consolidó, a golpe de adendas, con el beneplácito de las administraciones de Alejandro Toledo, Alan García y Jorge Acurio Tito, el gobernador del Cusco, preso por corrupción.

El virreinato de López-Aliaga en Machu Picchu empezó a construirse en 1995. Ese año, en medio del tsunami privatizador del fujimorismo, el empresario y un grupo de socios le adquirieron al Estado el único hotel incrustado en la misma montaña de la ciudadela inca: el Sanctuary Lodge. El precio del exclusivo inmueble con vistas al Huayna Picchu fue una ganga: US$2’112,222.

Cuatro años después, en 1999, López Aliaga consiguió un socio estratégico para sus negocios: el grupo
hotelero Belmond, constituido en el paraíso fiscal de Bermuda. Esta alianza comercial empezó con la
administración del hotel Sanctuary Lodge. Ese mismo año los socios apostaron por un negocio estratégico: la licitación de la concesión del tren que une Cusco con la ciudadela inca.

Los socios ganaron la adjudicación con la compañía “Ferrocarril Transandino” y adquirieron el compromiso de invertir US$101’038,629. Pero la posición de dominio en el mercado del turismo a Machu Picchu todavía no
tenía forma. Según el acuerdo legal, la sociedad debía contratar a otra empresa para operar los trenes. “Ferrocarril Transandino” debía alquilar a un tercero las locomotoras y vagones.

Pero este requisito, cuyo objetivo era evitar un monopolio, se borroneó enseguida. El comité privatizador del
g o b i e r n o de Fujimori permitió que el concesionario y el operador del tren pudieran tener los mismos accionistas, de acuerdo a un anexo del contrato. López-Aliaga y sus socios tenían la mesa servida para
zamparse la entrada, el plato de fondo y el postre. En 1999 el actual candidato presidencial creó “PerúRail”, la empresa que operaría los trenes.

“La privatización, en lugar de promover competencia, generó incentivos perversos al concesionario”, dice un estudio sobre este caso elaborado por Eda Rivas, Hugo Gómez y Gianfranco Mejía. Los autores de esta auditoría concluyen que la decisión de que el concesionario y el operador del tren pertenezcan al mismo grupo empresarial debió ser “una medida excepcional y temporal” y no permanente. A partir de entonces, fustigar cualquier intento de competencia resultó pan comido.

En el 2004 la firma ferroviaria peruana “Fersimsac” denunció que la compañía de López-Aliaga se negó a alquilarle locomotoras y vagones argumentando que ya se los había rentado a “PerúRail”, la firma que también es de López-Aliaga. “Nos hicieron la vida imposible como competidores. Fuimos al Poder Judicial, pero el caso nunca se movió. Hemos tirado la toalla”, dice a este semanario el empresario Dante Quispe, directivo de Fersimsac.

Ante los reclamos, en el 2009 entró al mercado ferroviario en Machu Picchu la compañía “Inca Rail”, del grupo
peruano Crosland. La nueva empresa no representa amenaza al feudo del grupo Belmond y López-Aliaga
porque sólo tiene el 20 % de participación en ese mercado.

Alfredo Cornejo, empresario turístico y vocero del colectivo “Perú, te quiero diferente”, cuenta lo difícil que es
competir con “PerúRail” para las agencias de turismo. “Hay una competencia desleal con las agencias de turismo.

A un turista extranjero le podemos cobrar 230 dólares por el ingreso a Machu Picchu, transporte, visita guiada y,
algunas veces, almuerzo. Nuestra ganancia es de diez dólares. Pero “PerúRail’ ofrece ese mismo paquete a 180 dólares”, dice Cornejo a esta publicación. “PerúRail” programa cuarenta frecuencias diarias, entre Ollantaytambo y Machu Picchu. De ellas, cuatro son para los pobladores de la zona, que pagan 24 soles por un billete de ida y vuelta. El resto de frecuencias son destinadas a los turistas. Pero para la mayor parte de los viajeros nacionales los precios son inaccesibles, advierte Darwin Baca, alcalde de Machu Picchu.

“Ellos se orientan al turista extranjero porque tienen la posibilidad económica de pagar sus precios. No tienen un servicio para el turista  nacional que no puede asumir esos gastos. Para la reactivación del turismo hay que dar facilidades al turista local”, dice Baca. En diciembre del año pasado el burgomaestre encabezó una protesta exigiendo una tarifa adecuada a la realidad económica del ciudadano nacional. No ha sido escuchado. “Un turista peruano, para poder comprar un boleto barato, tiene que llegar diez días antes al Cusco. Y eso es imposible. Un peruano de clase media puede pagar 20 dólares, pero no $180. Si no tenemos mil peruanos por día en Cusco, no habrá reactivación económica”, dice Óscar Valencia, presidente del Frente de Defensa por los intereses de Machu
Picchu.

El lujoso hotel de cuatro estrellas Sanctuary Lodge, del que López-Aliaga es dueño del 50 % de las acciones, está también en la mira. Esta propiedad fue cedida por el gobierno regional del Cusco por veinte años, en 1995. Es decir, la concesión debía vencer en el 2015.

En el 2013 el entonces gobernador Jorge Acurio Tito firmó una ampliación de diez años de la concesión sin contar con la autorización del consejo regional, de acuerdo a la investigación de un grupo de trabajo de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso en el 2019.

Este grupo, presidido por la excongresista de Alianza para el Progreso Rebeca Cruz, exhortó al gobierno regional del Cusco resolver el contrato de concesión del hotel. El argumento es que la ampliación del contrato fue irregular porque no contó con la aprobación del consejo regional, un requisito indispensable según la ley vigente. Acurio está actualmente preso por recibir un soborno de US$1’250,000 de Odebrecht por la construcción de la Vía de Evitamiento del Cusco.

En el papel, lo que dice el acuerdo es que la empresa Perú OEH del grupo Belmond y López-Aliaga deben pagar mensualmente 10 mil dólares al gobierno regional por la concesión. El informe de la investigación parlamentaria apunta a que las empresas de Rafael López-Aliaga tienen también el control de los servicios higiénicos que están instalados en la ciudadela Inca. “Los diez mil dólares mensuales que paga el hotel salen del alquiler de los baños.

No tiene sentido porque el Sanctuary Lodge tiene 32 habitaciones y pasar una noche ahí cuesta 800 dólares como mínimo. Es un gran negocio para el señor López Aliaga”, dice el empresario turístico Alfredo Cornejo.

CANCELACIÓN DEL CONTRATO
Por todas estas irregularidades, en el 2019 la comisión que investigó los negocios de Rafael López-Aliaga en Machu Picchu pidió resolver el contrato de concesión del tren y acabar el monopolio. El grupo consideró, además, que el contrato con “Ferrocarril Transandino” debe ser anulado por no cumplir con los estándares internacionales de seguridad. Y en las conclusiones se conmina al “Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) que proceda a dar inicio a la caducidad del contrato”, dice el informe que no pudo ser discutido en el pleno por el cierre del Congreso en octubre del 2019.

La investigación también subraya que el negocio del tren se vio favorecido con cinco adendas firmadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Una de ellas, en el 2003, en pleno auge de la administración Toledo, amplió el contrato de concesión de 30 a 35 años (hasta el 2034). En el 2010, en el gobierno de Alan García, se firmó otra adenda. A partir de entonces, cualquier modificación al contrato ya no requiere de una “opinión favorable” de Ositrán, el organismo supervisor. “Varios gobiernos no han hecho su trabajo de fiscalizar a ‘PerúRail’. Se han hecho de la vista gorda. Esta concesión sólo ha servido para incrementar el patrimonio del señor López-Aliaga. Es un lobo disfrazado con piel de cerdo”, dice la exlegisladora Rebeca Cruz. En el 2016, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la compañía del candidato de Renovación Popular solicitó al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones firmar una nueva adenda para ampliar la concesión por cinco años más.

Es decir, hasta el 2039. A cambio ofreció construir una nueva estación ferroviaria, un túnel, un almacén, remodelar la sala de embarque, con una inversión de US$7’392,000. El pedido no fue aprobado. Hasta ahora.

El candidato presidencial de Renovación Popular posee el dominio de los servicios ferroviarios, el 50 % del único hotel erguido en la ciudadela y usufructúa hasta los retretes a los que acuden los visitantes Bajuras de Machu Picchu

 

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