Impunidad. Fiscal de la Nación reproduce la versión errada del congresista sobre una supuesta decisión por unanimidad de ocultar información. También malinterpreta una resolución del Tribunal de Transparencia.
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, decidió enviar al archivo la investigación contra el congresista José María Balcázar, en el caso del incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acto cometido durante el proceso de selección de los actuales miembros del Tribunal Constitucional (TC).
Juan Carlos Villena asumió el caso a mitad del proceso tras reemplazar a la suspendida Patricia Benavides.
Durante la gestión de esta fiscal, hubo actos dilatorios de blindaje a favor de José Balcázar. El caso había sido elevado al despacho de Benavides en enero del 2023, pero todo quedó encarpetado hasta el 24 de julio del mismo año, cuando recién salió la disposición de inicio de las indagaciones.
Balcázar acudió a la Fiscalía recién en octubre para brindar su manifestación. El proceso ha ido avanzando a paso de tortuga, hasta que Benavides fue suspendida el 6 de diciembre.
Juan Carlos Villena asumió en su reemplazo y básicamente llegó para firmar una disposición de archivo de la investigación a Balcázar. Esta fue emitida el 5 de febrero de este año. El contenido, sin embargo, deja en evidencia notorias deficiencias.
Falsedad y contradicción
Durante el proceso de elección de los miembros del TC, el legislador José Balcázar ocultó información relevante sobre los postulantes, la misma que había sido elaborada por la Contraloría General de la República.
Al ser requerido por esta redacción para entregar los informes, Balcázar remitió las copias, pero con más del 80% de las páginas borradas. Por esta razón, el Tribunal de Transparencia calificó el hecho como incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y derivó el caso a la Fiscalía para que procedan con investigar al legislador por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
En la disposición de archivo, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, consigna unilateralmente la versión de José Balcázar, en el sentido de que en la comisión especial hubo un acuerdo “por unanimidad” para la entrega de información censurada.
Fuentes de La República precisaron, sin embargo, que durante los actos indagatorios la Fiscalía recibió formalmente información congresal que desmiente la versión de Balcázar. Nada de eso es consignado en la disposición de archivo.
Balcázar también parece tomar el pelo al Ministerio Público, cuando menciona que cumplió con entregar la información “tal como lo ordenó el Tribunal de Transparencia, es decir, los informes con la información sensible omitida”.
Al contrario, el Tribunal de Transparencia concluyó que dicha omisión de información supone el incumplimiento de la Ley de Transparencia, razón por la cual, precisamente, envió el caso al Ministerio Público.
Un segundo aspecto cuestionable de la disposición de archivo del fiscal Villena es que invoca solo un extremo de una resolución del Tribunal de Transparencia, en la que hace mención que el Congreso puede omitir información sobre determinados datos personales.
Sin embargo, el mismo Tribunal de Transparencia ha resuelto con amplitud el caso concreto de Balcázar y determinó que hubo incumplimiento de la ley. Por eso, envía el expediente a la Fiscalía, ante la posible comisión de un delito. Pero la investigación no solo fue lenta, sino también muy ambigua.
Datos
Revisión. El estudio Arbizú y Gamarra, representado por el abogado Aarón Emilio Alemán, presentó un recurso de elevación para que el caso sea analizado por la Junta de Fiscales Supremos. Un aspecto clave que observan es la falta de motivación en la disposición de archivo.
Resolución
Disposición emitida por Juan Carlos Villena. Hay serias deficiencias en las motivaciones de esta decisión.
Fuente: La República
