España ocupa una posición absolutamente central en el sector pesquero de la Unión Europea: el 21% de todo el pescado capturado en el conjunto del bloque procede de sus flotas, proporción que asciende hasta el 30% si se contabiliza por valor económico, muy por delante de Francia con un 16% y de Dinamarca con un 13%. A ello se suma que también es el primer productor en acuicultura, con el 24,3% de la producción comunitaria. Son cifras que suelen presentarse como motivo de fortaleza, pero que conviene examinar con cautela, porque coinciden con un momento en el que las aguas que rodean el país están experimentando un calentamiento acelerado que ya está empujando especies como el pulpo hacia latitudes más frías, y plantean una pregunta inquietante: ¿está a punto de desmoronarse esta posición de liderazgo?
La respuesta se entiende mejor al analizar cómo y dónde pesca realmente España. Su gran ventaja competitiva no reside en tener la flota más numerosa —superada por Italia y Grecia—, sino en la calidad de sus capturas y en el tamaño de sus buques, capaces de operar en cualquier parte del planeta. Porque la segunda característica definitoria de la pesca española es que se desarrolla mayoritariamente lejos de casa: atún en el océano Índico, merluza y pota en el Atlántico suroccidental, cefalópodos y pequeños pelágicos frente a las costas africanas. En el Atlántico centro-oriental, el 37% de todas las capturas europeas son españolas; en el Índico occidental, la proporción asciende hasta el 66%. En apariencia, que su actividad dependa tan poco de las aguas cercanas debería ser una garantía frente a los cambios locales, pero el calentamiento del mar no se detiene en las fronteras.
Aunque el aumento de la temperatura es un fenómeno global, no se produce al mismo ritmo en todas partes. El Mediterráneo, espacio especialmente cercano y relevante para el país, se está calentando muy por encima de la media mundial. Además, entre las zonas que ya registran las mayores pérdidas de rendimiento pesquero aparecen precisamente la plataforma continental ibérica y el golfo de Vizcaya. Que la flota esté repartida por todo el mundo resulta ser un activo estratégico que amortigua el impacto inmediato, pero no lo elimina: las especies se desplazan en busca de agua más fría, y eso cambia de forma drástica no solo dónde están, sino también a quién pertenecen.
El caso de la caballa ilustra con claridad hacia dónde se dirigen los acontecimientos. La especie está migrando hacia el norte, y el problema no es que sea más difícil de encontrar, sino que esas nuevas aguas se hallan bajo la jurisdicción de Noruega, el Reino Unido, las Islas Feroe e Islandia, países que han acordado entre sí cuotas de pesca al margen de la Unión Europea. El conflicto deja ver que el verdadero reto ya no será biológico ni técnico, sino político: habrá especies y zonas donde se logren mantener acuerdos, como ha ocurrido con la merluza, y otras donde el acceso quede bloqueado o se negocie en condiciones muy distintas a las habituales.
Por todo ello, no parece inminente ese batacazo histórico del que se habla, pero sí es seguro que el sector está entrando en una nueva era. La pregunta que durante décadas guiaba la actividad —cuánto se puede pescar— está dejando paso a una mucho más compleja: de quién es ahora todo ese pescado que antes se encontraba en aguas accesibles. El futuro de la pesca española dependerá cada vez menos de la pericia de sus marineros o la potencia de sus barcos, y cada vez más de la capacidad de negociación internacional para mantener el acceso a caladeros que se desplazan y que, al cambiar de lugar, cambian también de dueño.
