Cuando el fiscal interino Tomás Gálvez retornó al Ministerio Público, ya existía una preocupación legítima. Pero cuando asumió la Fiscalía de la Nación, no se necesitaba ser adivino para anticipar lo que vendría. El desenlace estaba escrito desde el inicio.
Gálvez no regresaba como un actor neutral. Su nombre había aparecido, directa o indirectamente, en investigaciones emblemáticas por corrupción. En ese contexto, la “respuesta” institucional no podía ser otra: desaparecer documentos, desactivar equipos incómodos, desarmar comisiones clave. No por eficiencia, no por modernización, sino porque en el fondo lo que se busca es impunidad.
La estrategia es conocida:
hablar mucho, soltar declaraciones provocadoras, abrir debates artificiales para entretener a la opinión pública, mientras en los hechos no hay sanciones, no hay responsabilidades, no hay consecuencias. El tiempo —ese gran aliado del poder— se encarga luego de cerrar los casos por agotamiento, por inanición, por desgaste.
Eso es exactamente lo que ocurrió el 6 de enero de 2026, cuando Gálvez oficializó la desactivación de los Equipos Especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos del Puerto, mediante cuatro resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano. La medida, anunciada con anticipación, se justificó bajo el argumento de “unificar la estrategia de persecución penal”.
Pero la forma y el fondo importan.
No fue casual que la decisión se formalizara en el llamado “Día de la Bajada de Reyes”. El propio Gálvez lo dijo con ironía: “Como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes… bajamos a todos los reyes”. No era solo una resolución administrativa: era un mensaje político, cargado de desprecio institucional.
Como consecuencia inmediata, Rafael Vela fue removido de la coordinación del Equipo Especial Lava Jato, y Alfonso Barrenechea dejó la coordinación de Cuellos Blancos del Puerto. Las investigaciones —97 carpetas solo en Lava Jato— pasaron a subsistemas “especializados” bajo un mando unificado.
En el papel, suena ordenado.
En la práctica, es una desarticulación deliberada.
El Eficcop, encargado de investigar la corrupción en el poder, también fue desmantelado. El Eficavip, que investigaba las muertes durante las protestas sociales de 2022 y 2023, fue absorbido por el sistema de Derechos Humanos, diluyendo la especificidad y urgencia de esos casos.
Las críticas no tardaron. Rafael Vela advirtió que esta decisión era una “ofrenda a la corrupción” y que convertía a la Fiscalía de la Nación en una “mesa de partes del Congreso”. Por su parte, José Domingo Pérez señaló que Gálvez debía abstenerse por adelanto de opinión y lo responsabilizó de cualquier perjuicio en los casos emblemáticos.
Nada de eso detuvo la maquinaria.
Lo ocurrido no es una simple reorganización administrativa. Es un retroceso histórico en la lucha contra la corrupción. Es la confirmación de que quienes ayer fueron investigados, hoy controlan las palancas del poder. Y cuando eso sucede, la justicia deja de ser justicia y se convierte en escenografía.
El país pierde.
La institucionalidad se degrada.
La impunidad avanza.
Y lo más grave: se normaliza.
