Dieciséis restaurantes de Barcelona contrataron a influencers para mostrar lo llenos que estaban sus locales y atraer más clientes. Lo que no esperaban es que esos mismos vídeos sirvieran precisamente para que Endesa detectara que algo no cuadraba: los salones aparecían enormes y abarrotados, pero el consumo eléctrico registrado era muy inferior al que cabría esperar. Su sistema de inteligencia artificial cruzó las imágenes públicas con los datos de la red y encendió las alertas. Tras las inspecciones, se confirmó que los establecimientos estaban conectados de forma ilegal al alumbrado público sin pasar por el contador.
El caso ha puesto de manifiesto una herramienta que cada vez es más efectiva: Endesa detectó 72.700 fraudes solo en 2025, la cifra más alta del último lustro. Más de la mitad de esa energía defraudada proviene de negocios e industrias, no de hogares particulares. En total, estas prácticas suponen un sobrecoste de unos 150 millones de euros que terminan repercutiéndose en todos los consumidores a través de la factura eléctrica.
Lo más novedoso y debatido no es tanto que se detecte el fraude, sino de dónde viene ahora parte de la información: vídeos y fotografías publicados libremente en redes sociales. El planteamiento es simple: si un local se promociona mostrando su tamaño y actividad, esos datos públicos pueden cruzarse con lo que declara. Sin embargo, no está exento de polémica. Revisar contenido accesible no es lo mismo que recopilarlo de forma masiva, y las propias normas de plataformas como Instagram limitan el uso automatizado de sus publicaciones. También entran en juego derechos como la protección de datos personales y la intimidad de las personas que aparecen en esas imágenes, así como el Reglamento europeo de IA, que prohíbe el reconocimiento facial masivo a partir de internet.
La situación deja dos enseñanzas claras. Por un lado, que la tecnología de detección de anomalías evoluciona muy rápido y cada vez necesita menos intervención humana para encontrar inconsistencias. Por otro, que aunque publicar en redes es habitual, también expone información que puede ser utilizada para fines muy distintos a los que imaginamos. En cualquier caso, los hechos siguen siendo presuntos hasta que se pronuncien las autoridades judiciales, y el uso de contenido de redes sociales como fuente de inspección sigue abierto a debate.
