El asesinato de un chofer de transporte en San Juan de Miraflores, a manos de extorsionadores, ha vuelto a encender la alarma. No es un hecho aislado, sino la repetición de una tragedia que los ciudadanos ya ven con dolorosa familiaridad: la delincuencia organizada y el sicariato siguen avanzando mientras las autoridades parecen incapaces de responder con firmeza.
La reacción de los transportistas de Lima y Callao —anunciar un paro de 24 horas como señal de protesta y duelo— revela una verdad incómoda: en el Perú, la gente tiene que detener el país para que el Estado empiece a escuchar. Este “apagado de motores” no es solo una medida gremial, es un grito de desesperación de miles de trabajadores que día a día salen a las calles sin garantías mínimas de seguridad.
La paradoja es brutal: la Policía, el Gobierno y las autoridades locales tienen como función esencial proteger a la ciudadanía. Pero cuando la seguridad falla y la extorsión se convierte en regla, los ciudadanos sienten que están solos frente al crimen. Protestar, entonces, se convierte en la única manera de recordarle al Estado cuál es su obligación básica.
El problema no es solo policial. Es un síntoma de un Estado precario, donde las instituciones se muestran débiles, fragmentadas o ausentes. La delincuencia avanza porque la respuesta estatal es tardía, descoordinada y, muchas veces, marcada por la indiferencia.
No podemos acostumbrarnos a vivir bajo el miedo. Tampoco podemos resignarnos a que cada asesinato se convierta en una cifra más. La seguridad no es un favor de los gobernantes: es un derecho de la ciudadanía y un deber irrenunciable del Estado.
De cara a las próximas elecciones, esta crisis debe ser una advertencia. Los ciudadanos debemos estar más atentos que nunca a la capacidad real de los candidatos para gobernar bien y enfrentar el crimen. No basta con discursos vacíos o promesas populistas; se necesitan planes claros, liderazgo firme y voluntad política.
La protesta de los transportistas nos recuerda algo esencial: el país no puede seguir siendo gobernado por autoridades que no cumplen, que no están preparadas, o que solo reaccionan cuando la gente sale a las calles. La seguridad no debería depender de un paro, sino de un Estado que funcione.
