No es una quimera. No es exageración. No es retórica alarmista.
Lo que hoy ocurre en el Perú responde a un proyecto político en ejecución, trabajado con paciencia durante años y acelerado en los últimos dos: la concentración del poder y la neutralización de todo control institucional.
Las declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, amenazando con “barrer” al Poder Judicial por no someterse a una ley que favorece la impunidad en casos de lesa humanidad, no son un exabrupto aislado. Son una confesión política.
El discurso del autoritarismo ya no se disimula
Cuando la cabeza del Poder Legislativo acusa a jueces de “prevaricadores”, exige su detención en plena audiencia y plantea “soluciones radicales” contra todo el sistema judicial, estamos ante algo más grave que una crítica institucional: estamos frente a una intimidación directa.
Ese lenguaje no es democrático. Es el lenguaje del poder que no tolera límites.
Es el discurso típico de regímenes que ven a la justicia no como árbitro, sino como obstáculo.
Del equilibrio de poderes a la lógica de obediencia
El Congreso actual no legisla solamente: dirige.
Aprueba normas con nombre propio, impulsa reformas regresivas y luego exige que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen como una mesa de partes.
Cuando alguna institución se resiste —como en el caso Cayara— la reacción no es respeto al fallo, sino amenaza, presión pública y deslegitimación.
Eso tiene un nombre: autoritarismo en construcción.
El control de la justicia como objetivo central
Nada de esto es casual.
– Se intenta vaciar de autonomía al Ministerio Público.
– Se persigue a fiscales incómodos.
– Se desacredita sistemáticamente a jueces.
– Se presiona al JNE, que hoy aparece copado, controlado o autocensurado.
El mensaje es claro: el poder político no quiere control. Quiere obediencia.
Y cuando un poder se queda sin contrapesos, gobierna sin límites, discrecionalmente, y —si es necesario— coercitivamente.
La impunidad como proyecto, no como accidente
La defensa cerrada de una ley que permite prescribir crímenes de lesa humanidad no busca justicia ni reconciliación. Busca cerrar el pasado por decreto, borrar responsabilidades y blindar a determinados sectores.
Que los jueces apliquen el control de convencionalidad y respeten tratados internacionales no es rebeldía. Es su obligación.
Que por hacerlo se les amenace con ser “barridos” es una señal inequívoca de deriva autoritaria.
El peligro real: acostumbrarnos
El mayor riesgo no es la amenaza. Es la costumbre.
Que la ciudadanía empiece a aceptar que se insulte a jueces, que se presione a fiscales, que se subordine al sistema electoral, que se gobierne por intimidación.
Así no caen las democracias: se erosionan, lentamente, hasta que ya no queda nada que defender.
Parar las ansias autoritarias es una urgencia democrática
Detener esta deriva no es una causa ideológica. Es una defensa básica de la democracia.
Exigir división de poderes hoy parece un anhelo, cuando debería ser una regla incuestionable.
Mucho se ha perdido en los últimos dos años.
Ahora se pretende borrar todo atisbo de autonomía institucional.
Si eso ocurre, el poder quedará sin control.
Y un poder sin control no gobierna: impone.
No escucha: ordena.
No rinde cuentas: se perpetúa.
Lo que hoy se dice sin pudor desde el Congreso no es una amenaza futura.
Es una advertencia presente.
Y todavía estamos a tiempo de no normalizarla.
