Rafael López Aliaga ha construido buena parte de su discurso político a partir de la descalificación. No duda en llamar “rateros”, “sinvergüenzas”, “corruptos” o “vividores del Estado” a sus adversarios, presentándose a sí mismo como un adalid de la moral, el orden y la honestidad. Sin embargo, cuando el foco se coloca sobre su propia conducta empresarial y política, la imagen que emerge es la de una profunda y peligrosa doble moral.
El hoy candidato presidencial y exalcalde de Lima exige eliminar consultorías, reducir el gasto público y acabar con los privilegios. Pero durante su gestión municipal, las consultorías no solo no desaparecieron, sino que se multiplicaron, incrementando los gastos por ese concepto. El discurso austero no se reflejó en la práctica.
Más grave aún es el contraste entre su retórica de “persona de bien”, cumplidora de la ley, y su relación con el Estado como empresario. Investigaciones periodísticas han revelado que López Aliaga omitió declarar ante el Jurado Nacional de Elecciones una de sus empresas: Peruval Corp. S.A. con sede en Lima, la cual mantiene una deuda tributaria coactiva superior a S/12,9 millones con la Sunat.
En su Hoja de Vida presentada para las elecciones de 2026, López Aliaga declaró ser accionista de diez empresas, incluyendo una Peruval Corp. S.A. en Panamá, pero omitió deliberadamente a la empresa homónima registrada en Lima, precisamente la que arrastra la millonaria deuda con el fisco. El reglamento electoral es claro: los candidatos están obligados a declarar todas las acciones y participaciones, independientemente de la situación tributaria de la empresa.
La omisión no es menor ni inocente. Peruval Corp. S.A. de Lima no solo está activa, sino que es una de las principales fuentes de ingresos del conglomerado empresarial de López Aliaga y, además, es accionista en empresas que usufructúan concesiones del Estado, como el Ferrocarril del Sur y Sur Oriente y la operadora PeruRail. Es decir, una empresa que se beneficia de recursos públicos le debe millones al mismo Estado al que su propietario dice defender.
Mientras tanto, la Sunat se muestra implacable con miles de pequeños bodegueros, emprendedores y microempresarios, a quienes embarga, multa y asfixia sin contemplaciones por deudas mucho menores. En contraste, en el caso de López Aliaga, no pasa nada. No hay sanción política inmediata, no hay consecuencias visibles, no hay el rigor que sí se aplica a los de abajo.
Esta asimetría no es solo un problema legal o administrativo: es un problema ético y democrático. El elector tiene derecho a conocer la verdad completa sobre quienes aspiran a gobernar el país. La Hoja de Vida no es un trámite burocrático; es un instrumento de transparencia para generar confianza ciudadana. Omitir información clave rompe ese pacto básico con el electorado.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿con qué autoridad moral puede alguien exigir mano dura, honestidad y sacrificios a la ciudadanía, cuando no predica con el ejemplo? ¿Cómo creer en un discurso anticorrupción que convive con deudas millonarias al Estado y omisiones ante los organismos electorales?
La doble moral no es un error menor. Cuando se convierte en práctica sistemática, termina siendo un programa político. Y la historia reciente del Perú demuestra que ese camino solo conduce a más desconfianza, más desigualdad ante la ley y más deterioro institucional.
El elector merece saber todo esto. Y merece, sobre todo, no ser tratado como ingenuo.
