La propuesta del candidato presidencial de Alianza Venceremos, Ronald Atencio, de impulsar una Asamblea Constituyente previa consulta popular ha vuelto a encender uno de los debates más apasionados —y recurrentes— de la política peruana: el cambio de la Constitución. Como suele ocurrir, el país vuelve a dividirse entre quienes defienden el “sí” y el “no”, mientras la discusión se carga de ideología, consignas y descalificaciones mutuas.
Sin embargo, más allá del ruido político, conviene detenerse en un hecho que rara vez se admite con honestidad: la actual Constitución ya ha sido modificada en más de cien artículos. En términos prácticos, salvo el capítulo económico, el texto vigente poco se parece al que fue promulgado durante el régimen de Alberto Fujimori. Esto lleva a una conclusión incómoda pero evidente: en la práctica, el país ya ha cambiado casi toda su Constitución, pero se resiste a tocar el modelo económico.
Y es justamente ahí donde el debate se vuelve predecible. Al final del intercambio político, se termina aceptando que “sí se puede cambiar casi todo”, pero que no se debe alterar la parte económica. Esa es la verdadera línea roja del sistema, no la defensa de la institucionalidad ni del equilibrio de poderes.
La pregunta clave es otra: ¿es este el debate que hoy demanda el país? La respuesta, para muchos ciudadanos, es no. Los problemas centrales del Perú pasan por otros frentes mucho más urgentes y concretos.
¿Qué hacemos con una minería y otros recursos estratégicos que generan enormes ganancias, pero dejan beneficios limitados al país? ¿Cómo se renegocian mejores regalías, tributos y mecanismos de redistribución? ¿De qué manera el Estado puede aprovechar el actual boom de las materias primas y de los metales preciosos para invertir en infraestructura, dinamizar los motores económicos, generar empleo y reducir brechas históricas?
A ello se suman crisis que no admiten postergación: la inseguridad ciudadana, el colapso del sistema de salud, la precariedad de la educación y la debilidad del Estado para responder a las necesidades básicas de la población. Ninguna de estas urgencias se resuelve automáticamente con una Asamblea Constituyente.
Esto no significa que el debate constitucional sea ilegítimo o innecesario. Significa que tiene tiempos. Un proceso de esa magnitud requiere estabilidad política, acuerdos mínimos y un país enfocado en resolver primero sus emergencias estructurales. Plantearlo como eje central de la campaña, en un contexto de alta tensión social y económica, corre el riesgo de convertirse en una distracción más que en una solución.
El Perú necesita discutir cómo gobernar mejor, cómo administrar con mayor inteligencia sus recursos y cómo fortalecer el Estado para que funcione. El debate constituyente puede esperar. La inseguridad, la salud, la educación y el aprovechamiento estratégico de nuestra riqueza natural, no.
