En medio de una crisis institucional prolongada, la presidencia encargada del Congreso de la República del Perú ha quedado en manos de Fuerza Popular. Más allá de la retórica legalista, este hecho no es menor: de acuerdo con la normativa peruana, cuando se produce la vacancia presidencial y no hay vicepresidencias activas, la presidencia del Congreso asume —de manera automática— la jefatura del Estado. Es decir, quien controla el Congreso controla la llave del poder ejecutivo.
Este escenario coloca a la fuerza política liderada por Keiko Fujimori en un rol decisivo. Si antes participó, junto con la coalición parlamentaria —compuesta también por Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre— en la caída de Dina Boluarte, hoy el control institucional es aún más directo.
Legalidad no es neutralidad
El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, ha señalado que “se está cumpliendo la ley”, recordando el precedente de Valentín Paniagua en el año 2000. Es cierto: la sucesión constitucional es clara. Pero no es solo un trámite legal, es una decisión profundamente política. En manos de un Congreso desprestigiado, con alianzas construidas sobre cálculos de poder y no sobre proyectos de país, esa legalidad puede transformarse en un instrumento de control antes que de gobernabilidad.
La pregunta de fondo no es si tienen derecho legal a estar allí —lo tienen—, sino qué harán con ese poder.
El riesgo: más de lo mismo
El Congreso peruano se ha convertido en una maquinaria de supervivencia política y de reparto de cuotas, antes que en un espacio de representación ciudadana. La alianza entre Fuerza Popular y otras bancadas conservadoras ha mostrado capacidad para bloquear reformas, frenar investigaciones y capturar instituciones. Si este control se proyecta también sobre el Ejecutivo, el resultado puede ser un aumento del autoritarismo parlamentario, donde la gobernabilidad se subordine a intereses electorales y no a las necesidades nacionales.
A esto se suma el hecho de que el país se encuentra a pocos meses de un nuevo proceso electoral. El uso político del poder encargado podría distorsionar ese proceso, inclinando la cancha en favor de quienes hoy controlan el Congreso.
La oportunidad: un punto de inflexión
Pero también hay otro camino. Si el nuevo presidente encargado —o el Congreso como bloque político— asume este momento como una oportunidad histórica para despolarizar la política nacional, podría marcar un quiebre en el ciclo de crisis.
Eso significaría:
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Apostar por un gabinete de transición amplio y plural, no controlado por un solo partido.
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Impulsar reformas mínimas de institucionalidad que garanticen un proceso electoral limpio y legítimo.
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Establecer un acuerdo político de no intervención electoral desde el Ejecutivo.
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Y sobre todo, enviar un mensaje claro a la ciudadanía: que el poder no será usado para blindarse, sino para abrir paso a un nuevo ciclo político.
La política necesita oxígeno
El Perú vive uno de los periodos más prolongados de inestabilidad democrática desde los años 80. La política está dominada por rostros repetidos, discursos polarizantes y estructuras sin ideas. El control de la presidencia del Congreso por parte de Fuerza Popular no tiene por qué significar una condena, pero sí es un riesgo enorme si no se ejerce con responsabilidad.
Si esta coyuntura no se convierte en un punto de inflexión que oxigene la política, el país entrará a las elecciones de 2026 con más desconfianza, más polarización y menos democracia. Y esa es una herencia que ninguna fuerza política responsable debería querer cargar.
