El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha decidido nuevamente responder a las críticas ciudadanas no con argumentos ni con apertura democrática, sino con insultos, descalificaciones y autoritarismo. Su reacción frente a dos hechos recientes —las críticas al llamado «tren de donación» y las denuncias por la entrega de alimentos en mal estado a ollas comunes— reflejan un patrón preocupante de intolerancia frente a la fiscalización ciudadana.
Primero, está el caso del llamado tren Lima–Chosica, presentado por el propio alcalde como una donación de empresas privadas, pero que, por los montos comprometidos y los intereses involucrados, parece más una operación con compromisos ocultos. No es casual que una de las entidades beneficiadas —la empresa Ferrocarril Central Andino— tenga como directivo a un amigo cercano del burgomaestre.
En una democracia sana, cuestionar estos vínculos y pedir transparencia no solo es legítimo: es una obligación ciudadana. Sin embargo, López Aliaga ha preferido responder con ataques a quienes se atreven a preguntar. Descalifica, insulta y actúa con una intolerancia alarmante.
El segundo hecho fue aún más revelador. Las dirigentes de las ollas comunes de San Juan de Lurigancho denunciaron la distribución de sangrecita en mal estado por parte de la Municipalidad de Lima, dentro de su programa contra la anemia. En lugar de disponer una investigación inmediata y mostrar empatía con mujeres que día a día alimentan a miles de familias, el alcalde volvió a su estilo habitual: insultos, menosprecio, y una actitud matonesca.
Esta reacción no es un hecho aislado. Es parte de un perfil político que, lejos de consolidar una cultura democrática, se sustenta en la prepotencia y la imposición. Hoy es alcalde. Mañana quiere ser presidente. ¿Qué pasará cuando, desde el poder central, tenga más herramientas para silenciar las críticas, intimidar opositores o manipular recursos públicos sin fiscalización?
A esto se suma un hecho político: Renovación Popular —el partido de López Aliaga— ha decidido ir solo a las elecciones del 2026. No es por fortaleza, sino por aislamiento. Casi ningún grupo político ha querido aliarse con él. Lo consideran poco confiable, radical, imprevisible.
Y es que Rafael López Aliaga no solo representa un populismo ruidoso, sino también una amenaza para la convivencia democrática. Los ciudadanos tienen derecho a pedir explicaciones, a cuestionar obras, a dudar de discursos grandilocuentes y a exigir transparencia. Si la respuesta ante eso son gritos, insultos y amenazas, entonces no estamos frente a un demócrata. Estamos frente a alguien que cree que el poder es para imponer, no para servir.
