En el Perú no abundan los magistrados que logran algo cada vez más escaso: prestigio ganado a lo largo de décadas, no por conveniencia política ni por cálculo mediático, sino por coherencia, valentía y rigor jurídico. Por eso, la jubilación del juez supremo César San Martín no es un trámite administrativo más: es un hecho que deja un vacío profundo en el sistema de justicia peruano.
San Martín no fue un juez complaciente. Tampoco uno de esos magistrados que leen el clima político antes de dictar sentencia. Su trayectoria —37 años en la magistratura— está marcada por decisiones difíciles, muchas de ellas tomadas en contextos de enorme presión política, mediática y social. Su nombre quedó inscrito en la historia cuando presidió el tribunal que juzgó y condenó al expresidente Alberto Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos, en uno de los procesos judiciales más observados y reconocidos a nivel internacional.
Ese juicio no solo fue relevante por la sentencia, sino por la forma: debido proceso, publicidad, respeto estricto a la ley y a los estándares internacionales. En un país acostumbrado a la justicia arbitraria o instrumentalizada, ese proceso demostró que sí era posible juzgar al poder sin venganza, pero también sin miedo.
Sin embargo, figuras como César San Martín son hoy la excepción. Su retiro evidencia un problema mayor: la progresiva pérdida de magistrados con carácter, reemplazados por operadores grises, funcionales al poder de turno, que deciden según “cómo va la corriente” y no conforme a derecho. Jueces que evitan el conflicto, que eligen la comodidad antes que el deber, que prefieren la neutralidad aparente antes que la justicia real.
El propio San Martín lo advirtió en su discurso de despedida: la justicia no puede divorciarse de la Constitución ni del derecho internacional, ni puede subordinarse al discurso soberanista usado como excusa para el autoritarismo o la arbitrariedad. En tiempos donde se pretende desacreditar a los tribunales internacionales, relativizar los derechos humanos y convertir la ley en un arma política, esa advertencia resulta más vigente que nunca.
Su trayectoria también recuerda que el Poder Judicial ha sido —y sigue siendo— un espacio de disputa. San Martín fue cesado ilegalmente tras el autogolpe de 1992, obligado al exilio, y luego reincorporado con la restauración democrática. Su vida profesional es, en ese sentido, un reflejo de las fracturas institucionales del país, pero también de la posibilidad de reconstrucción cuando existen principios.
La pregunta que queda abierta es inquietante: ¿quiénes ocuparán ese lugar? ¿Habrá magistrados dispuestos a enfrentar al poder político, económico o mediático cuando sea necesario? ¿O avanzaremos hacia una justicia cada vez más domesticada, temerosa y funcional a intereses ajenos al bien común?
La jubilación de César San Martín no debería ser solo un homenaje. Debería ser una alerta. Porque cuando se van los jueces con carácter y convicción, no solo se pierde experiencia: se debilita el Estado de derecho. Y un país sin jueces valientes queda peligrosamente expuesto a la arbitrariedad, la impunidad y el abuso de poder.
