Las zonas económicas especiales —con distintos nombres según el país— han sido, en muchos casos, instrumentos clave para transformar economías estancadas en motores industriales. La experiencia asiática es el ejemplo más emblemático: en China, India y otros países de la región, estas zonas sirvieron como puntos de arranque para la industrialización moderna, atrayendo inversiones, tecnología y empleo a territorios abandonados.
Pero no todas las historias son exitosas. Cuando las ZEE se implementan sin objetivos claros, sin metas medibles y con beneficios tributarios excesivos, lo que se genera no es desarrollo: es privilegio para unos pocos. Empresas que ingresan, gozan de exoneraciones y ventajas competitivas, pero no devuelven al país ni a las comunidades lo que se les otorgó.
Y lamentablemente, esa parece ser la ruta que está tomando el Perú.
Beneficios tributarios sin contrapartida
El Congreso de la República del Perú acaba de aprobar por insistencia una ley que crea las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). La norma exonerará del impuesto a la renta por cinco años a las empresas que se instalen en estas áreas, además de liberarles del IGV y del ISC.
En otras palabras, se trata de un régimen tributario ultra privilegiado para un grupo reducido de empresas.
Esto ocurre pese a las advertencias de dos actores centrales:
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El Consejo Fiscal del Perú alertó que la ley no cumple estándares internacionales y abre la puerta a nuevas prácticas de elusión tributaria.
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El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) rechazó la iniciativa por su impacto en la recaudación y la competencia desleal frente a otras empresas que sí pagan impuestos.
Lejos de promover desarrollo sostenible, el riesgo es que estas zonas se conviertan en bolsones de privilegios para sectores empresariales que ya gozan de ventajas, profundizando la desigualdad económica y fiscal.
Un “comité consultivo” hecho a medida
Uno de los puntos más preocupantes de la ley es la creación de un comité consultivo integrado exclusivamente por gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), entre otros.
No hay presencia estatal, ciudadana ni de gobiernos regionales.
La SNI presidirá este comité durante los dos primeros años. Es decir, quienes se beneficiarán de la ley serán también quienes orientarán sus lineamientos.
En un Estado débil y capturable, esto no es participación privada: es cooptación de política pública.
Actualmente, el Perú cuenta con ocho zonas económicas especiales, pero solo cuatro están operativas:
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Zona Franca de Tacna (Zofratacna)
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Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) de Ilo, Matarani y Paita.
Y los resultados son mediocres:
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En 2019 registraron una balanza comercial negativa de USD 154 millones.
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De 154 empresas instaladas, solo 102 estaban activas.
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La participación de estas zonas en las exportaciones nacionales fue “imperceptible”.
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En 2024, solo 24 empresas seguían operando.
Si este modelo no funcionó bajo administración pública, trasladar la gestión a manos privadas sin controles ni metas claras no garantiza un mejor resultado. Al contrario: multiplica el riesgo de que estas zonas sean instrumentos de elusión y concentración económica.
Zonas de desarrollo sí, zonas de privilegio no
La experiencia internacional muestra que las zonas económicas exitosas comparten elementos comunes:
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Planificación rigurosa y metas medibles.
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Transferencia de tecnología, innovación e impulso a la formación técnica local.
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Integración con cadenas productivas existentes en la región.
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Inversión en infraestructura pública y articulación con gobiernos locales.
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Mecanismos estrictos de evaluación de impacto en empleo, ingresos, exportaciones y desarrollo regional.
Cuando estos elementos no existen —como hoy en el Perú—, las ZEE no dinamizan economías, solo crean refugios fiscales.
El caso Chancay: laboratorio de intereses
La inauguración del Puerto de Chancay ha acelerado el lobby para establecer una ZEEP en esa zona estratégica. Varios proyectos de ley ya fueron agrupados y tienen dictamen favorable.
El riesgo es evidente: convertir un proyecto de infraestructura nacional en un enclave empresarial libre de impuestos, al margen de los intereses del país.
Conclusión: desarrollo con reglas, no con regalos
Si las zonas económicas especiales van a tener sentido, deben ser herramientas de desarrollo territorial, no mecanismos de evasión disfrazados de modernización.
El país necesita inversión privada, pero con contrapartidas claras y medibles: tecnología, empleo formal, innovación, cadenas productivas y desarrollo local.
Exonerar impuestos sin exigir resultados no es política económica. Es un regalo con factura para toda la sociedad.
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