Aplicar un impuesto a los multimillonarios para contribuir a la reducción del déficit, que motivó la caída del anterior Gobierno francés, está pasando a ocupar el centro del debate político en las negociaciones del nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, para elaborar los presupuestos de 2026.
Lecornu intenta ampliar la base parlamentaria para intentar sacar adelante esos presupuestos con los socialistas, cuya principal exigencia, que respaldan los sindicatos, es el conocido como ‘impuesto Zucman’, que gravaría con un 2% el patrimonio de los que tienen bienes con un valor superior a 100 millones de euros, condición que cumplen unos 1.800 contribuyentes en Francia.El economista Gabriel Zucman, que es quien lo ha ideado, calcula que permitiría recaudar unos 20.000 millones de euros anuales.
Es decir, casi la mitad de la reducción del déficit que pretendía el anterior jefe de Gobierno, el centrista François Bayrou, en su proyecto de presupuestos para 2026 y que contemplaba, sobre todo, congelar las prestaciones sociales y eliminar dos días festivos.
Un proyecto que le obligó a dimitir el pasado día 8 al perder la moción de confianza que él mismo convocó para intentar validar una trayectoria de reducción del déficit que debía permitir llegar a un 3% del producto interior bruto (PIB) en 2029, frente al 5,8% de 2024.
El Partido Socialista (PS), cuyo apoyo parece fundamental para que el Gobierno de Lecornu (que todavía está por constituir) pueda sobrevivir a corto plazo, exige un ajuste del déficit de menor magnitud y que, sobre todo, vendría de la mano de los ingresos adicionales por ese impuesto a los muy ricos.
Para los cientos de miles de manifestantes que salieron a las calles este jueves, en una jornada de protesta convocada por todos los sindicatos, el rechazo a los recortes sociales y la exigencia de un impuesto a los multimillonarios es una de sus principales reivindicaciones.
Zucman lo justifica, en primer lugar, para «corregir» una de las paradojas del sistema fiscal francés, ya que mientras «las clases medias y populares pagan un 50% de sus ingresos en impuestos» directos (como el de la renta) e indirectos (como el IVA), en el caso de los multimillonarios «es sólo el 27%», lo que incumple el principio constitucional de igualdad.
La nueva tasa se aplicaría como un gravamen adicional a lo que ya abonan los ultraricos hasta llegar al equivalente de ese 2% de su patrimonio, que, en su caso, está constituido esencialmente por acciones de empresas que cotizan en bolsa. Y ese capital se ha revalorizado, según sus cálculos, a un ritmo medio del orden del 8% anual en los cuatro últimos decenios.
