El Tribunal Constitucional (TC) del Perú vuelve a colocarse en el centro del debate político. Su reciente resolución sobre los alcances de las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte confirma un patrón ya conocido: el TC no actúa como un árbitro jurídico imparcial, sino como un actor político que se disfraza de intérprete de la Constitución.
El pronunciamiento precisa que la Fiscalía solo puede realizar actos de investigación “urgentes, inaplazables y estrictamente necesarios” contra un presidente en funciones, subrayando además que siempre debe respetarse la dignidad del cargo presidencial. El lenguaje es cuidadosamente solemne, pero el trasfondo revela una preocupación obsesiva por blindar la investidura presidencial en un contexto de debilidad institucional y crisis de legitimidad.
1. Un TC más político que jurídico
La trayectoria reciente del Tribunal deja claro que sus decisiones no se mueven solo en el plano del derecho. La defensa de la figura presidencial contrasta con la dureza que despliega cuando se trata de opositores o de sectores fuera de la coalición gobernante. El mensaje es inequívoco: hay una vara flexible para el poder de turno y una vara implacable para los adversarios.
2. El doble estándar frente a la historia reciente
El caso Pedro Castillo es el ejemplo más evidente. En ese momento, el mismo Tribunal no tuvo reparos en avalar una ofensiva política y judicial que terminó con su destitución fulminante. Hoy, cuando se trata de Boluarte, el TC se esfuerza en establecer límites estrictos a la acción del Ministerio Público. La pregunta es inevitable: ¿se trata de la defensa abstracta de la institución presidencial o de un cálculo concreto para sostener al actual gobierno?
3. La delgada línea entre protección y blindaje
Es cierto que el cargo presidencial necesita un marco de protección para evitar la parálisis del Ejecutivo y el hostigamiento permanente de fiscales y jueces. Pero esa protección no puede confundirse con impunidad. El riesgo es que el TC esté consolidando un blindaje que garantiza estabilidad a corto plazo, pero erosiona aún más la legitimidad democrática, ya dañada por la desconfianza ciudadana hacia todas las instituciones.
4. ¿Qué protege el TC realmente?
Al declarar improcedente la solicitud de la defensa legal de Boluarte, el TC buscó enviar un mensaje de “equilibrio”. Sin embargo, la aclaración de oficio que emitió favorece indirectamente la narrativa de Palacio: que toda investigación contra la presidenta debe esperar hasta 2026. En otras palabras, lo que se protege no es tanto la institucionalidad como la continuidad política de un régimen debilitado.
5. El verdadero problema
El fondo de la crisis es que los peruanos perciben que la justicia se aplica con doble rasero. Esa percepción mina la credibilidad del TC como última instancia de interpretación constitucional y lo convierte en un actor más del ajedrez político. Una justicia que se percibe parcial no solo pierde autoridad: empuja al país a un círculo de desconfianza en el que la legalidad deja de ser un referente y se convierte en un instrumento de poder.
