La ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, cumple ya su tercer día de huelga de hambre seca, una medida que ella misma reconoce puede llevarla a la muerte. Recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, denuncia hostilización, agresiones y maltratos por parte de las autoridades penitenciarias y del personal a cargo de su custodia.
Mediante un consentimiento informado firmado en el penal, Chávez declaró que su decisión es “libre, voluntaria y consciente”, y advirtió que rechaza cualquier intento de reanimación o traslado forzoso. El médico del establecimiento le informó de los altos riesgos: desnutrición acelerada, pérdida de masa muscular, deterioro multisistémico e incluso fallecimiento.
No es la primera vez que denuncia abusos en prisión. Ha señalado chantaje sexual, cobro de cupos y corrupción interna, apuntando directamente a la directora del penal, Nelly Aquino. Sus reclamos han sido minimizados por el INPE y por el propio Ejecutivo, que insisten en que la excongresista “politiza” su situación.
Más que una protesta personal
En un país democrático, llegar al extremo de la autoinmolación como forma de protesta revela la incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos incluso a quienes están privados de libertad. Nadie, en su sano juicio, arriesga la vida solo por “incomodidades”: lo que está en juego son condiciones de trato digno y la obligación institucional de investigar denuncias de maltrato.
El odio político y la revancha no pueden convertirse en la regla de un sistema penitenciario. Chávez enfrenta un proceso judicial severo, pero eso no borra su condición de ciudadana con derechos fundamentales. Ignorar su situación no solo es inhumano: es una tragedia para la democracia peruana.
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