Política

Caso Fiscal Domingo Pérez: La venganza institucional; cuando la justicia retrocede

En un contexto que preocupa profundamente a la ciudadanía, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), percibida por muchos como influenciada por los intereses de la denominada “argolla” del Congreso, ha concretado lo que anteriormente parecía una amenaza: la no ratificación de uno de los fiscales más destacados en la lucha contra la corrupción de funcionarios.

Se trata de un hecho que no puede analizarse de manera aislada. Este fiscal, junto a figuras como el fiscal Rafael Vela y el juez Richard Concepción Carhuancho, representó en su momento una esperanza para la recuperación de la dignidad en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Su labor firme, sin temor a presiones políticas o económicas, permitió avanzar en investigaciones emblemáticas contra redes de corrupción que por años operaron con impunidad.

Sin embargo, hoy el escenario parece invertirse. La decisión de no ratificarlo no ha estado acompañada de argumentos sólidos ni de cuestionamientos de peso que justifiquen una medida de tal magnitud. Por el contrario, da la impresión de tratarse de una represalia, una suerte de “ajuste de cuentas” desde estructuras de poder que se sintieron amenazadas por su trabajo.

Mientras tanto, resulta alarmante observar el retorno de personajes cuestionados a la judicatura: fiscales sancionados, jueces con denuncias graves, e incluso magistrados señalados por presuntamente haber facilitado la liberación de delincuentes vinculados al narcotráfico. Este contraste no solo genera indignación, sino que erosiona gravemente la confianza en las instituciones.

La pregunta es inevitable: ¿en qué país estamos viviendo? La sensación de que un poder mafioso ha retomado el control y actúa con ánimo de venganza no es menor. Cuando quienes luchan contra la corrupción son apartados, y quienes han sido cuestionados regresan, el mensaje que se envía es devastador.

La justicia no puede convertirse en un instrumento de revancha política. Lo que está en juego no es solo la carrera de un fiscal, sino la credibilidad misma del sistema judicial y la esperanza de millones de ciudadanos que anhelan un país más justo.

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