La movilización ciudadana de ayer, que congregó a miles de personas en distintas regiones del país, culminó en una tragedia: un manifestante muerto. No se trata de un hecho aislado ni de una consecuencia fortuita. Es, más bien, el resultado de un proceso político que ha venido erosionando la legitimidad institucional del país, pese al cambio de presidente tras la vacancia de Dina Boluarte.
La población no percibe a José Jerí como un líder de transición ni como un representante legítimo. Lo considera —con sobradas razones— el producto de una componenda política entre la coalición que ha venido gobernando desde el Congreso y los grupos de poder que hoy cierran el círculo para controlar todos los poderes públicos. La vacancia de Boluarte no significó un cambio de rumbo, sino un simple relevo de fichas: la misma orquesta, con un director más dócil.
La democracia bajo secuestro
La decisión del Pleno del Congreso de rechazar la moción de censura contra la Mesa Directiva, presidida por Jerí —con 20 votos a favor, 63 en contra y cuatro abstenciones—, no hace sino confirmar esta lectura. No hay intención de abrir el juego democrático, de dar señales de escucha, ni de reconocer la gravedad de lo que ocurre en las calles. Por el contrario, lo que hemos visto es una clase política atrincherada, que actúa como si el país les perteneciera y como si su legitimidad emanara de sí misma, y no de la voluntad popular.
La moción, presentada por legisladores de la Bancada Socialista y otros grupos, buscaba al menos abrir un debate institucional ante una crisis política evidente. Su archivo exprés es un mensaje directo: no hay espacio para la disidencia ni para el control político, solo para la continuidad del régimen parlamentario que hoy marca el pulso del país.
Violencia, represión y autoritarismo en ciernes
La muerte de un manifestante no es un “daño colateral”, como algunos pretenden reducirla. Es la consecuencia directa de una estrategia política que criminaliza la protesta, desconoce la legitimidad del descontento popular y usa la represión como herramienta de control. Las palabras de quienes minimizan la gravedad de lo ocurrido —atribuyéndolo a “pequeños grupos violentistas”— solo echan gasolina a un incendio que ya se expande por todo el territorio.
El país está ante una encrucijada peligrosa: profundizar el autoritarismo disfrazado de estabilidad o abrir canales reales de diálogo político y social que devuelvan legitimidad a las instituciones. Lo primero parece ser la ruta elegida por el bloque de poder que hoy se atrinchera en el Congreso y en Palacio de Gobierno.
La responsabilidad histórica
Si algo nos enseña la historia política reciente, es que ningún régimen que gobierna contra su pueblo termina bien. Las componendas, por más cerradas que parezcan, terminan resquebrajándose cuando la presión social alcanza su punto de ebullición. Hoy, los responsables no solo están en el Ejecutivo, sino en el Parlamento que lo sostiene, lo blinda y lo manipula.
El Perú merece algo mejor que una democracia vaciada de contenido, secuestrada por intereses de cúpula y sostenida por la fuerza. El costo de seguir en esta ruta no será solo político: será humano. Y ya comenzó a cobrarse.
