Vicente Tiburcio, nuevo titular del Ministerio del Interior del Perú, ha declarado que será “implacable contra la extorsión en todas sus modalidades”. Un objetivo loable, urgente y necesario en un país donde el crimen organizado ha pasado de ser un problema focalizado a una amenaza estructural que golpea cada rincón del país. Pero en seguridad pública, las declaraciones fuertes sin una arquitectura institucional sólida terminan en lo mismo: más violencia, más improvisación y menos resultados.
Palabras grandes, estructuras débiles
El ministro Tiburcio ha participado en una mesa de trabajo con transportistas, uno de los sectores más golpeados por la extorsión. El gesto político puede parecer alentador, pero la pregunta de fondo es inevitable: ¿tiene el Estado la capacidad real de desmantelar las redes criminales que operan con total impunidad?
La experiencia muestra que no basta con “mano dura” ni frases duras. El problema es estructural.
Para enfrentar la extorsión y el sicariato, no solo se necesita voluntad política:
-
Se requiere reorganizar la Policía Nacional del Perú, hoy sobrecargada, con deficiencias logísticas, mandos fragmentados y limitada capacidad de inteligencia operativa.
-
Se necesita un sistema de inteligencia moderno, integrado y tecnológico, con uso intensivo de herramientas de vigilancia legal, análisis de datos e inteligencia artificial.
-
Es indispensable crear un marco legal ágil, que permita acciones rápidas sin renunciar al debido proceso, pero adecuando los plazos y procedimientos para escenarios de emergencia.
-
Y sobre todo, se necesita construir cárceles de alta seguridad reales, que impidan que los delincuentes sigan operando desde sus celdas, como si las prisiones fueran centros de comando criminal.
Un Estado capturado por su propia normatividad
Aquí aparece el gran obstáculo: la actual arquitectura legal y normativa protege más a los criminales que a los ciudadanos. Durante años, el Congreso y el propio sistema político han producido normas que, en nombre de las garantías procesales, han debilitado la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado. Desmontar este andamiaje es políticamente costoso y jurídicamente complejo, sobre todo cuando el gobierno depende de ese mismo Congreso para sostenerse.
La extorsión no es solo un delito: es una red económica paralela que corroe al Estado desde dentro. Atacarla requiere decisiones firmes, pero también profundas reformas legales y administrativas.
De la retórica a la acción
La ciudadanía no necesita más anuncios espectaculares ni frases altisonantes. Necesita ver operativos sostenidos, inteligencia articulada, resultados visibles. La impunidad es el motor de la extorsión: si no se rompe esa cadena, cualquier discurso ministerial se convertirá en ruido.
El reto de Vicente Tiburcio no está en declarar la guerra al crimen, sino en construir el Estado que pueda ganarla. Y eso, en el Perú actual, no será fácil.
