En el Perú actual, donde el Ejecutivo parece haber sido reducido a una oficina subordinada del Congreso, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, actúa con la comodidad de quien sabe que tiene el poder, aunque no esté en Palacio de Gobierno. No lo necesita. Su alianza estratégica con la coalición que hoy controla el Congreso le ha dado más influencia de la que jamás tuvo como candidato presidencial o como empresario.
El caso del tren Lima–Chosica–Callao es el ejemplo más reciente –y más alarmante– de cómo se gobierna hoy: no con visión técnica ni planificación seria, sino con fines electorales y cálculos de poder.
Un tren que no estaba en el mapa
El proyecto de tren Lima–Chosica no figuraba en el plan de gobierno municipal de López Aliaga. No formaba parte de la cartera prioritaria de transporte urbano metropolitano. Tampoco tenía estudios técnicos avanzados ni consenso interinstitucional. Sin embargo, ha emergido súbitamente como “bandera de gestión” del alcalde, empujado no por necesidades ciudadanas evaluadas con seriedad, sino por una urgencia más personal: catapultarse como figura presidencial para 2026.
Y en esa carrera, el tren es más útil como símbolo que como solución.
Un tren sin rieles: presión política sin sustento técnico
El problema no es la idea del tren en sí –que podría ser necesaria en algún tramo del este limeño–, sino la forma y el fondo de cómo se impone. López Aliaga exige su ejecución inmediata, amenaza con romper mesas técnicas, pide la cabeza del ministro de Transportes y exige al Gobierno un Decreto de Urgencia para saltarse plazos, trámites y estudios. En pocas palabras: quiere que el Estado haga lo que él ordena, a la velocidad que él quiere.
El teniente alcalde, Renzo Reggiardo, fue más claro aún: “hay que eliminar excusas para justificar demoras de hasta 39 meses”. Traducción: bypassear el sistema institucional para cumplir un objetivo político.
Un tren que responde a la lógica del poder
Esta estrategia no es aislada. López Aliaga es parte de un bloque político dominante que articula a la derecha autoritaria del Congreso, a sectores de las Fuerzas Armadas, a grupos empresariales y mediáticos, y a una ciudadanía conservadora y desencantada. Es un bloque que ha vacado presidentes, que ha convertido al Ejecutivo en rehén de sus intereses, y que gobierna desde el Parlamento sin haber ganado la presidencia.
En este juego de poder, el alcalde de Lima actúa como operador, beneficiario y candidato de ese sistema. Sus exigencias al Ejecutivo no se hacen desde una posición de coordinación técnica, sino desde una amenaza política. Si el gobierno no accede, lo acusan de ineficiente, lo chantajean con la vacancia, y lo desgastan hasta doblegarlo.
Rumbo a 2026: el tren electoral está en marcha
Todo esto apunta a un solo destino: la elección presidencial de 2026. López Aliaga sabe que necesita una “obra estrella” que le dé visibilidad nacional, y el tren cumple ese rol. No importa si es viable, sostenible o prioritario. Lo importante es que suene grandioso. Como lo fue su propuesta del “monorriel” en la campaña de 2021, o la “ciudad interconectada por teleféricos” que jamás se concretó.
La diferencia es que esta vez, con el poder del Congreso detrás y un Ejecutivo debilitado, sí tiene la maquinaria para intentar imponerlo.
¿Y el país?
El uso político del Estado, la manipulación de obras públicas con fines electorales y el desprecio por los procesos técnicos son síntomas de un modelo de poder autoritario y clientelista que ya hemos vivido antes. Hoy, el tren Lima–Chosica no es solo un proyecto de transporte; es el símbolo de cómo se tuerce la institucionalidad para alimentar una candidatura.
Si el Perú sigue transitando esta vía, pronto no necesitaremos trenes, sino una nueva Constitución que ponga freno a la captura del Estado por parte de los intereses particulares.
