No es una sospecha. Ya no es una percepción ciudadana ni un discurso opositor. Es un patrón.
La reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que mantiene en carrera a Patricia Chirinos y excluye a Luis Aragón, confirma algo que en el Perú se viene consolidando peligrosamente: la ley se aplica con rigor a los no aliados y con flexibilidad generosa a los amigos del poder.
Para unos, la norma “al pie de la letra”.
Para otros, la norma “interpretada”, “subsanable”, “ampliada” y, curiosamente, siempre beneficiosa.
Dos candidatos, dos criterios, una sola autoridad
El caso de Luis Aragón es ilustrativo. El JNE ratifica su exclusión por una afiliación partidaria no regularizada, pese a que su defensa alegó error material, derecho a la participación política y precedentes favorables en otras jurisdicciones. Nada fue suficiente. La formalidad se impuso como dogma inquebrantable.
En cambio, Patricia Chirinos —con observaciones sobre democracia interna, listas incompletas y designaciones directas— logra revertir su exclusión. Aquí, la rigidez se diluye. Aparece la interpretación “razonable”, la amplitud legal y la comprensión del contexto partidario.
¿La diferencia? No jurídica. Política.
El derecho electoral como herramienta de poder
El problema no es solo quién entra o quién sale de la contienda. El problema es cómo el sistema electoral empieza a operar como un filtro político, no como un árbitro neutral.
Cuando las normas se vuelven elásticas para unos y de acero para otros, el mensaje es devastador:
la legalidad ya no garantiza igualdad, sino obediencia.
El JNE, llamado a ser garante de imparcialidad, termina reforzando la idea de que la institucionalidad responde al equilibrio de fuerzas, no al principio de justicia.
Democracia selectiva, institucionalidad capturada
Este episodio se suma a una cadena más amplia:
– fiscales usados como presión política,
– investigaciones oportunas,
– advertencias desde el Congreso,
– y ahora, resoluciones electorales con sabor a alineamiento.
No es casualidad que los beneficiados pertenezcan al mismo ecosistema político que hoy controla el Congreso y condiciona al Ejecutivo. La democracia peruana ya no funciona como un sistema de reglas, sino como un club con membresías diferenciadas.
El verdadero riesgo: normalizar la arbitrariedad
Lo más grave no es la resolución en sí. Es que empiece a parecer normal. Que se acepte que “así funciona la política”. Que se asuma que la ley es negociable dependiendo del peso del apellido o del partido.
Cuando la ciudadanía internaliza que la justicia no es neutral, la democracia pierde su última defensa: la confianza.
Hoy no estamos ante un simple fallo electoral. Estamos ante otra señal de alerta de un sistema que ha dejado de proteger derechos para empezar a administrar conveniencias.
Y cuando la ley deja de ser igual para todos, la democracia se convierte en una ficción con actas y sellos.
