La Municipalidad de Lima ha entrado en un terreno minado del que difícilmente saldrá sin graves consecuencias financieras. La estrategia judicial impulsada por el alcalde Rafael López Aliaga, centrada en desconocer contratos y arbitrajes internacionales en el caso de los peajes, ha terminado convirtiéndose en un mamarracho legal que expone a la ciudad a sanciones millonarias.
Lejos de plantear una defensa técnica y responsable de los intereses municipales, el burgomaestre ha pretendido trasladar la responsabilidad a la Procuraduría, presionando a la entonces procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, para que asumiera un rol que ella, con buen criterio, evitó. Carrión sabía que estos procesos ya estaban marcados por la alta probabilidad de sanciones contra el Estado peruano, debido a los compromisos asumidos en contratos y arbitrajes reconocidos en foros internacionales.
La presión política y la destitución
Carrión denunció que, entre mayo y junio, recibió mensajes insistentes de López Aliaga, quien buscaba que la Procuraduría aceptara un procedimiento de discovery en Estados Unidos contra la empresa Brookfield, vinculada al caso Rutas de Lima. Según su testimonio, el alcalde llegó incluso a amenazarla con exponerla mediáticamente si no obedecía a sus requerimientos.
La exprocuradora relató que el burgomaestre no solo insistió en múltiples ocasiones, sino que además solicitó formalmente su destitución al Consejo Directivo de la Procuraduría General en tres fechas distintas: 9, 15 de junio y 18 de agosto. Estas presiones quedaron registradas en actas. Finalmente, con cambios en la composición de dicho Consejo —donde se incorporó un representante vinculado al ministro Santiváñez—, su salida fue concretada.
Una señal preocupante
El caso no es menor. La remoción de Silvana Carrión, quien se había ganado prestigio por su firmeza en la defensa del Estado en el caso Lava Jato, revela cómo la presión política puede torcer instituciones que deberían funcionar con autonomía. Si una procuradora con respaldo internacional y trayectoria reconocida no resistió las presiones, ¿qué garantías quedan de que la defensa del Estado se lleve a cabo con independencia y rigor técnico?
Más grave aún: mientras la Municipalidad de Lima celebra supuestas “victorias morales” contra las concesionarias, la realidad es que los arbitrajes avanzan y las sanciones económicas contra el Perú parecen inminentes. No será el alcalde quien pague esas facturas, sino la propia ciudad y sus ciudadanos, a través de recursos que dejarán de invertirse en servicios y obras.
El costo de la irresponsabilidad
La estrategia judicial de López Aliaga no solo compromete a la Municipalidad de Lima; también salpica al propio Estado peruano. En el plano internacional, estas señales de injerencia y de desconocimiento de contratos ahuyentan la inversión y siembran dudas sobre la seguridad jurídica del país.
En el plano interno, la destitución de Carrión muestra que el Ejecutivo ha preferido ceder a las presiones antes que blindar a una funcionaria que representaba precisamente lo que más necesitamos: una defensa del interés público libre de intereses políticos.
Un desenlace anunciado
La historia parece tener un guion escrito: arbitrajes perdidos, millonarias indemnizaciones que pagaremos todos, y una Municipalidad que, en lugar de liderar soluciones técnicas y viables, ha convertido la defensa de la ciudad en un espectáculo político.
Lo más preocupante es que esta práctica de trasladar responsabilidades —primero a la Procuraduría, mañana quizás al Ejecutivo—, revela una incapacidad de asumir consecuencias propias de la gestión municipal. Una irresponsabilidad que Lima no se puede permitir.
