Con los argumentos expuestos y frente al avance acelerado de una narrativa interesada, es necesario decirlo con claridad: Petroperú es patrimonio de los peruanos y debe ser reconocida como empresa estratégica del Estado, no como un problema a liquidar.
No estamos ante una discusión ideológica ni romántica. Estamos ante una decisión de desarrollo nacional. En ningún país serio se debilita deliberadamente a su empresa energética para luego justificar su entrega. Por el contrario, las naciones que entienden la energía como poder fortalecen sus empresas estatales, las profesionalizan y las blindan de la captura política y privada.
El problema no es Petroperú, es cómo se la ha administrado
Petroperú no fracasa por naturaleza. Fracasa cuando:
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Se la usa como botín político.
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Se la llena de una burocracia dorada, ineficiente y desconectada de resultados.
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Se la debilita desde dentro para luego exhibirla como inviable.
La solución no es fragmentarla ni ceder sus activos estratégicos, sino reorganizarla con criterio técnico, ético y moderno.
Eso implica:
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Rescatar a los trabajadores valiosos y altamente capacitados, que sí existen y han sostenido la empresa incluso en condiciones adversas.
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Separar claramente gestión técnica de interferencia política.
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Reducir estructuras redundantes y eliminar privilegios injustificables.
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Implementar una gerencia moderna por resultados, con metas claras, evaluables y públicas.
Control ciudadano, academia y estándares internacionales
Una Petroperú fortalecida no puede funcionar a espaldas del país. Debe operar con:
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Veeduría ciudadana permanente.
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Acompañamiento académico independiente.
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Consultorías internacionales especializadas, no como excepción, sino como práctica continua.
La transparencia no debilita a la empresa: la protege.
¿Para qué debe servir Petroperú?
Petroperú debe cumplir, sin ambigüedades, sus funciones estratégicas:
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Generar ingresos sostenibles para el Estado peruano, contribuyendo a financiar políticas públicas.
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Estabilizar los precios de los combustibles, protegiendo a las familias y a la economía nacional frente a shocks externos.
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Garantizar seguridad energética, condición básica para el desarrollo.
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Potenciar la explotación de los recursos petroleros con valor agregado, no solo como exportador primario, sino como actor industrial.
Esto no es una utopía. Es exactamente lo que hacen empresas estatales exitosas en la región como Ecopetrol, Petrobras o incluso ENAP, en países con realidades distintas pero con una convicción común: la energía no se regala.
El argumento más débil: “es inviable”
A los que hoy exigen su entrega bajo el argumento de que Petroperú “pierde miles de millones”, cabe una pregunta elemental:
¿Creen realmente que el sector privado se interesa por empresas inviables?
No.
Si hoy hay apetito por Talara, por los lotes, por los ductos y por la operación, es porque el negocio es rentable.
Lo que se pretende no es salvar al país, sino trasladar la rentabilidad a manos privadas, dejando la deuda y el riesgo al Estado.
Vendepatrias y quinta columna
Hay que decirlo sin eufemismos: existe en el país una quinta columna que opera al servicio de intereses externos. Personas y grupos que, bajo el disfraz de “responsabilidad fiscal”, cumplen un rol destructivo, empujando al Perú a renunciar sistemáticamente a sus herramientas de desarrollo.
No es la primera vez.
Y si no se detiene ahora, el resultado será el mismo de siempre: 30 años más de inestabilidad, dependencia, conflicto y violencia.
Defender Petroperú es defender el futuro
Defender Petroperú no es negar la necesidad de reformas.
Es exactamente lo contrario: es apostar por una reforma profunda, honesta y nacional, que convierta a la empresa en lo que siempre debió ser.
Petroperú no se vende.
Petroperú no se fragmenta.
Petroperú se recupera, se fortalece y se pone al servicio del país.
Porque cuando un país entrega su energía, entrega su destino.
