Un presidente de la República —interino o no— no está obligado a vivir como un ermitaño, aislado del mundo, incomunicado y ajeno a la realidad económica, empresarial o diplomática del país. Todo lo contrario: su función exige dialogar, comunicar, convencer y generar confianza para que el país avance, atraiga inversiones y mantenga relaciones fluidas con actores nacionales e internacionales.
El problema no es con quién se reúne, sino cómo, dónde y bajo qué reglas lo hace.
Libertad personal vs. responsabilidad institucional
José Jerí, como cualquier ciudadano, tiene libertad de tránsito, de reunión y de expresión. Nadie discute eso. Pero al asumir la más alta magistratura del Estado —aunque sea de manera interina— esa libertad queda limitada por el cargo, no por la ley penal, sino por el decoro, la prudencia y el respeto a la opinión pública.
Un presidente no puede comportarse como un particular más. Puede recibir propuestas, escuchar reclamos o evaluar iniciativas privadas, sí. Pero no puede hacerlo en escenarios opacos, ni mucho menos en reuniones privadas con empresarios que mantienen o podrían mantener contratos con el Estado.
Ahí no se necesita ser jurista, constitucionalista ni doctor en derecho administrativo. Basta sentido común.
Transparencia no es una formalidad, es una obligación
El estándar democrático es claro:
– reuniones registradas,
– agendas públicas,
– contextos institucionales,
– presencia de funcionarios responsables,
– trazabilidad de lo conversado.
Cuando un presidente se reúne en privado con contratistas del Estado o actores con intereses económicos directos, el problema no es necesariamente la ilegalidad, sino la ruptura del principio de transparencia y la sospecha razonable de tráfico de influencias.
La función pública no solo debe ser honesta: debe parecerlo.
El doble rasero del juicio político
El debate sobre si estas reuniones constituyen o no causal de vacancia por incapacidad moral permanente ha dejado al descubierto otra grieta mayor: la aplicación selectiva del estándar moral.
Para algunos, cualquier conducta similar en gobiernos anteriores ameritó allanamientos, investigaciones exprés y presión política inmediata. Hoy, frente a hechos comparables, se habla de “ponderación”, “grados de evaluación” y “ausencia de pruebas concluyentes”.
No es casualidad que quienes minimizan la conducta de Jerí pertenezcan —o postulen— al mismo bloque político que hoy controla el Congreso.
La vacancia como arma política (otra vez)
Marianella Ledesma sostiene que la conducta es inapropiada y habilita una vacancia. Carlos Mesía afirma que es impropia, pero insuficiente para configurar incapacidad moral. Ambos tienen argumentos jurídicos. Pero el problema ya no es jurídico: es político y ético.
La vacancia se ha convertido en una herramienta discrecional, no en un mecanismo excepcional. Se activa o se congela según la conveniencia del momento y del personaje involucrado.
No es persecución, es criterio
Exigir transparencia, decoro y prudencia no es persecución política. Es mínimo democrático.
Nadie pide que un presidente no converse. Se pide que no cruce líneas que cualquier ciudadano sensato evitaría.
El cargo exige límites que no están escritos en códigos, sino en algo mucho más elemental: el respeto por la función y por la inteligencia de la ciudadanía.
Cuando ni siquiera eso se comprende, el problema ya no es legal. Es cultural.
Y cuando el sentido común deja de gobernar a quienes gobiernan, la democracia entra en zona de riesgo, aunque todo esté “formalmente” dentro de la ley.
