El negocio de la atención de emergencias: clínicas cobran el doble que hospitales públicos

Con la colaboración de Gianfranco Huamán

La noche del 17 de febrero, Lizeth Marzano fue atropellada y abandonada por Adrián Villar en San Isidro. La ambulancia municipal que la auxilió la trasladó al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en Miraflores, aunque cerca había clínicas privadas con servicios de emergencia, como la Clínica El Golf y la Clínica Anglo Americana. Dos horas después, falleció debido a la gravedad de sus heridas. La decisión refleja un patrón común en la atención de emergencias en el país.

A casi un mes de la muerte de la destacada deportista, el caso revela una de las fallas persistentes en el sistema de atención de emergencias en el Perú. OjoPúblico halló que la Ley 27604, conocida como la “Ley de Emergencia”, que establece la atención obligatoria en casos de emergencia y partos en cualquier establecimiento de salud público o privado, no se cumple.

Los especialistas consultados advierten que los altos costos de la atención de salud y el límite de cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) influyen en la decisión de los bomberos, policías y del personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y de las ambulancias municipales sobre dónde trasladar a los pacientes.

“Hay una regla sencilla que no está escrita. Si el paciente tiene una fractura o una lesión puntual, puedes llevarlo a la clínica, pero si el paciente está grave lo más seguro es llevarlo al hospital”, señala Carlos Malpica, vocero del Cuerpo General de Bomberos del Perú.

Las denuncias presentadas ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), encargada de fiscalizar el cumplimiento de la Ley 27604, muestran que los hospitales públicos concentran la mayor parte de los conflictos asociados a la atención de emergencias. Entre 2021 y el 5 de marzo de este año se registraron 8.327 denuncias por presunta vulneración de este derecho, de las cuales el 97% corresponde a establecimientos de salud públicos.

Las sanciones por incumplir esta ley incluyen multas de hasta 500 UIT (más de S/2 millones) o el cierre definitivo de los establecimientos de salud públicos o privados.

Malpica, quien también se ha desempeñado como director del SAMU, explica que la decisión de optar por los hospitales en casos graves se debe a la certeza de que serán atendidos y que la cobertura del SOAT será suficiente.

“En el hospital, el SOAT alcanza para más cosas que en un establecimiento privado”, precisa. La razón está en las diferencias entre los tarifarios que se aplican a la atención de víctimas de accidentes de tránsito.

EMERGENCIA. Alrededor del 80% de las víctimas graves de accidentes de tránsito son trasladadas a hospitales, de acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos del Perú.

Foto: Andina

Una revisión de los tarifarios actuales evidencia que, en casos de accidente de tránsito, la atención en interconsulta —un procedimiento común en este tipo de emergencias— en un hospital puede costar hasta ocho veces más de lo que costaría el mismo servicio a un paciente regular cubierto por el Seguro Integral de Salud (SIS).

Estos precios pueden elevarse hasta 16 veces más en clínicas privadas, lo que significa que una vez agotada la cobertura del SOAT, el paciente o su familia debe asumir el resto del gasto, muchas veces en cifras imposibles de pagar.

Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), advierte que esta diferencia de precios constituye una barrera que termina afectando a los pacientes.

“Y [en esos casos] tú no tienes cómo negociar, porque si es un accidente tienes que ir al lugar más cercano. Y donde te están atendiendo te van a aplicar lo que tengan que aplicar y ni siquiera sabes cuánto te está costando eso. Entonces, el SOAT se va a acabar rápido y luego el costo lo va a tener que asumir el paciente. Es un abuso realmente”, afirma.

Por ese motivo, Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), afirma que lleva años pidiendo que se elimine el Tarifario SOAT, creado durante el gobierno de Alejandro Toledo, y que aplica exclusivamente para accidentes de tránsito.

“El Estado es responsable de los accidentes de tránsito y, por lo tanto, tiene que subvencionar la parte de salud”, resalta.

Al respecto, Eduardo Chávez, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), indica que el tarifario del Minsa que existe para accidentes de tránsito cubiertos por el  SOAT es más caro que las tarifas que las compañías de seguros han suscrito con las clínicas. Sin embargo, señala que no tiene acceso a esos convenios firmados por las ocho aseguradoras que el gremio representa.

“Ellos fijan libremente las tarifas con los establecimientos de salud y nosotros, como gremio, no tenemos acceso porque es un documento ajeno a nosotros. Pero tenemos un comité técnico del SOAT en el que las compañías de seguros nos han confirmado que cada una ha suscrito convenios con cada establecimiento de salud, buscando tarifas sociales y más competitivas para optimizar la cobertura del SOAT y que alcance para la atención del agraviado”, precisa.

 

El costo de la emergencia

En el sistema de salud existen tres tarifarios para la atención de pacientes: el tarifario del Minsa, el tarifario del SIS y el tarifario del SOAT. Los tres son establecidos por el Ministerio de Salud, aunque solo el último aplica exclusivamente a casos de accidentes de tránsito.

Asimismo, existe un tarifario referencial de la Asociación de Clínicas Particulares (ACP) que las clínicas pueden utilizar para aplicar sus cobros, aunque también cuentan con tarifarios propios o convenios específicos con aseguradoras. Estas diferencias de precios ayudan a explicar por qué la cobertura del SOAT puede agotarse rápidamente.

Un análisis de los tarifarios públicos del SIS y del SOAT, así como el de la ACP, revela que la hospitalización en un centro de salud público del tercer nivel con el tarifario SOAT es 1,23 veces más cara que con el tarifario SIS. En las clínicas privadas, el precio de esos servicios es 3,16 veces mayor.

“Tenemos un tarifario del Minsa y tenemos un tarifario del SOAT que es más caro. Y todos implementan el tarifario del SOAT. Por eso, cuando llega un paciente a una clínica, en tres o cuatro días se acaba el monto del SOAT”, señala Villegas.

 

La diferencia se amplía en los casos de hospitalización en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Con el tarifario del SOAT, este servicio es 3,98 veces más caro que con el tarifario del SIS, mientras que en las clínicas el precio puede ser hasta 7,63 veces mayor.

La brecha más alta aparece en la atención en interconsulta durante la hospitalización, un procedimiento frecuente en emergencias. Con el tarifario del SIS, este servicio cuesta S/ 4,69, mientras que con el tarifario del SOAT asciende a S/ 35, es decir, 7,46 veces más, pese a tratarse del mismo servicio en un establecimiento público. En las clínicas privadas, el precio puede ser hasta 15,69 veces mayor.

Jaime Delgado explica que lo que ocurre con las atenciones bajo la Ley 27604 por casos de accidente de tránsito es similar a lo que sucedió con las atenciones por emergencia durante la pandemia del covid-19.

“Entrabas a una clínica y terminabas con una deuda de ochocientos mil soles. Cuando revisabas el detalle de la facturación, resulta que un medicamento que en la farmacia costaba diez [soles], ahí te lo facturaban a cien. Y las empresas dicen que eso es libre competencia. Por favor, eso es un abuso. Tenemos una debilidad regulatoria”, advierte.

De acuerdo con Chávez solo el 1% de los agraviados cubiertos por el SOAT no logra cubrir su atención médica con las cinco UIT. El representante de las aseguradoras añade que han presentado una propuesta al MTC para que el dinero del Fondo Compensatorio del SOAT se utilice en los casos en los que el monto de esta cobertura no sea suficiente.

Criterios para el traslado

Los minutos entre un accidente y su atención son decisivos para determinar si una víctima sobrevive, coinciden los bomberos. Cuando la vida de una persona corre peligro o puede dejar secuelas invalidantes —es decir, discapacitantes— deben llevarla al establecimiento de salud más cercano, según la Ley 27604.

La normativa peruana señala que la atención no puede estar condicionada a la “presentación de documento alguno, ni a la suscripción de pagaré, letra de cambio o cualquier otro medio de pago”.

En la práctica, sin embargo, la decisión sobre a qué establecimiento trasladar a los pacientes depende de diferentes factores. Uno de los principales es la gravedad del caso. “Alrededor del 80% de los casos graves se trasladan a hospitales, mientras que en los casos leves cerca del 80% termina en clínicas”, explica Malpica.

La razón, señala, es que las tripulaciones deben asegurarse de que el establecimiento tenga el personal y el equipamiento necesarios para atender la emergencia.

“Todo el mundo pensaría que lo mejor es llevar al paciente a la emergencia más cercana. Y eso no necesariamente es cierto. Lo que uno realmente busca es tener la certeza de que el lugar al que lo llevas va a tener todos los profesionales, todos los equipos y el quirófano disponible. En el hospital sí tienen una programación de neurocirujanos. Es más, en el Casimiro Ulloa creo que no solamente hay uno, sino hay tres neurocirujanos programados. La decisión la toma la tripulación que atiende al paciente”, indica.

RIESGO. En los últimos cinco años se han registrado 412.587 accidentes de tránsito a nivel nacional, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC.

Foto: Andina

A ese factor se suma la preocupación sobre si el SOAT —el seguro obligatorio que garantiza la atención inmediata de las víctimas de accidentes de tránsito— cubrirá todos los gastos. El seguro cubre hasta 5 UIT (alrededor de S/ 27.500) por atención médica.

Además, aunque el vehículo responsable del accidente se dé a la fuga, la Ley 27604 asegura la atención de la víctima y los gastos son cubiertos por el Fondo Compensatorio del SOAT y el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) para el transporte público en regiones.

Sin embargo, la disparidad en los precios termina afectando la atención. “Aparentemente, tenemos una buena cobertura, pero, con los precios inflados, esa cobertura se acaba rápido”, subraya Jaime Delgado.

Por ello, el miembro del Cuerpo General de Bomberos consultado considera que los lineamientos del SOAT deberían reformarse. “El SOAT está mal, porque no puedes limitar a una persona a atender ciertas heridas o lesiones hasta cierta cantidad de dinero. No es lógico. O, en todo caso, deberían aumentar un poco más el monto [de cobertura] para que la persona pueda tener una buena recuperación”, agrega.

Con ello coincide Delgado, quien señala que esta diferencia de tarifas constituye una forma de discriminación. “Por un tratamiento médico, una radiografía o lo que sea, yo no puedo tener otra tarifa para quien me paga con SOAT, porque eso es discriminación, estás aprovechándote de esa situación”, señala.

OjoPúblico se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Salud y con la Asociación de Clínicas Particulares para conocer la razón detrás de los altos precios en los tarifarios, los criterios para establecerlos y las razones detrás del deficiente cumplimiento de la Ley 27604. Hasta el cierre de este informe, no respondieron.

Hospitales bajo presión

A los altos montos en las clínicas y hospitales se suma el hecho de que la capacidad de atención de los establecimientos públicos resulta insuficiente frente a la alta demanda de pacientes y accidentados.

“Ha habido casos en los que hemos trasladado a algún paciente a un hospital y nos han dicho que no tenían camas o no había la especialidad en ese momento. Entonces, tenemos que pelear para que lo reciban”, contó un bombero que pidió no ser identificado.

La precariedad del sistema de salud coexiste con la alta frecuencia de accidentes de tránsito en el país. Hasta noviembre de 2025, se reportaron 9.041 atropellos y 2.193 casos de atropello y fuga en el país, de acuerdo con los registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Lima concentra el 48% de atropellos y más del 50% de los casos de atropello y fuga.

La saturación de los hospitales no solo afecta a los casos más graves. También impacta en víctimas que llegan por accidentes leves. El pasado 3 de marzo, alrededor de las 9 de la mañana, el conductor del bus «El rápido”, Johnny Moncayo, chocó por detrás contra la motocicleta conducida por Isaac Arquinigo.

El impacto hizo que el joven de 20 años se estrellara contra un bus que estaba delante. Fue trasladado en un auto particular al Hospital Sergio Bernales de Collique por presentar sangrado en la nariz y una fractura en el omóplato.

Allí, la escena que le esperaba fue peor. “No había silla de ruedas. Él estaba parado agarrando su brazo, empezó a vomitar y se puso pálido. No le habían puesto nada para el dolor. Yo lo saqué del hospital porque vi que no lo atendían. Era demasiada la demanda de pacientes”, cuenta su madre Carol Zamudio.

Lo llevó a la Clínica Jesús del Norte, la más cercana. Al no contar con el SOAT del conductor del bus ni con uno propio de su motocicleta, le dijeron que debía pagar la atención médica.

Sin los recursos económicos para cubrir una operación, lo llevó a su casa. Ahora está a la espera de la cita que obtuvo en el Hospital Cayetano Heredia para el 18 de abril, más de un mes después del accidente.

“A mi hijo lo tengo en casa con ketoprofeno y analgésicos para el dolor. Pero no tiene una atención como él se merece”, resalta su madre.

Casos como el de Isaac reflejan lo que enfrentan las víctimas de accidentes de tránsito debido a la saturación de los hospitales y a la falta de SOAT. En los últimos cinco años se han registrado 412.587 accidentes de tránsito.

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC evidencian que, entre 2021 y 2025, los atropellos se han incrementado en 17%, mientras que los atropellos con fuga han aumentado 57%.

Pese a ese incremento, los recursos existentes en los hospitales —a donde llega la mayoría de víctimas graves— siguen siendo insuficientes.

 

Un bombero de la capital señaló que lo más común en establecimientos públicos es la falta de camillas, sillas de ruedas y los largos tiempos de espera.

“En los hospitales del Estado, sea Essalud o el Minsa, el problema es la falta de capacidad de atención”, subraya. En esos casos, indica, lo que hacen es denunciar la situación en redes sociales o trasladar al paciente usando sus propias camillas a todas las áreas en las que debería ser atendido. “A veces los bomberos tenemos que cumplir el trabajo del hospital”, cuenta.

La precariedad también alcanza a los servicios de emergencia. Carlos Malpica advierte que la situación de las ambulancias es crítica. “El SAMU acaba de renovar 33 ambulancias, pero opera con entre 28 o 29 al día. Los bomberos tienen 60, pero solamente funcionan 15 o 18 por mantenimiento”, resalta.

Pese a la complicada situación en la atención de víctimas de accidentes de tránsito, los especialistas denuncian que este no es un tema prioritario de cara a las elecciones presidenciales.

“Nadie ha dicho ‘Yo voy a reducir los accidentes de tránsito’ como sí dicen ‘Yo voy a reducir la delincuencia en seis meses’. A nadie le interesamos. Nosotros somos hoy en día tres millones y medio de víctimas y familiares de víctimas en veinte años, y a nadie le interesa si seguimos muriendo por accidentes de tránsito”, lamenta Villegas.