La reciente difusión pública de imágenes de las celdas de los expresidentes recluidos en el penal de Barbadillo no puede entenderse como un simple procedimiento administrativo ni como un acto rutinario de control penitenciario. La manera en que se expusieron las condiciones de reclusión, las precariedades materiales y hasta los objetos de carácter privado revela un acto innecesario, abusivo y de mal gusto que roza peligrosamente la humillación institucionalizada.
Más allá de las responsabilidades penales que cada uno de ellos deba afrontar —y que corresponde esclarecer en el marco del debido proceso—, no puede perderse de vista un hecho fundamental: estos internos, quieran o no quienes hoy gobiernan, han sido presidentes de la República. Han personificado al Estado y a la Nación. Por una elemental consideración a la imagen del país y a la dignidad institucional, el tratamiento hacia ellos debería regirse por la prudencia, el sentido común y el respeto a derechos básicos que no se extinguen con la privación de la libertad.
La exposición mediática de las celdas, lejos de fortalecer la transparencia o la autoridad del Estado, transmite un mensaje preocupante: el uso del aparato público para el escarnio. No se trata de fiscalización ni de seguridad, sino de espectáculo. Y cuando el poder convierte la humillación en espectáculo, pierde autoridad moral.
No es casual que Pedro Castillo haya presentado una denuncia penal contra la jefa del INPE y otros funcionarios, alegando vulneración a su intimidad personal, abuso de autoridad y filtración de información reservada. Tampoco sorprende que Ollanta Humala y Martín Vizcarra hayan reaccionado en términos similares, cuestionando la legalidad y proporcionalidad de las requisas y, sobre todo, la difusión de imágenes sin consentimiento.
Resulta evidente que se intentó utilizar estos hechos como una cortina de humo, una distracción frente a otros problemas más profundos que enfrenta el país y el propio Gobierno. Sin embargo, la estrategia ha salido mal. Lejos de desviar la atención, ha encendido un debate incómodo sobre el nivel político, estratégico y ético de quienes hoy están al lado del poder.
Este episodio marca un punto de quiebre. Ya no se trata solo de decisiones discutibles, sino de un deterioro alarmante en la forma de ejercer la autoridad. El Estado no se fortalece exhibiendo a sus expresidentes como trofeos, sino respetando la ley, incluso —y sobre todo— cuando se trata de figuras impopulares.
Porque cuando el abuso se normaliza y la humillación se justifica, lo que queda expuesto no es la celda del recluso, sino la precariedad institucional de quienes gobiernan.
