Política

FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN: NADIE PUEDE CONSEGUIR POR MANIOBRAS LO QUE LA LEY LE PROHÍBE

El intento de Rafael López Aliaga de volver a la Alcaldía de Lima mediante una candidatura como primer regidor abre un debate fundamental sobre el respeto a la Constitución. Las prohibiciones constitucionales no pueden convertirse en obstáculos que se sortean mediante artificios electorales. El Estado de derecho exige que se respete tanto la letra como la finalidad de la ley.

Hay principios jurídicos que no admiten interpretaciones acomodaticias. Uno de ellos es que nadie puede utilizar mecanismos fraudulentos para conseguir aquello que el ordenamiento jurídico le prohíbe.

La Constitución no es un documento decorativo, ni un conjunto de recomendaciones que los políticos pueden interpretar a su conveniencia. Es la norma fundamental que establece los límites del poder, determina las reglas de convivencia democrática y obliga por igual a gobernantes, partidos políticos, autoridades electorales y ciudadanos.

El caso de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, representa un ejemplo particularmente importante para examinar hasta dónde pueden llegar las maniobras políticas cuando se pretende sortear una prohibición constitucional.

No estamos discutiendo simplemente una candidatura municipal. Estamos discutiendo si una persona que ya ejerció la Alcaldía puede encontrar una vía indirecta para volver a ocupar inmediatamente el mismo cargo, pese a que la Constitución establece una prohibición expresa.

La Constitución establece una prohibición que no admite simulaciones

El artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado mediante la Ley 30305, establece que los alcaldes y gobernadores regionales no pueden ser reelegidos inmediatamente para el periodo siguiente.

La finalidad de esta disposición es clara: impedir la continuidad inmediata en el ejercicio de esos cargos mediante una nueva elección.

La norma no debe interpretarse exclusivamente desde el nombre del puesto al que formalmente se presenta un candidato. Debe examinarse también el resultado jurídico y político que se pretende conseguir.

Y aquí aparece el problema.

Rafael López Aliaga ejerció la Alcaldía de Lima durante el periodo 2023-2026. Renunció para participar en las elecciones presidenciales y posteriormente se incorporó a la lista municipal de Renovación Popular como primer regidor, acompañando inicialmente al candidato Luis Rubio.

Esta fórmula abría la posibilidad de que, mediante las reglas de sucesión previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, pudiera retornar a la Alcaldía de Lima sin presentarse formalmente como candidato a alcalde.

Es decir, se pretendía acceder nuevamente al mismo cargo mediante una posición electoral diferente.

¿Puede una formalidad electoral dejar sin efecto una prohibición constitucional?

Esa es la pregunta fundamental.

El fraude a la ley: cuando se utiliza una vía formal para conseguir un resultado prohibido

El derecho reconoce el principio del fraude a la ley para identificar aquellas situaciones en las que se utiliza una norma o mecanismo jurídico aparentemente permitido con el propósito de alcanzar un resultado contrario a otra disposición imperativa.

No basta con observar si se cumplió una formalidad. También es necesario examinar qué resultado se busca producir y si ese resultado contradice una prohibición del ordenamiento jurídico.

En este caso, la discusión es particularmente relevante porque la candidatura como primer regidor no puede analizarse separadamente de las reglas que permiten al primer regidor asumir la alcaldía ante determinadas circunstancias.

Si la consecuencia previsible de esa fórmula es que quien ya ejerció la Alcaldía vuelva a ocuparla durante el periodo inmediatamente siguiente, estamos ante una situación que debe examinarse desde la finalidad de la prohibición constitucional.

Aceptar una interpretación exclusivamente formal significaría abrir una puerta para que las restricciones constitucionales puedan ser eludidas mediante cambios en la denominación de las candidaturas.

La Constitución no puede quedar subordinada a la creatividad de las estrategias electorales.

El Jurado Nacional de Elecciones y una decisión que debe defenderse con argumentos constitucionales

El 7 de noviembre de 2026, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones adoptó la Resolución 4557-2026-JNE, estableciendo que quienes ejercieron la alcaldía durante el periodo inmediatamente anterior y postularon como primeros regidores no podrán asumir nuevamente ese cargo en el siguiente periodo, tampoco mediante una posterior vacancia o suspensión.

La mayoría del organismo electoral consideró que una interpretación contraria permitiría eludir la prohibición constitucional.

El razonamiento se apoya también en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que dispone la sucesión del alcalde por el primer regidor hábil. La condición de primer regidor, según la interpretación del JNE, no significa que automáticamente se tenga habilitación constitucional para asumir la alcaldía.

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Es importante señalar que la decisión tuvo tres votos a favor y dos en contra. Las magistradas que conformaron la minoría sostuvieron una interpretación distinta sobre el alcance de la prohibición constitucional y las reglas de sucesión municipal. Esa discrepancia debe conocerse y discutirse jurídicamente.

Sin embargo, el criterio mayoritario del JNE representa una respuesta institucional al problema de las denominadas reelecciones encubiertas.

Una denuncia contra el JNE que abre otro frente de confrontación

La controversia no terminó con la resolución electoral.

El 17 de noviembre se conoció que la bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra los magistrados del JNE, atribuyéndoles presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, además de infracciones constitucionales.

La agrupación sostiene que el organismo electoral habría excedido sus atribuciones y desconocido el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

También anunció acciones para cuestionar la resolución y la posibilidad de recurrir al Poder Judicial mediante una acción de amparo.

Naturalmente, todo partido político tiene derecho a utilizar los mecanismos legales para cuestionar las decisiones de las autoridades electorales. Ese derecho forma parte de la democracia.

Pero hay una cuestión que no puede perderse de vista: el derecho a la participación política no significa tener derecho a desconocer las prohibiciones constitucionales.

Tampoco puede confundirse el respaldo electoral obtenido por una organización política con una autorización para que cualquiera de sus integrantes ocupe un cargo al margen de los requisitos constitucionales.

La voluntad popular es fundamental, pero se expresa dentro de las reglas de la Constitución.

El peligroso precedente que se pretende abrir

Imaginemos las consecuencias de aceptar que un alcalde impedido de reelegirse inmediatamente pueda presentarse como primer regidor, esperar las circunstancias que le permitan acceder a la alcaldía y volver a ejercer el mismo cargo.

¿Qué impediría que otros alcaldes reproduzcan esa fórmula en diferentes municipalidades?

¿Qué sentido tendría entonces la prohibición constitucional?

¿Para qué establecer límites a la continuidad en el poder si estos pudieran neutralizarse mediante acuerdos partidarios, renuncias estratégicas y mecanismos de sucesión?

La Constitución no puede convertirse en un obstáculo que se rodea mediante artificios.

La prohibición de reelección inmediata tiene una finalidad institucional: impedir la continuidad consecutiva de una misma autoridad en el ejercicio de la alcaldía. Por ello, su aplicación debe atender a los efectos reales de las operaciones electorales y no solamente a las denominaciones formales.

La democracia también consiste en respetar los límites del poder

Hay una lección que debemos extraer de esta controversia.

La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. También consiste en aceptar las reglas, respetar los límites constitucionales y reconocer que ninguna persona está por encima del ordenamiento jurídico.

Los partidos políticos no pueden pretender que las normas sean obligatorias para sus adversarios y flexibles para sus dirigentes.

Las autoridades electorales tampoco están exentas de control: sus decisiones deben estar debidamente motivadas, respetar las competencias constitucionales y garantizar el debido proceso.

Pero ninguna discusión sobre competencias institucionales debe convertirse en una justificación para vaciar de contenido una prohibición constitucional.

El país necesita reglas claras, autoridades independientes y organizaciones políticas capaces de comprender que el poder tiene límites.

Hay que poner coto a las maniobras contra la Constitución

Lo que está en discusión en Lima trasciende la figura de Rafael López Aliaga. Es un problema que compromete la integridad del sistema electoral y la credibilidad de las instituciones democráticas.

Si permitimos que las prohibiciones constitucionales puedan ser burladas mediante procedimientos indirectos, terminaremos construyendo una democracia de apariencias: formalmente respetuosa de las normas, pero materialmente vulnerable a las maniobras de quienes buscan permanecer en el poder.

El principio debe ser inequívoco: nadie puede conseguir por una vía indirecta aquello que la Constitución le prohíbe obtener directamente.

La legalidad no puede ser una cuestión de conveniencia partidaria. La Constitución no se negocia, no se acomoda a las aspiraciones personales ni se convierte en un instrumento disponible para las estrategias electorales.

El Perú necesita poner coto a las maniobras que pretenden convertir las prohibiciones constitucionales en simples formalidades. No se trata de impedir la participación política de nadie, sino de garantizar que todos participen bajo las mismas reglas.

Porque cuando la Constitución pierde su capacidad de imponer límites al poder, lo que se debilita no es solamente una institución: es la propia democracia.

NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN. NI LOS PRESIDENTES, NI LOS ALCALDES, NI LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

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