Perú y Venezuela vuelven a hablar, esta vez para abordar la repatriación y expulsión de ciudadanos venezolanos. El anuncio abre una discusión que va más allá de la seguridad y el control migratorio: interpela a los gobiernos sobre la responsabilidad de proteger los derechos humanos, la dignidad de las personas y la necesidad de una cooperación regional que responda a un problema que ningún país puede resolver por sí solo.
Por: Redacción Mudo Social
La política suele estar llena de contradicciones. A veces, quienes durante años han sostenido posiciones irreconciliables terminan sentándose a conversar cuando la realidad impone necesidades que los discursos no pueden resolver.
Eso es lo que parece ocurrir tras el anuncio de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, de haber sostenido una comunicación telefónica con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, para coordinar la repatriación de ciudadanos venezolanos y los procedimientos de expulsión de quienes se encuentran en situación migratoria irregular en el Perú.
Según lo informado, ambos gobiernos han encargado a sus cancillerías la coordinación de los protocolos necesarios para realizar estos procedimientos por vía aérea, de manera ordenada y segura. Fujimori también manifestó su disposición a respaldar el programa venezolano Vuelta a la Patria.
El anuncio tiene una dimensión política que merece atención. Las relaciones entre Lima y Caracas quedaron profundamente deterioradas después de las elecciones venezolanas de julio de 2024, cuando el Perú reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo y cuestionó la proclamación de Nicolás Maduro. Posteriormente, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas quedó condicionado por las exigencias peruanas de democratización, liberación de presos políticos y elecciones libres.
Sin embargo, la necesidad de abordar el problema migratorio ha abierto un espacio de entendimiento. Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿pueden dos gobiernos mantener diferencias políticas profundas y, al mismo tiempo, cooperar para resolver problemas concretos que afectan a sus ciudadanos?
La respuesta debería ser afirmativa. La diplomacia no puede reducirse a la afinidad ideológica entre gobernantes ni convertirse en una prolongación de las disputas políticas internas. Cuando existen asuntos humanitarios, migratorios o económicos que requieren soluciones, el diálogo constituye una herramienta indispensable.
La migración no puede abordarse únicamente desde la expulsión
En el Perú, la migración venezolana se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate público. La preocupación por la inseguridad ciudadana, la informalidad y la presión sobre determinados servicios públicos ha alimentado una discusión en la que, con demasiada frecuencia, se termina confundiendo a una población entera con las acciones delictivas de una parte de sus integrantes.
Es necesario decirlo con claridad: el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, hacer cumplir las leyes migratorias e investigar y sancionar los delitos. Pero también tiene la obligación de evitar la discriminación y garantizar que toda medida administrativa se aplique con respeto a la ley y a los derechos fundamentales.
La situación migratoria irregular no convierte automáticamente a una persona en delincuente. Tampoco puede utilizarse como justificación para procedimientos arbitrarios, separaciones familiares injustificadas o expulsiones que ignoren las circunstancias particulares de cada caso.
Por eso, el anuncio presidencial debe evaluarse no solamente por la cantidad de personas que eventualmente puedan retornar a Venezuela, sino también por las garantías que acompañen cada procedimiento, la transparencia de los criterios utilizados y el respeto al debido proceso.
La palabra «expulsión» tiene consecuencias concretas en la vida de las personas. Detrás de cada expediente hay familias, historias de desplazamiento, necesidades económicas y, en algunos casos, situaciones de especial vulnerabilidad que requieren una evaluación individual.
Una política migratoria eficaz no es necesariamente la que promete más expulsiones, sino aquella que consigue hacer cumplir la ley sin abandonar los principios que sostienen a un Estado democrático.
Venezuela también tiene una responsabilidad
El otro lado de esta discusión conduce inevitablemente a Venezuela.
Millones de venezolanos abandonaron su país durante los últimos años en medio de una prolongada crisis política, económica y social. Muchos encontraron en el Perú una oportunidad para trabajar, establecer negocios y reconstruir sus vidas. Otros enfrentaron precariedad, explotación laboral y dificultades para regularizar su situación.
Si el Gobierno venezolano está dispuesto a colaborar con el retorno de sus ciudadanos, esa disposición debe traducirse en medidas concretas: documentación oportuna, recepción efectiva de las personas repatriadas y mecanismos que permitan su reintegración social y económica.
El programa Vuelta a la Patria, promovido por las autoridades venezolanas, plantea precisamente el retorno de ciudadanos que desean regresar a su país. Pero no debe confundirse el retorno voluntario con una expulsión ejecutada por el Estado receptor. Son procedimientos diferentes, con condiciones y garantías que deben distinguirse claramente.
La cooperación bilateral tendrá verdadero sentido si permite identificar esas diferencias y actuar en consecuencia. El retorno voluntario requiere que la decisión sea libre e informada; la expulsión, por su parte, debe sujetarse a los procedimientos legales aplicables y a las obligaciones internacionales de protección.
Asimismo, ningún acuerdo de repatriación debería convertirse en un mecanismo para trasladar personas sin evaluar riesgos individuales, particularmente cuando puedan existir amenazas de persecución, tortura u otras vulneraciones graves de derechos humanos.
La contradicción política y el pragmatismo diplomático
Hay un elemento adicional que no puede pasar inadvertido. La comunicación entre Fujimori y Rodríguez se produce mientras el Gobierno peruano mantiene, según las declaraciones citadas del canciller Carlos Espá, sus exigencias políticas para restablecer plenamente las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Esto demuestra que los vínculos entre Estados no siempre avanzan de manera uniforme. Puede haber cooperación consular y coordinación sobre asuntos específicos sin que se hayan superado las diferencias políticas de fondo.
Lejos de ser necesariamente una contradicción, esta situación puede representar una forma de pragmatismo diplomático. La cuestión es si ese pragmatismo se aplicará con coherencia o si quedará subordinado a las conveniencias de la coyuntura política.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué compromisos se han asumido, cuántas personas podrían beneficiarse del programa de retorno, cuáles serán los criterios para las expulsiones y qué mecanismos de supervisión se establecerán. También debe saberse cómo se financiarán las operaciones y qué responsabilidades corresponderán a cada país.
No basta con anunciar una llamada telefónica. La diplomacia produce resultados cuando los acuerdos se convierten en procedimientos verificables, transparentes y respetuosos de la legalidad.
Una solución que exige responsabilidad, no demagogia
El Perú necesita una política migratoria ordenada. Necesita controlar sus fronteras, identificar a quienes ingresan al territorio nacional, combatir las redes criminales y garantizar que las personas que incumplen la legislación respondan conforme a derecho.
Pero también necesita evitar que la migración se convierta en una herramienta de confrontación política o en una explicación simplista de todos los problemas de seguridad que enfrenta el país.
La inseguridad ciudadana tiene múltiples causas y exige respuestas integrales. Una política de expulsiones, por sí sola, no sustituye la investigación criminal, el fortalecimiento policial, la reforma del sistema penitenciario ni la cooperación judicial internacional.
Por su parte, Venezuela debe asumir la responsabilidad de colaborar efectivamente con la identificación y recepción de sus nacionales, así como de ofrecer condiciones dignas para quienes decidan regresar.
La conversación entre Keiko Fujimori y Delcy Rodríguez puede abrir una oportunidad para avanzar en esa dirección. Pero su importancia no debería medirse por el efecto político inmediato ni por la dureza de los anuncios, sino por los resultados concretos y por la manera en que estos se alcancen.
Mudo Social considera que la seguridad y los derechos humanos no son objetivos incompatibles. Un Estado democrático puede hacer cumplir sus leyes sin renunciar a la dignidad humana; puede controlar sus fronteras sin convertir a los migrantes en enemigos colectivos; y puede negociar con un gobierno con el que mantiene diferencias políticas sin abandonar sus principios.
Al final, la verdadera prueba de esta iniciativa no estará en las declaraciones de sus protagonistas, sino en su capacidad para ofrecer soluciones legales, humanas y sostenibles a un problema regional que exige menos demagogia y más responsabilidad política.
