Durante gran parte de las décadas de 1980 y 1990, la relación entre proveedores y clientes en el Perú se basaba, en términos generales, en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Las demoras en los pagos existían, como ocurre en cualquier economía, pero eran consideradas excepciones y no una práctica habitual. Cuando una empresa se retrasaba, solía ofrecer explicaciones y buscar mecanismos para regularizar su situación.
Con el paso de los años, sin embargo, comenzó a consolidarse un fenómeno preocupante que hoy afecta a miles de micro y pequeñas empresas peruanas: el uso sistemático de los proveedores como fuente de financiamiento gratuito.
Muchas grandes empresas, especialmente aquellas vinculadas a sectores con fuerte capacidad de negociación, han trasladado parte de sus necesidades financieras hacia los eslabones más débiles de la cadena productiva. El mecanismo es simple: reciben bienes o servicios, aceptan las facturas, pero extienden los plazos de pago mucho más allá de lo razonable o, en algunos casos, simplemente incumplen los compromisos asumidos.
El resultado es devastador para las pequeñas empresas.
Mientras esperan cobrar, deben seguir pagando salarios, impuestos, alquileres, servicios, préstamos y proveedores. En la práctica, terminan financiando las operaciones de compañías mucho más grandes y con mayor capacidad económica.
Lo más grave es que este fenómeno ha llegado a normalizarse.
Muchas empresas ya no consideran excepcional pagar a 120, 180 o incluso más días. En determinados sectores, los retrasos se han convertido en parte del modelo de negocio. Las micro y pequeñas empresas son obligadas a asumir riesgos financieros que no les corresponden y para los cuales no cuentan con respaldo suficiente.
La situación resulta aún más contradictoria cuando se observa la contratación pública. El Estado suele otorgar adelantos y mecanismos de financiamiento a los grandes contratistas. Sin embargo, estos mismos contratistas frecuentemente trasladan la carga financiera hacia sus proveedores más pequeños, quienes deben adquirir materias primas, contratar personal y ejecutar trabajos sin recibir adelantos equivalentes ni garantías efectivas de pago.
A ello se suma otro problema cada vez más frecuente: el uso de empresas intermediarias que aparecen durante la ejecución de proyectos y desaparecen cuando llegan los reclamos de pago. En muchos casos, los pequeños proveedores enfrentan largos procesos judiciales para recuperar recursos que representan años de trabajo y sacrificio.
Sorprende que este tema no ocupe un lugar prioritario en la agenda pública. Tampoco parece existir una acción coordinada de los gremios empresariales ni de las organizaciones que representan a las micro y pequeñas empresas.
Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que existen alternativas. En diversos países se han establecido límites a los plazos de pago, mecanismos de supervisión y sistemas de resolución de controversias destinados a proteger a los pequeños proveedores frente a prácticas abusivas.
El Perú necesita abrir este debate.
No se trata de enfrentar a grandes empresas contra pequeñas empresas. Se trata de construir un mercado más equilibrado, transparente y eficiente.
Una economía saludable no puede sostenerse sobre la asfixia financiera de quienes generan buena parte del empleo y de la actividad productiva del país.
Las micro y pequeñas empresas no deberían ser utilizadas como bancos gratuitos. Son actores fundamentales del desarrollo nacional y merecen reglas que garanticen relaciones comerciales justas, previsibles y responsables.
La pregunta ya no es si existe el problema. La pregunta es cuánto tiempo más seguiremos ignorándolo.
