Los peruanos y peruanas hemos terminado el primer cuarto del siglo XXI, llegando al año 2025, con una crisis total de nuestra representación política, envuelta en investigaciones por una presunta red de proxenetismo vía una serie de contrataciones indebidas.
Así, una fiscalía especializada en trata de personas investiga al ex director de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, por el presunto delito de explotación sexual, que tendría relación con el asesinato con 40 balazos de una de las personas contratadas en dicha oficina para evitar que dé información detallada sobre los funcionarios y eventuales congresistas que recibían las prestaciones sexuales. Abonando al mismo objetivo, se han borrado imágenes de las cámaras de seguridad que podrían haber dado evidencias del funcionamiento de la supuesta red de prostitución dentro del Congreso.
Mientras que una fiscalía especializada en corrupción de funcionarios lo investiga por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible, en el contexto de que durante la gestión de Torres Saravia se destinaron S/4,6 millones en contrataciones de hasta 33 trabajadores y trabajadoras, con un gasto mensual de más de S/351,000.
Cabe precisar que su designación en agosto de 2023 fue dispuesta por el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza por el Progreso, continuando bajo la presidencia de Eduardo Salhuana, del mismo partido político y que ha preferido viajar a China en vez de afrontar su responsabilidad por los presuntos delitos de su ex director. Sin embargo, la irresponsabilidad política del mencionado partido político, se extiende a sus acompañantes en la mesa directiva, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, en la medida en que no tramiten los pedidos de censura contra el presidente del Congreso.
Ante esta situación, que suma a otras decenas de investigaciones por diversos delitos de corrupción, así como a la legislación en favor de organizaciones criminales de extorsionadores, sicarios, traficantes de influencias y otras, podemos plantearnos si es suficiente reformar el Congreso para cortar con estas prácticas. En una columna anterior he planteado medidas puntuales para quitarle a esta entidad autonomía en contrataciones, así como para hacer equitativa la competencia por las curules.
Sin embargo, quizá sea necesario ir más allá: reemplazar el Congreso y su onerosa burocracia, que ya nos cuesta más de de 1412 millones de soles, por una Asamblea Legislativa, cuyos integrantes reciban, en vez de sueldos, dietas por sesiones, como actualmente los regidores municipales y consejeros regionales. Recibirían también viáticos para sus desplazamientos (ya no los “gastos de representación”) y sus asesores o asesoras serían provistos por sus respectivos partidos políticos, financiados con el dinero que el Estado les transfiere para gastos de funcionamiento y formación política.
Cabe recordar que en Perú tenemos una amplísima experiencia de democracia comunal y vecinal de Asambleas. De paso podríamos asegurar que comunidades campesinas y nativas, o pueblos indígenas, puedan enviar representantes a dicha Asamblea Legislativa potenciando sus experiencias de representación ya existentes. Como dijo José María Arguedas, se trata de “considerar siempre el Perú como una fuente infinita para la creación”, en este caso, de una nueva forma de representación política. Esto tendría que estar entre los primeros debates de un pacto social de refundación de la República.
