El 2017, durante una acción itinerante defensorial en Cochabamba, distrito de la provincia Huacaybamba, una servidora del sector salud nos indicó que ya tenían reportadas 17 adolescentes gestantes. Inmediatamente la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco entonces bajo mi dirección, inició acciones de defensa de derechos de las adolescentes. El Ministerio de Educación envió un equipo de apoyo terapéutico y se iniciaron investigaciones contra los docentes involucrados. A partir de dicha situación recomendamos un plan integral de prevención del embarazo adolescente en la región, que empezó a implementarse años después.
Años antes, me tocó atender el caso de una niña de 10 años, embarazada. En ese entonces, logramos que la ministra de la Mujer visitara Huánuco y se instalara una mesa de trabajo para garantizar la atención integral de la niña y se tomaran medidas para prevenir más violaciones. Algo similar ocurrió con casos atendidos en nuestra oficina en Tingo María, que lideró una Mesa Niño Adolescente y Mujer. Pero los esfuerzos no continuaron. Al punto que el 2022, el Ministerio de Salud reportó 4,252 niñas de entre 10 y 14 años gestantes.
Recientemente, la exposición pública de niñas víctimas en el albergue llamado «La Casa del Padre», vinculado a la congresista y candidata Milagros Aguayo, de Renovación Popular, ha vuelto a evidenciar la ausencia de políticas de cuidado de nuestra niñez. El caso ha supuesto una intervención del Ministerio Público para rescatar a 24 niñas y adolescentes, la mayoría entre 12 y 17 años, víctimas de violencia sexual, probablemente en el entorno familiar.
Al respecto, recordemos que el principio de interés superior del niño y la niña, consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que «en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño» . Este principio es recogido en el artículo IX del Título Preliminar de nuestro Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 27337) . El mismo cuerpo de normas precisa el «derecho al buen trato», que implica recibir «cuidados, afecto, protección, socialización y educación no violentas, en un ambiente armonioso, solidario y afectivo» por parte de «sus padres, tutores, responsables o representantes legales, así como de sus educadores, autoridades administrativas, públicas o privadas, o cualquier otra persona» . La intervención fiscal de «La Casa del Padre» habría concluido que ninguna de estas obligaciones fue cumplida. Sólo esto debería ser suficiente para la inmediata separación de la candidata congresista Aguayo de la lista de senadores nacionales de Renovación Popular.
Mientras esto ocurre, cabe recordar que desde hace años sabemos cómo prevenir la violencia contra las niñas. Incluso existen manuales, como los elaborados por Paz y Esperanza, que enseñan a emitir alertas de riesgo en la familia, la escuela y el barrio. Pero no sólo se han implementado políticas que apliquen estos saberes, sino que hemos retrocedido. Por un lado, se obstaculiza el acceso gratuito e inmediato a la píldora del día siguiente. Por otro, se desmantela lo poco que se había avanzado en educación sexual con enfoque preventivo.
Es momento de detener el retroceso y llegar a un nuevo acuerdo nacional por la infancia., que además de excluir a quiénes actúan contra nuestra niñez, incorpore dos grandes líneas :
- Acciones de prevención en todos los espacios donde las niñas y niños se desenvuelven: la familia, la escuela, la comunidad, de manera que se aseguren entornos seguros para nuestra niñez y cu´ándo no los haya, medidas de alerta temprana de situaciones de riesgo.
- Acompañamiento cariñoso, respetuoso y efectivo para las niñas que ya han sido víctimas de violencia, que incluya acceso al aborto terapéutico en casos donde no se administró oportunamente la píldora del día siguiente, atención terapéutica y soporte emocional.
Y podemos convocar a muchas personas y organizaciones con amplia experiencia en cuidado integral de nuestras niñas y niños, que nutran una buena política en su favor.
