Dieciséis restaurantes de Barcelona contrataron a influencers para promocionar sus locales. Los vídeos mostraban salones amplios y completamente llenos de clientes, pero en lugar de atraer únicamente a nuevos comensales, llamaron la atención a quien tenía que prestar atención: el algoritmo de Endesa. La compañía eléctrica cruzó esa información visual con los datos de consumo registrado y algo no cuadraba: por el tamaño de los locales y la actividad que se veía en las imágenes, la energía declarada era claramente insuficiente. Tras inspecciones posteriores, se confirmó que los establecimientos estaban conectados de forma ilegal a la red de alumbrado público, evitando pasar por el contador.
Endesa utiliza desde hace tiempo inteligencia artificial para detectar anomalías en el consumo eléctrico y localizar robos de energía. Lo que ha cambiado es que ahora también aprovecha lo que aparece en las redes sociales. El razonamiento es sencillo: si un local aparece enorme y lleno de gente en cada publicación, pero su consumo registrado es bajo, se enciende una alerta. Según la propia distribuidora, las redes sociales hoy funcionan como lo hacía antes la Guía del Ocio: muestran qué negocios están activos, qué tamaño tienen y qué movimiento tienen, datos que la IA contrasta con lo que marca el contador. En 2025, el sistema detectó 72.700 casos de fraude, la cifra más alta de los últimos cinco años, lo que equivale a unos 200 cada día.
El fenómeno va mucho más allá de unos pocos restaurantes. Más de la mitad de la energía defraudada corresponde a negocios, industrias y grandes consumidores, mientras que solo un 5% afecta a suministros domésticos pequeños. En total, estas prácticas suponen un sobrecoste de unos 150 millones de euros al año que terminan repercutiéndose en el conjunto de los consumidores. Pinchar la luz constituye un delito de defraudación de fluido eléctrico contemplado en el Código Penal, aunque en la mayoría de los casos se castiga con multas y no con penas de prisión, algo que distintas instituciones han criticado como insuficiente.
El caso también abre un debate interesante sobre los límites de lo que las empresas pueden hacer con la información que publicamos en internet. Revisar vídeos que están disponibles públicamente no es lo mismo que vigilar de forma masiva, pero la utilización de contenidos de redes sociales como fuente de datos para algoritmos de detección de fraude plantea preguntas sobre privacidad que aún no tienen respuesta definitiva. Lo que sí queda claro es que la lección para quienes buscan ahorrarse parte de sus gastos mediante engaños es bastante directa: si haces algo irregular, lo peor que puedes hacer es pagar para que todo el mundo lo vea.
